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La decisión del Gobierno de derogar los cambios en la Ley de Migraciones que había establecido Mauricio Macri en 2017, cuando agilizó el trámite para expulsar a inmigrantes que delinquen y prohibir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, provocó un fuerte rechazo entre la oposición.
Una de las primeras que cuestionó la medida fue Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que impulsó las medidas restrictivas a la inmigración.
“El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”, afirmó en su cuenta de Twitter.
El descargo en Twitter de la presidenta del PRO.
También el actual vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue muy duro en su rechazo a la medida: “Es incomprensible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina“, escribió.
En tanto, Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior de Macri, aseguró que la derogación del decreto de Macri va a “favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos” y que con esta decisión “el gobierno sigue retrocediendo”.
En ese sentido, explicó: “El decreto 70/2017 aceleraba los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales, reduciendo plazos y eliminando instancias, respetando todas las garantías reconocidas internacionalmente (doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado)”.
“En consecuencia, aumentaron significativamente las cifras de expulsiones. Por medidas como esta, bajaron durante los cuatro años de nuestro gobierno todos los índices delictuales”, continuó Frigerio en su dura crítica al gobierno.
Además, resaltó que durante la presidencia de Macri se registraron en el país 800 mil extranjeros y aseveró: “Lo único que genera el gobierno derogando este decreto es abrirle las puertas al crimen organizado“.
Los cambios a la política migratoria se habían establecido en 2017 cuando Macri firmó el decreto 70/2017 que creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” con el objetivo de negar el ingreso y expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
En aquel momento, la gestión macrista había argumentado que la medida se amparaba en que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales” y respondía a “la duración de los procesos administrativos y judiciales” así como el aumento de extranjeros en las cárceles argentinas. Según se dijo, además, las personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, cifra que subía al 33% entre los detenidos por narcotráfico.
Ahora, a través del decreto 138/2021, el Gobierno eliminó el endurecimiento de los controles fijados por el macrismo debido a que, según los argumentos, los cambios en la Ley de Migraciones “resultan irreconciliables” con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, “entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
Alberto Fernández había cuestionado el decreto de Macri ni bien asumió la Presidencia. Foto: Federico Imas
Además, el DNU firmado por Fernández asegura que la medida tomada por Cambiemos no generó “mejoras ponderables” y que, por el contrario, “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria” desde su entrada en vigencia.
En el inicio de su mandato, en enero de 2020, Fernández había anticipado que evaluaba derogar el decreto del macrismo que imponía mayores restricciones migratorias.
“La Argentina ya tiene un régimen antes que Macri diga nada, que marca que cuando un extranjero es condenado es susceptible de expulsión. Lo que Macri hizo fue autorizar expulsiones sin condenas y esto parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”, indicó en aquel momento el mandatario.
JPE
Fuente Clarin
