La situación sanitaria de Uruguay se complicó en los últimos días con un crecimiento significativo de casos de coronavirus. Este jueves se batió un nuevo récord de 35 muertos en 24 horas, lo que elevó el número total de fallecidos a 1.009.
Más del 80% de estas muertes se produjeron en 2021, marcando un momento crítico de la pandemia que el año pasado parecía bajo control. Entre marzo de 2020 -cuando aparecieron los primeros casos de coronavirus- y diciembre, el país de 3,5 millones de habitantes contabilizó apenas 181 decesos por covid.
En cambio en los primeros tres meses de 2021 sumó más de 800 defunciones, 400 de ellas solo en marzo.
Esta semana superó además los 100.000 contagios, de los cuales casi el 60% ocurrieron en los últimos 90 días.
Este sostenido incremento se tradujo en una mayor cantidad de enfermos graves: un 42% de las camas de cuidados intensivos de todo el país están ocupadas por pacientes con covid, por encima del 35% considerado el límite para entrar en una “zona roja” de saturación del sistema de salud nacional.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, rechaza medidas restrictivas más severas para frenar la pandemia. Foto: EFE
Luis Lacalle Pou rechaza una cuarentena
Los números ilustran el radical cambio de escenario que vive el país vecino. En este contexto, la comunidad científica y gremios médicos, así como la oposición e incluso socios políticos del gobierno reclaman medidas más restrictivas de la movilidad.
Algunas asociaciones médicas y el Sindicato Médico de Uruguay pidieron esta semana al gobierno de Luis Lacalle Pou “medidas efectivas” para la reducción de la movilidad ante lo que consideran una “catástrofe sanitaria inminente”.
Sostienen que hay un “crítico escenario” por el aumento de casos en todo el territorio.
Sin embargo, el presidente Lacalle Pou fue enfático en descartar un confinamiento obligatorio, argumentando que su gobierno “no cree en un Estado policíaco”, e incluso se ha mostrado reticente a volver a cerrar al menos algunos sectores de la economía.
El mandatario considera que las medidas vigentes, como la suspensión de las clases presenciales o el cierre de algunas oficinas públicas, son “suficientes” si son acompañadas por el comportamiento individual.
Lacalle Pou ha enarbolado la bandera de la “libertad responsable”, concepto al que apeló en varias ocasiones en 2020, cuando se negó a decretar la cuarentena a pesar de los múltiples pedidos de la oposición de izquierda y otros sectores.
La rambla de Montevideo, casi desierta días atrás, ante un nuevo avance del coronavirus en Uruguay. Foto: Xinhua
Recomiendan más restricciones
El grupo de científicos que asesora el gobierno publicó en febrero un documento con recomendaciones de medidas que tras la apertura de actividades de 2020 no se han retomado, como el cierre de bares y restaurantes, la suspensión del deporte profesional y de servicios religiosos, la clausura de casinos y un cierre más estricto de las fronteras.
Un eventual colapso del sistema de salud es ahora el foco de atención y esta semana se convirtió en tema de debate entre quienes apoyan las decisiones del gobierno y los que sostienen que es imperativo endurecer las medidas.
El martes se filtró un documento del Ministerio de Salud Pública (MSP) que fue repartido entre sanatorios para definir prioridades de ingreso a las unidades de cuidado intensivo, lo que para algunos demuestra que el propio gobierno está previendo el peor escenario.
Aunque el MSP ha sumado decenas de camas de terapia intensiva, la sociedad de intensivistas ha señalado que no hay suficientes recursos humanos para atenderlas.
La otra cara de la moneda es la vacunación, que desde que comenzó el 1 de marzo avanza a todo vapor: en un mes, casi el 20% de la población recibió ya la primera dosis de CoronaVac o Pfizer.
Mediante acuerdos con el laboratorio estadounidense y con el chino Sinovac, Uruguay se aseguró cinco millones de dosis, de las cuales dos millones ya arribaron al territorio nacional. El país también espera la llegada de vacunas de AstraZeneca, adquiridas mediante el mecanismo Covax.
Fuente: AFP y EFE
Fuente Clarin
