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Decenas de nombres de agentes de inteligencia, que debían mantenerse en secreto,volvieron a filtrarse en un expediente judicial, lo que motivó que la jueza federal María Servini le ordenara a su colega Cecilia Gilardi Madariaga de Negre que reserve esta información que estaba publicada a la vista de todos en el sistema de consultas de causas judiciales.
La misma lista de agentes de inteligencia ya se había filtrado en septiembre pasado cuando fue puesta a disposición de los acusados en la causa de Lomas de Zamora en que se investiga el espionaje ilegal realizado sobre políticos y periodistas. Esto motivó un escándalo, ya que algunos agentes eran operativos destinados en el extranjero y tuvieron que se repatriados.
A raíz de aquella filtración de Lomas de Zamora, que estaba contenida en un libro de actas escaneado, que se subió a la red de consulta de causas, la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano investigan si se cometieron delitos.
Tres de los exagentes expuestos en ese momento reclamaron a la Justicia una indemnización de 2 millones de pesos cada uno por los daños que les produjo la difusión de su identidad. Estos exagentes, cuyos nombres LA NACION se reserva, iniciaron una demanda que recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo N°8 a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.
Las demandas, más la documentación que la acompaña -en este caso el mismo libro de actas escaneado que se había filtrado en septiembre pasado, con los nombres de los agentes- volvió a hacerse público, pues estas constancias fueron subidos a la web de consultas de causas del Poder Judicial como “de libre acceso”, es decir, para el público en general.
Advertida esta circunstancia por el área de asuntos jurídicos de la AFI, la interventora del organismo, Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante el juzgado de Servini, que ya tenía la anterior filtración.
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En su escrito, Caamaño le pidió a Servini que ordene reservar en el sistema de gestión de expedientes el libro de actas con los nombres de los agentes para que su identidad no vuelva a quedar comprometida. En ese libro hay resoluciones emitidas entre 2016 y 2018 sobre licencias o viajes. Contienen nombres de empleados de la AFI que no tiene una función estratégica y de otros que tenían puestos relevantes en el exterior, que tuvieron que ser protegidos.
Caamaño presentó la denuncia, al igual que lo hizo antes, para que se investigue la conducta y que se disponga reservar la información. La jueza Servini le mandó un oficio a su colega Gilardi Madariaga de Negre, que reservó las actuaciones.
Caamaño escribió en su denuncia que “nos encontramos ante una nueva filtración judicial idéntica a la que motivó la sustanciación de la investigación a su cargo”.
LA NACION intentó obtener explicaciones en el juzgado contencioso administrativo federal N°8, pero los llamados no obtuvieron respuesta.
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