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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene más expectativas puestas en los amparos presentados ante jueces de primera instancia para que no se cierren las escuelas que en el escrito que presentó Horacio Rodríguez Larreta ante la Corte Suprema de Justicia.
Cerca de Rodríguez Larreta consideran que la Corte -a pesar de que la Procuración General de la Nación ya dictaminó anoche que se puede tratar el caso- no fallará antes del lunes sobre la acción de inconstitucionalidad, con lo cual no se podrá frenar por esa vía la orden del Gobierno nacional para que permanezcan cerradas por dos semanas las escuelas porteñas.
Sin embargo, en la Ciudad sí consideran que algún juzgado de primera instancia puede tomar en cuenta alguna de las acciones de amparo que presentaron particulares, escuelas y otras instituciones para que se suspenda la vigencia del Decreto presidencial.
La más importante de esas presentaciones es la que hizo la Defensoría Oficial ante la justicia contencioso administrativa porteña, “en defensa del acceso a la educación de los niños”.
Poco después de la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández luego de su reunión con Rodríguez Larreta, la Defensora Oficial ante los Juzgados de Primera Instancia en la Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, María González Castro Feijoo, y la Asesora Tutelar ante los Juzgados de Primera Instancia en la Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Norma Sas, presentaron un amparo en representación de un conjunto de padres y de sus hijos afectados en sus derechos constitucionales -sostienen por la suspensión de las clases presenciales.
En la presentación judicial, a la que accedió Clarín, se pide la nulidad del decreto que cierra las escuelas “al hallarse afectados, de manera cierta y actual y con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas, derechos y garantías de rango constitucional, en particular el acceso al derecho a la educación, cuya garantía la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el derecho internacional de los derechos humanos pone en cabeza del Estado local en cuanto a la disponibilidad real y acceso”.
La presentación solicita que “se haga lugar a la acción” de amparo, y en consecuencia se declare la nulidad absoluta de lo dispuesto en el DNU 241/2021, y que el Gobierno de la Ciudad va a acatar y, por ende, se ordene a la demandada a mantener la presencialidad en el acceso a la educación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en el período establecido en aquel y en las futuras prórrogas si las hubiere”.
En la presentación se resaltó que “resulta una facultad del Jefe de Gobierno de la Ciudad el determinar el cierre de las escuelas ante la propagación del coronavirus”.
Un rato antes, la Ciudad había presentado ante la Corte un escrito en el que pide que se declare la inconstitucionalidad del Decreto y basó su planteo en tres ejes: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, -”la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal”; la violación al principio de razonabilidad -”la suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos”y la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.
Anoche, la Procuración General de la Nación dictaminó que el caso es competencia de la Corte Suprema de Justicia.
A diferencia del que se presentó en la justicia contencioso administrativa, el expediente ante la Corte no requiere “acción inmediata”, con lo cual los jueces del máximo tribunal se pueden tomar más tiempo para fallar.
A su vez, tal como publicó Clarín, los magistrados de la Corte prefieren que en este caso el diferendo agote las instancias de la negociación política entre la Nación y la Ciudad y no que se convierta en una resolución judicial.
NE
Fuente Clarin
