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El ex ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ex embajadora ante el organismo internacional Paula Bertol aseguraron que el país está amenazado “por hechos que avasallan la independencia judicial y buscan impunidad violando la constitución y los derechos humanos”
Al señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos.
VVEE Dr. Luis Almagro.
De mi mejor consideración.
“Hay que salir a apretar a los jueces; hay que inventar denuncias” ( diálogo telefónico mantenido entre la actual Vicepresidente de la República Argentina -doctora Cristina Fernández de Kichner- y el actual Senador Nacional –doctor Oscar Parrilli-) “ Sabemos que dio un buen examen para ascender a camarista pero Tiscornia no va a ser ni juez ni camarista ni nada, lo vamos a echar” ( Consejera doctora Diana Conti, 20/07/07).”Venimos a acusar por mal desempeño a un juez aplicado, memorioso e inteligente…” ( Consejera doctora Diana Conti, 19/11/07, Jurado de Enjuiciamiento) .“Doctor Mosca, lo saluda el doctor Alberto Fernández, Jefe de Gabinete de Ministros, lo llamo para felicitarlo por sacar a una lacra como Tiscornia de la Justicia argentina” ( 9/08/2007). “ El Consejo de la Magistratura es el botín de la política y el caballo de Troya de la Justicia” ( profesor doctor Alberto Bianchi, Seminario, Universidad Católica Argtentina, septiembre 2020).
Tengo el honor de dirigirme a VVEE, en mi condición de simple ciudadano de la República Argentina, en virtud de haber tomado estado público la carta misiva cursada a VVEE por parte del ex Ministro de Justicia doctor Germán Garavano, y de la ex embajadora ante dicho organismo internacional doctora Paula Bertol quienes aseguraron que el país está amenazado a partir de una secuencia de episodios que avasallan la independencia judicial y buscan impunidad violando la constitución y los derechos humanos..
En el contexto de dicha misiva se pone especial énfasis en el deterioro institucional que viene padeciendo el sistema democrático argentino, amenazado por una secuencia de episodios los culaes, se dice, avasallan la independencia judicial y buscan impunidad violando la constitución y los derechos humanos”.
En esa misma misiva se señaló que : “como señala la Carta Democrática Interamericana, la separación e independencia de los poderes públicos son elementos esenciales de la democracia representativa”. “La política estatal resulta funcional al objetivo de brindar protección y garantizar la impunidad de quienes -resultando funcionarios o aliados políticos del actual gobierno– se encuentran acusados, y en muchos casos condenados, de ser responsables de graves casos de corrupción”-
En esa línea se resaltó que “con la excusa del ‘lawfare’, el gobierno pretende rediseñar la estructura de la Justicia y del Ministerio Público en línea con el cumplimiento de sus objetivos políticos. La media sanción del Ministerio Público Fiscal es inconstitucional en tanto delega el poder sobre los fiscales en el Congreso”.
Se agregó que: “El gobierno busca generar inestabilidad en los jueces actualmente en ejercicio, a todo aquel que pretenda contradecir las posturas gubernamentales, poniendo en grave peligro la independencia judicial”
En tanto, concluyó que “las decisiones gubernamentales se han venido adoptado en violación al principio de separación de poderes, aprovechando la situación generada por la actual crisis sanitaria para acrecentar ilegítimamente el ámbito del poder y reducir los espacios de libertad de los ciudadanos”.
Así, los puntos salientes de la comentada presentación resultarían ser los siguientes, a saber:
“La coalición política que gobierna la República Argentina desde diciembre de 2019 lleva adelante una política que pone en crisis los principios republicanos y democráticos cuyo respeto constituye no solo una cuestión moral, sino que es una obligación impuesta tanto por el ordenamiento constitucional como por los tratados de derechos humanos de los cuales la República Argentina es parte”, comienza el resumen ejecutivo que presentó ante VVEE el doctor Garavano.
En ese sentido, el ex ministro de Justicia del ex Presidente Ingeniero Macri agregó que “la política desarrollada por las actuales autoridades procura la concentración del poder, afectando los pilares mismos del sistema democrático: la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión y las libertades individuales de todos los habitantes de nuestro país, así como representa una violación de los estándares interamericanos en materia de derechos humanos”.
“Con esta excusa, el gobierno pretende, entre otros actos que demuestran la pérdida de valores democráticos y republicanos, rediseñar la estructura de la Justicia, afectar la independencia del Ministerio Público, terminar con el periodismo crítico y generar estructuras estatales con el objetivo de generar control y censura sobre el libre ejercicio de la libertad de prensa y utilizar la organización estatal para lograr impunidad respecto de los amigos del poder”, agregó la misma carta misiva.
