Ex funcionarios de Mauricio Macri alertaron ante la OEA sobre “el deterioro institucional que sufre la democracia argentina”

Germán Garavano y Paula Bertol, ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, le presentaron un duro informe al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que alertaron sobre “el deterioro institucional que sufre la democracia argentina”.

La comunicación la elevaron el ex ministro de Justicia y la ex representante argentina ante ese organismo, en un día cargado de asuntos judiciales que tienen al expresidente como protagonista, como la querella criminal que encabezará Carlos Zannini por la millonaria deuda con el FMI y el caso Correo Argentino.. 

“En la República Argentina se verifica hoy un fuerte deterioro de las instituciones, con un marcado avance especialmente sobre la independencia judicial, deterioro que se ve agravado por la crisis del COVID-19”, plantearon.

En el texto oficial, al que tuvo acceso Clarín, se indica que existe una “estrategia encarada por la actual coalición de gobierno de la República Argentina, con la finalidad de desarrollar políticas de concentración de poder contrarias al sistema de frenos y contrapesos necesario para la efectiva vigencia de un régimen verdaderamente democrático y republicano”.

Y se señala que ese accionar incluye la “notoria afectación del estado de derecho, de la independencia judicial y de la libertad de expresión” para “generar un ámbito de impunidad respecto de los gravísimos actos de corrupción que afectaron nuestro país durante el gobierno del mismo signo político que el actual”.

“Como señala la Carta Democrática Interamericana, la separación e independencia de los poderes públicos son elementos esenciales de la democracia representativa”, remarcó Garavano en su cuenta de Twitter. 

Y agregó que “la política estatal resulta funcional al objetivo de brindar protección y garantizar la impunidad de quienes -resultando funcionarios o aliados políticos del actual gobierno- se encuentran acusados, y en muchos casos condenados, de ser responsables de graves casos de corrupción”.

“Con la excusa del ‘lawfare’, el gobierno pretende rediseñar la estructura de la Justicia y del Ministerio Público en línea con el cumplimiento de sus objetivos políticos. La media sanción del MPF es inconstitucional en tanto delega el poder sobre los fiscales en el Congreso”, advirtió. 

Seguido, aseguró que “el gobierno busca generar inestabilidad en los jueces actualmente en ejercicio, a todo aquel que pretenda contradecir las posturas gubernamentales, poniendo en grave peligro la independencia judicial”.

“Las decisiones gubernamentales se han venido adoptado en violación al principio de separación de poderes, aprovechando la situación generada por la actual crisis sanitaria para acrecentar ilegítimamente el ámbito del poder y reducir los espacios de libertad de los ciudadanos”, insistió. 

Y también planteó que “una cantidad relevante de hechos que dan cuenta del ataque contra la libertad de expresión ponen en peligro un pilar fundamental de un estado de derecho”.

El duro comunicado

Fuente Clarin