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Carlos Zannini podría concentrar la estrategia judicial del Gobierno contra el ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el resto su equipo económico en la investigación que el Ejecutivo empuja sobre el destino de los desembolsos del FMI por U$$ 44 mil millones de dólares. Fuentes oficiales consultadas por Clarín aseguran que la procuración del Tesoro a cargo de Zannini sería la instancia natural para que el Ejecutivo avance en una denuncia contra los responsables políticos y económicos del mayor préstamo en la historia del organismo de crédito multilateral luego de que el jefe de Estado Alberto Fernández anunciara el lunes frente a la Asamblea Legislativa una “querella criminal” contra los responsables “de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”. El Banco Central también podría ser querellante para tener acceso a la causa y buscan que, si se comprueban irregularidades en el otorgamiento del crédito, los ex funcionarios respondan con su patrimonio.
Ex secretario de Legal y Técnica durante los 12 años del kirchnerismo e integrante de la mesa chica de Néstor y Cristina Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz, Zannini, es el jefe de los abogados del Estado y quedó salpicado en los últimos días luego de que trascendiera que él y su esposa fueron vacunados contra el coronavirus a pesar de no figurar en ninguna lista prioritaria. “Zannini es un alto funcionario del Estado, si tiene algún problema de salud es un problema para el Estado”, lo justificó la flamante ministra de Salud Carla Vizzotti. Sin embargo, el ex presidente de la Corte Suprema santacruceña en los tiempos en los que Kirchner era el gobernador fue inscripto como “personal de Salud”.
En la Procuración del Tesoro también se hicieron eco de los rumores y no descartan esa opción. Si las versiones se confirman, Zannini controlaría la tercera denuncia del Estado que involucra a Macri. Ya empuja la causa de Correo Argentino y la investigación por el blanqueo de capitales de familiares del ex mandatario. El funcionario de máxima confianza de la vicepresidenta pasó 107 días preso durante la gestión de Macri denunciado por traición a la patria por ser el autor del proyecto de ley del memorándum de entendimiento con Irán, un detalle que el Presidente recordó en la ceremonia de la asunción del funcionario.
En el Gobierno también barajan otras opciones. “La Procuración del Tesoro sería el lugar natural, pero el Banco Central también podría ser el denunciante”, señaló un asesor jurídico y político de esa institución. La autoridad monetaria, que ya había publicado el informe Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019 pidió a la SIGEN la realización de una auditoría específica de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios” que intercedieron en el acuerdo con el Fondo. También acudió a la Oficina Anticorrupción, organismo que, según espadas judiciales del macrismo, podría concentrar la querella contra el ex mandatario.
El actual síndico general de la Nación es Carlos Montero, amigo personal del Presidente desde sus tiempos en la Facultad de Derecho. El titular de la OA es Félix Crous, ex fiscal de la agrupación Justicia Legítima, ligada al kirchnerismo, quien ordenó que el organismo abandonara las querellas contra Cristina Kirchner que había iniciado durante la anterior administración.
Asesores del BCRA le pidieron la semana pasada al director del Banco Nación Claudio Lozano una copia de la denuncia de la única causa que ya existe contra Macri y su equipo económico por el delito y que recayó primero en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. En la misma causa también fueron denunciados el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los ex presidentes del BCRA Guido Sandleris, Federico Sturzenegger y Luis Caputo.
Lozano, además, se entrevistó en los últimos días con la directora del BCRA Betina Stein, que detectó las presuntas irregularidades del acuerdo entre el FMI y la Argentina que podrían motivar la denuncia estatal. Entre ellas, la más importante, según fuentes oficiales: la ausencia de una autorización del Congreso para formalizar el préstamo.
En un extenso raid mediático Stein sugirió este martes que si se comprobara que existió incumplimiento de deberes del funcionario público, los ex funcionarios involucrados podrían tener que responder con su patrimonio, además de enfrentar posibles penas de prisión.
En el Gobierno hay pleno convencimiento de que el FMI quebró su propio estatuto para conceder el préstamo original de US$ 55 mil millones a la Argentina. Por eso plantean llevar el reclamo a Naciones Unidas para convertirlo en un caso testigo, tal como ordenara Cristina Kirchner, en 2015, con los fondos buitres.
Funcionarios del área económica no están muy seguros sobre cómo podría impactar la querella oficial contra Macri -que marca responsabilidades del FMI en el otorgamiento del préstamo- en la negociación con el organismo de crédito que encabeza el ministro Martín Guzmán.
Fuente Clarin