Por último el doctor Garavano aseguró que el Frente de Todos quiere “utilizar la denuncia penal a través de organismos estatales y funcionarios como la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro de la Nación, diputados nacionales y de otros allegados al poder, como parte de una política de estigmatización y revancha del actual oficialismo contra la personal del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, su familia y ex funcionarios de su gobierno”.
Ahora bien, en línea con las aseveraciones vertidas en la comentada comunicación enviada a Vuestra consideración, y dada mi pasada condición de magistrado judicial en la República Argentina, se torna – y dicho esto desde una perspectiva institucional – en un deber inexcusable el aporte de ciertos datos objetivos, relacionados con el funcionamiento de las instituciones argentinas que no hacen mas que corroborar la incontrovertible veracidad que emerge de las afirmaciones vertidas por los doctores Garavano y Bertol.
En efecto, se registran ante la Comisión Americana de Derechos Humanos ( CIDF) la aprobación de los informes de admisibilidad nros. 56/06, 104/17, 34/18 referidos a denuncias formuladas por los magistrados judiciales doctores Luis Leiva, Mirta Torres Nieto y por quien suscribe la presente.
En todos los casos se trata de controversiales decisiones adoptadas por el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados de la República Argentina en los casos comentados.
Se añade -en este mismo contexto- el informe de admisibilidad n°10/16( CIDH) , referido al caso del ex juez argentino doctor Carlos Andrés Fraticelli, con lo cual, sumado a los casos de los ex Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores Eduardo Moliné O’ Connor y Antonio Bolggiano, seis pasan a ser los casos en los que se cuestiona la destitución -bajo la fórmula eufemística de mal desempeño- de magistrados judiciales en la República Argentina.
Cabrá agregar que la agresión al Poder Judicial y a los magistrados y funcionarios, ciertamente no es aislada ni es la primera. Tampoco será la última . Desde hace cincuenta años en nuestro país la Justicia es la rama de gobierno más jaqueada. Ha estado expuesta a socavamiento institucional constante
Alexander Hamilton decía en “ El Federalista” que el Poder Judicial era el más débil de los tres poderes, pues no tenía ni la bolsa ni la espada, y la historia argentina se ha encargado de confirmar -con creces- la verdad de esta afirmación. En línea con tales reflexiones se ubica el ensayista francés Jean Claude De Gillebaud (“La traición a la ilusión”), donde analizando el fenómeno francés explica como el avance del factor político y mediático sobre la actividad tribunalicia termina por socavar las bases del sistemajudicial.
Los ataques siguen, y parece mentira que hoy a más de dos décadas de gobierno constitucional -lo que no deja de constituir un récord- existan algunos “ campeones de la democracia” que pretendan sostener que la salud de la República necesita que se ponga en comisión a todo el Poder Judicial para luego barajar y dar de nuevo.
Se pretendió, alguna vez, un gradual vaciamiento de la composición del Poder Judicial de la Nación proponiéndose un regreso a fojas cero, lo cual -de ningún modo- nos proporcionará ningún bien.
Así las enseñanzas de nuestra historia indican que el camino más corto y sencillo hacia la dependencia de la Justicia es precisamente aquel que propuso -en su momento- el doctor Cavallo o el que pareciera reflejar el espíritu que dio lugar a reiteradas embestidas , por más que aparezca literalmente acotada en su alcance a cierto fuero de la administración judicial.
Por eso no es raro ni debemos sorprendernos que ello ocurra . El Poder Judicial es una de las joyas más deslumbrantes de la corona del Estado, y como tal, el íntimo deseo que anida a muchos que aspiran a gobernar es preservar su independencia, de todos los demás ( menos de si mismos, naturalmente).
¿ Acaso alguien puede caer en el infantilismo que un nuevo vaciamiento – total o parcial- hará del Poder Judicial una comunidad de ángeles impolutos?. Todo lo contrario.
. No se ve como puede construirse un Poder Judicial independiente atacando precisamente su independencia. Con igual criterio, los gobiernos de facto pretendían salvar a la Constitución Nacional eliminándola.
El problema hace pie en que todavía no hemos terminado de entender que la división de poderes y su consecuencia, la independencia del Poder Judicial -como valor esencial de la Constitución- no es algo que nos sea dado de un día para otro, ni que se va lograr cambiando de golpe a todos los jueces.
