Enrique Pedicone fue destituido ayer del cargo de vocal del Tribunal de Impugnación del Poder Judicial de Tucumán. El Jurado de Enjuiciamiento, por mayoría, resolvió admitir la acusación de la comisión de Juicio Político y dar por probadas varias faltas en el ejercicio de sus funciones. “Es fácil fallar a favor del Gobierno, lo difícil es fallar en contra” dijo el juez Pedicone a La Nación, y denunció: “Es una persecución política“.
El ahora exjuez había denunciado que Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, lo había presionado, con el apoyo del gobernador peronista Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, para que no avance una causa por abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi.
En la denuncia, a la que La Nación tuvo acceso, Pedicone pedía que se investigue a Leiva por tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público. Aseguraba tener como prueba las conversaciones en las que Leiva le pedía que “maneje la intensidad” para “que siga picando bajo” la investigación contra Ricardo Bussi, hijo del fallecido represor Antonio Bussi. Por su parte, Leiva desmintió la acusación y negó esa conversación.
“Esto es el mundo del revés, él debería estar en el banquillo, y no yo” señaló Pedicone. “Volvería a hacer lo que hice porque yo he jurado por la Constitución cumplir y hacerla cumplir. El código nos obliga a los jueces a poner en conocimiento cuando un colega, y en este caso peor porque es un supremo, intenta no una vez, sino tres, influir en un voto”, agregó el magistrado desplazado.
Tanto Manzur como su vicegobernador Jaldo refutaron los dichos en aquel momento pero aclararon que la Justicia investigaría la denuncia. Según Pedicone, continúa apelada, pero “ningún juez se atreve a avanzar“.
Daniel Posse, vocal de la Corte y Walter Berarducci, legislador alfarista, votaron en contra de la remoción de Pedicone. Por el otro lado, los legisladores oficialistas Javier Morof, Dante Loza, Alberto Herrera y Sara Alperovich, sumado a Javier Critto, representante del estamento de abogados, y Federico Nazur, fiscal de Estado, aportaron los votos para la destitución.
Cargos contra el juez
Eran siete los cargos existentes contra Pedicone, solo dos estaban vinculados al conflicto con el vocal de la Corte Leiva: “la grabación clandestina” del supuesto diálogo y “la coacción” del secretario Fernando Valladares en la elaboración de un acta, a quien Pedicone le había pedido que dejara constancia de la conversación.
“Mi destitución termina confirmando que parte del poder político protege a este vocal. Siempre supe que tenía altísimas probabilidades de ser destituido” dijo el excamarista quien consideró que solo podría mantener su cargo “a cambio de una sumisión total absoluta e incondicional”. “Eso es lo que pasa en Tucumán”, lamentó Pedicone.
“Hay un grupo político que ya se ha hecho dueño de una enorme porción de tribunales. Quedan algunos jueces que son independientes pero todo esto esta destinado a domesticarlos y asustarlos”, afirmó el juez desplazado.
Pedicone recurrirá la medida y agotará las instancias hasta ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se mostró esperanzado ante casos ya existentes de jueces destituidos en Tucumán rechazados por el máximo tribunal. Además lo denunciará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU.
Fuente La Nacion