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En el primer piso de Comodoro Py funciona la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal al que ahora apunta con sus críticas Cristina Kirchner. Es la instancia es la que decide sobre los Tribunales Orales Federales, en los que la vicepresidenta tiene radicados ocho casos por corrupción en su contra. Es la Casación la que también tiene en sus escritorios los recursos y planteos vinculados a esos juicios, presentados por su abogado defensor e integrantes de su gabinete, procesados en diferentes expedientes.
En 2012, la Cámara Federal de Casación cumple treinta años desde su creación. Se encuentra constituida por cuatro salas de tres jueces cada una, con un presidente elegido cada año entre sus doce jueces. En Comodoro Py, fuero que se ocupa de los casos de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, es la última y principal instancia de resolución en los expedientes.
A diferencia de lo que ocurre en los otros pisos de los tribunales de Retiro, la Casación tiene todas sus salas completas. De los doce juzgados federales, hay tres que se encuentran vacantes. La Cámara federal de apelaciones, que cuenta con dos salas, tiene tres cargos concursados y de los ocho Tribunales Orales Federales (TOF ), sólo cuatro tiene sus conformaciones con jueces titulares.
Desde el kirchnerismo apuntan sus críticas hacia la Cámara de Casación. Hace más de una semana, pidieron ante el Consejo de la Magistratura (responsable de la selección de candidatos y juzgamiento de los jueces) que Gustavo Hornos -el actual presidente del cuerpo-, cese en sus funciones, a raíz de una serie de encuentros que mantuvo con el ex presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.
La discusión se trasladó también al primer piso de Comodoro Py, donde algunos camaristas requirieron que Hornos renuncie a la presidencia, lo que permitiría encumbrar al vicepresidente primero Alejandro Slokar, quien integra la agrupación ultra K Justicia Legítima. Además, fue secretario de política criminal del ministerio de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner. Debajo de él, este año el vice segundo del tribunal es Mariano Borinsky.
La Cámara de Casación no quedó ajena a la grieta política: hay magistrados a quienes se vincula más con el macrismo por el momento en que fueron nombrados, y otros más vinculados con el kirchnerismo por su militancia expresa o el sentido de sus fallos a través de los años y los expedientes. Todos integran diferentes salas.
Más allá de las disputas internas, la Cámara de Casación cumple un rol clave ante el escenario judicial complejo que afronta Cristina Kirchner.
La vicepresidenta cuenta con ocho causas elevadas a juicio oral, donde se la acusó de diferentes hechos de corrupción: el expediente por las operaciones con Dólar Futuro, la causa por la firma del Pacto con Irán (que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman), el presunto direccionamiento en la obra pública de Santa Cruz hacia Lázaro Báez, los casos por lavado de dinero que incluyen a Máximo y a Florencia Kirchner, Hotesur y Los Sauces; la investigación conocida como los Cuadernos de las Coimas y dos casos derivados de allí; la cartelización de la obra pública y subsidios a los servicios de transporte ferroviarios.
Quien tiene superintendencia sobre los Tribunales Orales, es decir que resuelve los planteos y quejas sobre lo resuelto en ellos, es la Cámara de Casación. Además, que es la responsable de confirmar o no las condenas dictadas por los TOF.
Por eso el máximo tribunal penal se convirtió en la instancia de mayor relevancia para el kirchnerismo, considerando que Cristina Kirchner ya no cuenta con causas de peso en etapa de instrucción, donde el tribunal que revisa procesamientos, medidas cautelares, entre otras cosas, es la Cámara Federal porteña.
Por encima de la Casación Federal sólo está la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la palabra final para confirmar e iniciar la ejecución de las penas.
Por eso también es objeto de las críticas del presidente Alberto Fernández, que se profundizaron la semana pasada con su pedido de que el Congreso realice un extravagante “control cruzado” sobre el Poder Judicial.
Días después llegó la audiencia en la Casación de Cristina Kirchner, quien abundó en críticas hacia algunos jueces del máximo tribunal penal y el funcionamiento de Comodoro Py, y reiteró su teoría del lawfare: todas las causas en su contra y que incluyen en dos casos a sus hijos, son sólo producto de una persecución política iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri y a la que, a su entender, algunos magistrados fueron funcionales.
Allí, ante la Cámara de Casación fue donde pidió ser sobreseída en el caso del Dólar Futuro y que por ende el juicio no se realice. Ante la Corte tiene seis recursos para hacer caer el único debate oral que tiene en pleno desarrollo, donde se la acusa de favorecer a Lázaro Báez con 51 licitaciones viales por 46.000 millones de pesos.
Fuente Clarin