Los países que pueden exhibir con orgullo una judicatura razonablemente independiente, jamás incurrieron en recetarios o embestidas de este tipo. Por el contrario, se preocuparon por construir día a día, pacientemente, la independencia de sus jueces, con aquello que los ingleses llaman ensayo y error.-
Imaginemos que fácil sería para cualquier gobierno recién llegado al poder, reformar la Constitución Nacional para poner en Comisión todo el Poder Judicial de la Nación, y luego elegir discrecionalmente a los jueces a su agrado. O, lo que es peor, embestir contra los magistrados a partir de pretextadas e inexistentes causales de mal desempeño.
Lo mismo sucede con recurrentes embestidas propaladas hacia ciertos fueros de la administración judicial, operados -en algunos casos- desde sectores bien identificados de la dirigencia política, o, en otros, desde sectores de la economía.
De otro lado, los jueces – aun cuando se trate de aquellos que integran cierto fuero o sector de la administración judicial- no pueden ser masivamente llamados a dar explicaciones sobre sus actos jurisdiccionales, ni tampoco deben ser sometidos indiscriminadamente a auditorías sobre su actuación o su patrimonio, como se pretendió en muchos casos pasados.
En este sentido, se encuentra resguardado el secreto de la deliberación y forma parte de la garantía de la independencia que los jueces no pueden ser obligados a dar explicaciones sobre su actividad jurisdiccional (art. 8 del Pacto Interamericano sobre Derechos Humanos; art.6 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos; art.14 del Tratado de Derechos Políticos y Civiles ; art. 15 de los Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura adoptado por el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y ratificado por la Asamblea General, y caso 8209/78, “Suter c/Suiza”, Comisión EDH, Decisions and Reports, vol. 16, pag.166 a 178).
Además, el juez debe resolver según su conciencia, con pleno conocimiento del derecho, en libertad y con independencia de toda posible presión de otros poderes, ya que la repercusión o descrédito con la cual la opinión pública ( o más bien la opinión “publicada”) reciba su decisión no puede convertirse en causal de remoción si ha sido adoptada dentro de los límites que la Constitución y la ley le otorgan.
De otro lado, los jueces solo pueden ser enjuiciados por hechos objetivos que –sobre base genuina y no pretextada- puedan configurar una auténtica causal de mal desempeño (art.53 CN)., con la prudencia y la ponderación que ese tipo de situación naturalmente exige. No pueden admitirse -entonces- embestidas que sean la exclusiva resultante de las cambiantes vicisitudes propias de las conveniencias partidarias en distintos momentos y escenarios de la política.-
De tal suerte que, la fundamentación del cuestionamiento en el supuesto desprestigio o imagen negativa encuentra exclusivo basamento en apreciaciones o estados de opinión sujetos a emotivas y circunstanciales modificaciones, lo que resulta una grave afectación de la independencia de los jueces.-
La República Argentina quedará expuesta -entonces- a grave responsabilidad internacional frente al incumplimiento de las garantías de los tratados internacionales a cuya estricta observancia el mismo Estado Argentino se comprometió, por lo que bien vale tener presente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la decisión del 9/12/98 ( inf. Nro. 58/98) ha admitido la existencia de caso por la remoción de jueces y ha sostenido que ésta es materia revisable por la Corte Interamericana si se imputa la vulneración de la garantía de independencia y autonomía del tribunal y la garantía de la permanencia en las funciones ( art.23 y 25 de la Convención Americana, citado en la sentencia n°55 de la CIDH, serie C, Resoluciones y Sentencias, del 24/9/99).
Por ello, los jueces no pueden ser empujados de sus cargos a partir de un clamor claramente sectorizado y fuertemente ideologizado – y por ende- politizado.
“La verdad sólo puede existir bajo la figura de un sistema (“Obras Completas”. T.II, pag 27. Ed. Taurus, Madrid, 2.005 de José Ortega y Gasset).” Y en línea con ese axioma, cuando se busca la verdad apoyada en un estricto rigor científico, el tratamiento fragmentado y asistémico de un tópico -o problema- conducirá-inexorablemente- a la aporía”. “La primera de las fuerzas que mueven al mundo es la mentira” (Jean Francois Revel, “El conocimiento inútil”, diario Le Monde). Y no en vano aquel formidable historiador francés Marc Bloch refería que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia ( y de la tergiversación) del pasado.
Sin otro particular, Dios guarde a VVEE.
Guillermo J. Tiscornia
Documento Nacional de Identidad n°11.371.779
Ex juez nacional en lo Penal Económico
República Argentina
