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La definición de las tarifas de luz y gas entró en la recta final. El próximo 1 de abril deberán existir nuevos cuadros tarifarios. Pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, que tiene bajo su ala la secretaría de Energía, no parece haber alcanzado un acuerdo con los sectores más kirchneristas de la coalición oficialista en este terreno. En particular, con Federico Bernal, el interventor del Enargas, el ente regulador del gas.
El funcionario sostuvo que tiene “diferencias” con Guzmán en torno al futuro de las tarifas. Cuanto menor sea el aumento a los usuarios, mayor será la necesidad de subsidios. “No está cerrada la discusión al respecto, no está definido aún y se va a terminar de definir en las próximas semanas”, expresó Bernal.
Guzmán repitió que quiere mantener los subsidios energéticos durante 2021 en la misma proporción que en 2020. Eso representa un 1,7% del total del PBI, y así lo refleja la ley de Presupuesto. Para no subir el gasto público, hay que subir las tarifas un mínimo de 30%, con picos de hasta 50%-60% en sectores de mayores ingresos.
“Podemos tener diferencias, pero las conversamos, las salvamos, las tratamos como las diferencias que existe en cualquier equipo de trabajo”, dijo Bernal en una entrevista en “Radio con vos”. “Va a haber una actualización tarifaria”, confirmó el funcionario. La duda es si será del 7% al 9%, como argumentan los sectores más vinculados al Instituto Patria, o merodeará el 30%, como gustaría en Economía.
En el Gobierno también hacen hincapié en el discurso del presidente Alberto Fernández, sobre desdolarización de las tarifas, Hay quienes creen que puede aparecer algún proyecto de ley de emergencia que modifique aún más la discusión actual, en favor de posiciones más cercanas a las de Bernal que a las de Guzmán.
En estos días, tanto la Secretaría de Energía como las empresas licenciatarias de gas domiciliaria hicieron propuestas y comentarios sobre las tarifas de 2021.
Si se siguen las indicaciones de la Secretaria de Energía y las distribuidoras de gas, las tarifas deberían aumentar entre 53% y 57%. Esto es para mantener los subsidios en las condiciones actuales y que las distribuidoras hagan inversiones mínimas, lejanas a cualquier plan de mejora.
La Secretaría de Energía asumió el compromiso de comprar gas en dólares. Para poder cumplirlo, necesita que los hogares paguen más por el gas que consumen. O que el Estado le otorgue un subsidio mayor al autorizado en la ley de Presupuesto.
“La continuidad de esta situación implica un costo fiscal anualizado de $ 132.963 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el presupuesto nacional 2021, generando una faltante de $ 56.087 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales”, plantea Energía en un informe. Por allí también admiten que el discurso del presidente frente al Congreso podría generar alguna modificación de planes.
Para que los usuarios mantengan su actual proporción del costo del gas (el 40%), el pago por ese insumo debería aumentar un 63%. Eso implica un incremento en las facturas finales de 26% en marzo y 35% en julio.
La Secretaría de Energía ya puso a disposición este informe, en el que considera distintas variantes sobre niveles de subsidios. En la audiencia pública, informará qué costo tiene el subsidio estatal al costo del gas. Si el Estado nacional decide subsidiar un 70% del costo del gas (es decir, más que ahora), la erogación llegaría a $ 155.000 millones. Y se decide subvencionar el 90% del costo del gas, se irían $ 200.000 millones.
En invierno habrá que recurrir a importaciones de gas en barcos y reforzar el contrato de abastecimiento desde Bolivia. El gas que se compra afuera es más caro que el de producción local.
Ya sea para mantener los subsidios actuales (o incluso mayores), Economía deberá asignar mayores partidas de las previstas. La estrategia puede redituar votos, pero impactará en las cuentas fiscales.
La factura de gas está compuesta por ese insumo, más los servicios de distribución y transporte, e impuestos.
De mantenerse la actual proporción de subsidios (60% del costo a cargo del Estado), los clientes -por ejemplo los R3, consumos medios- pasarán de pagar una boleta de $ 705 en marzo a una de $ 2.169 en julio.
Las distribuidoras de gas solicitarán una recomposición de entre 51% y 148% en la audiencia pública de tarifas que tendrá lugar en dos semanas. Pero esa suba tampoco llegará directamente a las boletas porque ese aumento irá a mejorar sus márgenes y el servicios de distribución es (con transporte) cerca de otra mitad de la boleta. Así, el impacto del componente “distribución” podría traducirse en un alza de entre 15% y 25% en el escenario más prudente (ver aparte).
La propuesta de aumento comprende hasta diciembre de 2021, por la emergencia. Desde 2022, las compañías esperan que el régimen de revisión tarifaria integral (RTI) se haya regularizado.
Fuente Clarin
