Funcionarios de primera línea del gobierno nacional y de la administración porteña se verán este miércoles por primera vez las caras en la Corte Suprema en la disputa por el recorte de fondos de coparticipación que Alberto Fernández le propinó a Horacio Rodríguez Larreta en el segundo semestre del 2020, y por el que hasta ahora la Ciudad dejó de recibir un monto en torno a los $32.000 millones.
La audiencia de conciliación, una formalidad previsto por la Corte una vez que las jurisdicciones inician sus reclamos, está prevista para las 11 de la mañana en el Palacio. Y se da en medio de la creciente tensión entre Fernández y Rodríguez Larreta que alcanzó su pico durante el último fin de semana, después de que la sala IV de la cámara de apelaciones en lo contencioso y tributario porteña resolvió desoir el DNU nacional y avalar la continuidad de las clases presenciales en la Ciudad.
Un quiebre en el vínculo entre el Presidente y el jefe de Gobierno difícil de remontar: para la Casa Rosada, se trató lisa y llanamente de una maniobra de Forum Shopping orquestada por la cúpula de la administración local. El voto de la camarista María de las Nieves Macchiavelli, hermana de un dirigente del riñón de Rodríguez Larreta -que llegó a ese lugar tras un acuerdo entre el PRO y el PJ en el Consejo de la Magistratura primero, y en la Legislatura después-, es, para el Gobierno, solo una parte de la película.
En ese contexto, tres funcionarios de la Ciudad y tres del gobierno nacional se sentarán este miércoles frente a un secretario del máximo tribunal para argumentar sus posiciones. El procurador Gabriel Astarloa; el ministro de Hacienda, Martín Mura, y el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, por el lado de la administración porteña. Y funcionarios de la procuración del Tesoro, encabezada por Carlos Zannini, por el lado de Nación.
Rodríguez Larreta se había presentado en la Corte en septiembre pasado con una cautelar y un planteo de inconstitucionalidad tras la decisión de Fernández de podar los fondos coparticipables que la Ciudad recibe del Estado nacional y que Mauricio Macri aumentó apenas asumió por decreto -del 1,4% al 3,75%, después los bajó al 3,5%- por el traspaso de la Policía Federal a la órbita local.
Para el Gobierno, ese aumento fue desproporcionado. De hecho, el Congreso sancionó más tarde una ley que fijó el funcionamiento de la policía de la Ciudad en torno a los $24.500 millones, un tercio de lo que justificado por los asesores legales de Rodríguez Larreta en la demanda presentada en la Corte.
Tras la sanción de la ley, en diciembre pasado, se abrió una “mesa de negociación” por 60 días hábiles que, en los hechos, no tuvo ni una sola reunión. La Corte, entonces, fijó para este miércoles la primera audiencia. Es decir, el primer cara a cara en la máxima instancia judicial del país.
Como publicó este diario, el de la coparticipación no es el único planteo por el que la Corte deberá resolver en la disputa entre Ciudad y Nación. Además de la presencialidad escolar, la Casa Rosada se presentó en el máximo tribunal por la millonaria cesión de terrenos de Macri al jefe de Gobierno durante su Presidencia, y el Banco Nación hizo lo propio por el impuesto que Rodríguez Larreta aplicó a las operaciones con Leliqs.
Hasta ese momento, la relación entre Fernández y el jefe de Gobierno había sido más que armoniosa en la gestión de la pandemia. Tanto que el Presidente hasta llegó a presentarlo como su “amigo” durante un acto oficial. La presión de los extremos hizo que el vínculo se tensionara primero, y se quebrara después.
Es ahí, cuando fracasa la política, donde la Corte empieza a jugar su partido.
Fuente Clarin
