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En diferentes fueros, con fallos contrapuestos y a la espera de la palabra de la Corte Suprema de Justicia, la educación presencial en Capital Federal quedó judicializada. Los próximos días serán claves para la batalla que libró el gobierno porteño frente al DNU del presidente Alberto Fernández, que vence el próximo viernes.
El laberinto judicial en el que quedó inmersa la educación de manera presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires profundizó las diferencias entre Horacio Rodríguez Larreta y el Presidente.
Las escuelas hoy permanecen abiertas en la Ciudad pero el debate se libró en la Justicia. La última decisión la tomó el juez en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, Guillermo Scheibler. Estipuló un plazo de 10 días para que un grupo de 24 padres y madres que tienen hijos en escuelas públicas y privadas brinden su opinión respecto a si el dictado de clases debe realizarse de forma presencial o virtual como indicaba el DNU 241/2021 en medio del crecimiento de los casos de covid y ante el temor de un colapso del sistema sanitario.
El planteo en el marco del amparo presentado por ese conjunto de padres y madres, se realizó “a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico en integrar el proceso”.
En tanto el gobierno de la Ciudad aguarda un gesto de la Corte. Según fuentes porteñas, no les inquietan los plazos sino lo que resuelvan sentando bases a futuro. “Si se llega a reconocer la autonomía para que la CABA sea quien decida sobre el funcionamiento de la educación, eso será el resguardo para decisiones futuras del Estado nacional”, explicaron.
En caso contrario, se habrá impuesto el criterio del Presidente que sostuvo que el artículo 2 del Decreto en controversia judicial, no se expidió sobre política educativa -algo delegado a las Provincias por la Constitución Nacional-, sino que se trató de una medida de alcance sanitario.
Este martes antes de las nueve de la mañana, el procurador del Tesoro tiene tiempo para realizar su presentación, una que refute los tres argumentos planteados por el gobierno porteño en su amparo respecto al DNU: denunciaron una supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, -“la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal”; la violación al principio de razonabilidad -“la suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos”- y la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.
Una vez que se formule el planteo por parte del Estado, la Corte estará en condiciones para resolver. Pero no todo será inmediato, antes deberá pedirle su opinión -aunque no es vinculante-, al Procurador General Eduardo Casal, y después dar a conocer su fallo. El calendario indica que el 30 de abril, el DNU sobre el que se abrió toda esta batalla judicial, dejará de regir pero el Gobierno no descarta nuevas restricciones, aunque se analiza una vuelta a las aulas “administrada”.
Con ese telón de fondo, podría también ocurrir que el reclamo del gobierno de la Ciudad quede en abstracto cuando la Corte empiece a definir si se dañó o no, la autonomía reclamada al momento de decidir en materia educativa en el ámbito de la Capital Federal.
Detrás de ese debate, hay otra decisión judicial que debe tomarse. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari debe resolver otros planteos ya que su fallo, el que hizo lugar a un planteo de Zannini y ordenó cerrar por quince días las escuelas, no quedó firme. Un grupo de padres y docentes nucleados en dos organizaciones no gubernamentales, apelaron aquella medida.
La semana pasada, la Corte Suprema le devolvió el expediente al magistrado para que resuelva esas quejas. La instancia siguiente, será la Cámara de Apelaciones de ese fuero, y así, las decisiones continúan dilatándose.
Fuente Clarin
