Al creciente listado de corona-apps presentes en América Latina se le incorporaron cámaras de seguridad y hasta drones para el control social en la lucha contra la pandemia de Covid-19. Los gobiernos controlan cada vez más a sus ciudadanos y esto es patente en Latinoamérica.
Un grupo de Organizaciones sociales inició procesos simultáneos para pedir información a los gobiernos de El Salvador, Colombia, Chile y Brasil sobre la adquisición de “tecnologías con capacidad de vigilancia” para evaluar su impacto en los derechos humanos.
Se trata del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Derechos Digitales, Fundación para la Libertad de Prensa y Open Knowledge Brasil.
“Las solicitudes buscan también conocer distintos aspectos asociados a las tecnologías, incluyendo sus funcionalidades, políticas de privacidad, condiciones de almacenamiento de datos, entre otras”, señalaron en un comunicado.
Apuntaron que estas acciones se dan en el marco del lanzamiento de la campaña “Sonríe #estamosvigilando”, que busca “exigir transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de tecnologías que pueden impactar en nuestros derechos”.
La cibervigilancia, cada vez más instaurada. Foto: Shutterstock
“La pandemia del covid-19 llevó a muchos países de la región a adquirir, desarrollar e implementar tecnologías como mecanismos de respuesta al virus. Sin embargo, muchas veces se desconoce sobre sus alcances y eficacia, así como sobre los impactos que pueden tener sobre derechos fundamentales como la privacidad”, subrayaron.
A juicio de las organizaciones, “sin información y control sobre esto son elevados los riesgos de vulneración de derechos“.
En junio de 2020, el Idhuca anunció que “emprenderá una labor en favor de que se emita en El Salvador una legislación adecuada y suficiente” para regular el uso de drones, luego de que el Ejército utilizara uno para grabar a funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Esta iniciativa incluiría, según informó la entidad, “cualquier otra tecnología relacionada o similar”.
“El uso de las tecnologías en las labores de seguridad puede suponer una valiosa contribución. No obstante, es necesario que exista una regulación” para que “no se utilice para otros fines ilegítimos o ilegales”, sostuvo.
Con información de EFE
Fuente Clarin
