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El procurador del Tesoro de la Nación y uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner, fue parte de los funcionarios que recibió de manera irregular la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en enero, según los registros oficiales. El ex secretario de Legal y Técnica fue inoculado como “personal de salud” a pesar de que es abogado y no cumple funciones sanitarias. Por esas anomalías acaba de ser denunciado penalmente junto a su esposa, Patricia Alsúa, quien también se vacunó pese a no estar en ninguno de los criterios epidemiológicos.
La denuncia penal fue presentada por la ONG Bases Republicanas que aglutina a un grupo de abogados presididos por Jimena de la Torre. Lo acusan de “falsedad ideológica de documento público en concurso real con malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionarios público y fraude en perjuicio de la administración pública”. Antes, la diputada Graciela Ocaña, había incluido a Zannini en la denuncia contra el ex ministro de Salud Ginés González García por el vacunatorio VIP.
A la esposa de Zannini la denunció por fraude en perjuicio de la administración pública.
El caso de de Zannini y su esposa, se suma a una extensa lista de políticos, funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que fueron inoculados por fuera de los propios criterios establecidos por el Gobierno a la hora de diseñar el plan de vacunación. El escándalo, que se desató por una nota de Clarín, devino en el pedido de renuncia del ex ministro de Salud Ginés González García.
Además, dentro de la cartera que ahora dirige Carla Vizzotti, se inició un sumario administrativo por orden de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez.
Cuando se inmunizó Zannini, el 21 de enero, los únicos que podían vacunarse eran los médicos y el personal de salud, quienes están en la primera línea de fuego en la batalla contra la pandemia. Ni siquiera estaba abierta la etapa que abarcaba a mayores de 70 años. De todas maneras, Zannini y su mujer tampoco podían ser incluidos allí ya que tienen 66 y 62 años, respectivamente. Pese a todo, el Gobierno salió a defenderlos.
“Carlos Zannini y Patricia Alsúa, sin pertenecer a la población objetivo del plan de vacunación, recibieron la primera dosis de la Vacuna Sputnik V Covid 19 Instituto Gamaleya, tal como surge del listado de vacunados del Ministerio de Salud de la Nación”, sostiene la denuncia.
Al momento de explicar el delito atribuido, el de falsedad ideológica, los abogados sostuvieron en su texto: “Cabe destacar que la Procuración del Tesoro es el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional y de los más altos funcionarios de la Administración Pública Nacional. Asimismo, tiene a cargo la instrucción de sumarios a los funcionarios de las dos más altas jerarquías de la Administración Pública Nacional”.
Es decir, “no sólo es un funcionario público, sino que también resulta la palabra jurídica más autorizada del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, se encuentra en una situación cualificada en la que no podía desconocer que no le correspondía la vacunación y que lo hizo violando las disposiciones vigentes”.
No es un dato menor, en este punto, que Zannini aparece consignado como “personal de salud” en el registro de vacunación. Por tal motivo, a través de la denuncia se solicitó que se investigue si el funcionario firmó algún tipo de declaración jurada previo a vacunarse. “Según surge de la información pública disponible, para recibir la vacuna el inoculado debió haber firmado una declaración consignando que era “personal de salud”.
La causa recayó en el juzgado de Julián Ercolini pero fue remitida al de su par María Eugenia Capuchetti que acumula ya, más de catorce denuncia por el escándalo del vacunatorio vip, donde se investiga un circuito presuntamente irregular para favorecer a personas que no debía ser inoculadas, con la vacuna.
Fuente Clarin
