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El traspaso de la seguridad en Puerto Madero y las villas 21-24 ya tiene fecha y hora: será el martes 2 de marzo a las 14. A partir de ese momento, la Policía de la Ciudad asumirá la prevención del delito en ese sector del sur porteño que hasta ahora era jurisdicción de la Prefectura Naval.
Como adelantó Clarín días atrás se trata del principio del fin del “Operativo Unidad Cinturón Sur” vigente desde 2011. Se da en medio de la disputa entre Nación y Ciudad por la quita de recursos para la Policía de la Ciudad y una escalada de violencia en las villas Zavaleta y 21-24, que en los últimos 14 meses registraron casi la misma cantidad de homicidios que en los cuatro años anteriores, según datos oficiales.
El puntapié fue el 1° de febrero con una reunión entre la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, en la que se fijó para marzo la transición. En efecto, este lunes 1° de marzo habrá un nuevo encuentro entre los funcionarios para ultimar los detalles de lo que ocurrirá el martes.
Sabina Frederic, Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro se reunieron el 1° de febrero para avanzar en el traspaso de la seguridad en el sur porteño.
Ahora se conocieron los detalles de lo que sucederá en cada barrio.
Puerto Madero
En Puerto Madero ya está resuelto: habrá 355 agentes porteños que contarán con el soporte de 300 cámaras instaladas por el Gobierno de la Ciudad en 75 puntos de las 170 hectáreas que tiene el barrio, donde viven unas 10 mil personas.
La zona pasará a formar parte del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad, “con policías que tienen una formación de dos años, la implementación de un sistema de gestión o gobernanza, el geoposicionamiento en tiempo real de los oficiales en calle, la atención de la línea de emergencias del 911 durante las 24 horas y el uso de toda la tecnología en materia de seguridad (Anillo Digital, cámaras, Centro de Monitoreo Urbano)”, detallaron a Clarín fuentes oficiales.
En la actualidad, Prefectura usa un centro de monitoreo de las cámaras que pertenece a la Corporación Puerto Madero. A partir del martes será operado en conjunto por policías y prefectos, ya que la fuerza naval es responsable del control del tránsito fluvial de los diques.
No obstante, la Ciudad construirá un nuevo centro de monitoreo exclusivo para la Policía porteña en ese mismo lugar.
Como base para esta nueva zona, la Policía usará la Comisaría Vecinal 1E, ubicada en Huergo y Juan de Garay, dentro de los límites de Puerto Madero.
Villas 21-24 y Zavaleta
En tanto, en las villas 21-24 y Zavaleta, ubicadas en Barracas y Nueva Pompeya y donde viven 33 mil personas en 74 hectáreas, la fuerza porteña enviará para 350 oficiales pertenecientes a la Unidad de Prevención Barrial, por las características del lugar.
En una primera etapa, desde el martes convivirán allí la Prefectura y la Policía de la Ciudad que se dividirán por zonas. Los de uniforme bordó irían a Villa Zabaleta mientras que los agentes federales se quedarían en la 21-24.
Como base, la fuerza porteña se instalará en Río Cuarto 3935, un edificio cedido por la Prefectura.
Diez años en el sur
El “Operativo Unidad Cinturón Sur” por el que la Prefectura está a cargo de la seguridad en algunas zonas de La Boca, Barracas y Parque Patricios funciona desde el 4 de julio de 2011. Llegó casi junto al “Operativo Centinela” que consistió en el desembarco de gendarmes en el Bajo Flores, Villa Soldati y Villa Lugano, que todavía siguen ahí. Los dos, que significaron el desembarco de 2.500 agentes federales en el sur porteño, fueron creados bajo la gestión de la ex ministra Nilda Garré, en tiempos en los que la Policía Federal estaba a cargo de la seguridad en toda la Ciudad y la Metropolitana daba sus primeros pasos.
La villa 21-24. Foto: Luciano Thieberger.
En 2017, el mismo año en que se creó la Policía de la Ciudad, el Gobierno de Mauricio Macri derogó el decreto que daba lugar a esos operativos y los calificó como “un mecanismo rígido de organización, con presencia estática y focalizada, sin alcanzar los objetivos pretendidos”.
En su lugar convocaron a un Centro de Planeamiento y Control para “intensificar el esfuerzo nacional de policía, y optimizar el servicio de seguridad ciudadana en cualquier lugar del territorio nacional en que ello resulte necesario”.
En marzo, la Prefectura dejará de brindar seguridad en Puerto Madero y en su lugar llegará la Policía de la Ciudad. Foto Archivo / Lucía Merle
El objetivo de fondo de la gestión de la ex ministra Patricia Bullrich era que los gendarmes y prefectos volvieran a custodiar las fronteras, las rutas y los ríos. Pero las fuerzas federales nunca terminaron de irse del sur de la Ciudad.
El Gobierno nacional había adelantado su intención de empezar el traspaso justo hace un año. La llegada del coronavirus y la cuarentena obligatoria que rigió en el país a partir de marzo suspendieron esos planes.
En aquel momento, el retiro de la Prefectura de Puerto Madero iba a darse después de un episodio grave y llamativo para la zona: el crimen del turista británico Matthew Gibbard (50) en la puerta del Hotel Faena durante un ataque de motochorros, el 14 de diciembre de 2019. Ese año, los robos bajo esa modalidad se multiplicaron por cuatro.
El asalto al turista inglés ocurrió el 14 de diciembre de 2019 en la puerta del hotel Faena, en Puerto Madero.
Homicidios en alza
Ahora el traspaso llega después del crimen del policía retirado Alfredo Poggetti (66) en Río Limay al 1300, durante una entradera el jueves de la semana pasada, y una serie de homicidios en las villas 21-24 y Zavaleta también inusual para el promedio de los años anteriores. Fueron 22 en los últimos 14 meses, desde diciembre de 2019, cuando entre 2015 y 2019 habían sido 23, según fuentes judiciales. Es decir, en un año y dos meses hubo prácticamente la misma cantidad que en cuatro años. Al comparar 2019 contra 2020, el crecimiento es prácticamente el doble: 10 a 19.
Pero la inseguridad y la violencia en la zona no son las únicas variables en juego. El marco político también le agrega complejidad a la situación: los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y de Alberto Fernández mantienen una disputa por los fondos de coparticipación destinados a la Policía de la Ciudad.
En diciembre, el Congreso convirtió en ley la quita de 1,2 puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de seguridad, equivalentes a 65 mil millones de pesos. La medida se había implementado primero por decreto en septiembre, en medio de las protestas de la Policía Bonaerense en reclamo de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Con esa plata se financió el aumento otorgado por la Provincia a sus agentes.
La ley abría una mesa de diálogo entre Nación y Ciudad para discutir la transferencia de fondos por la seguridad. Pero en enero Rodríguez Larreta decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para declararla inconstitucional. Mientras tanto, en el Gobierno porteño ven como una paradoja que en pocos días deberán hacerse cargo de más zonas pero con menos recursos que antes.
Hacia adelante, aparecen más incógnitas sobre lo que sucederá con la Gendarmería, sobre todo en la villa 1-11-14, donde enero arrancó con una seguidilla de homicidios vinculados a una guerra narco.
EMJ/LM
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