Un fiscal se opuso al pedido de sobreseimiento del músico Cristian “Pity” Álvarez, quien debía comenzar a ser juzgado por el crimen de un vecino cometido en 2018 en el barrio de Villa Lugano
Un fiscal se opuso al pedido de sobreseimiento del músico Cristian “Pity” Álvarez, quien debía comenzar a ser juzgado por el crimen de un vecino cometido en 2018 en el barrio de Villa Lugano pero que, según su defensor oficial, padece problemas psicológicos y psiquiátricos que le impiden estar en un juicio o comprender la criminalidad de sus actos.
Se trata del fiscal Sandro Abraldes, quien sin embargo en un escrito pidió el cese de la prisión preventiva del acusado debido a su estado de salud mental, aunque solicitó que, como medida de seguridad, permanezca internado dentro del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma), en el Complejo Penitenciario de Ezeiza
El dictamen en oposición al pedido de la defensa ahora deberá ser resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Cecilia Maiza.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación informó a través de su sitio web www.fiscales.gov.ar que Abraldes sostuvo que “los profesionales que evaluaron recientemente a Álvarez se limitaron a contestar los puntos solicitados por el tribunal en lo referente a la capacidad para afrontar el debate oral y público; sin que de ello quepa extraer conclusiones referidas a la presunta inimputabilidad al momento de comisión del delito imputado”.
El fiscal recordó lo dictaminado tanto en octubre de 2018 como en marzo de 2020 cuando el Cuerpo Médico Forense (CMF) consideró que al momento de los hechos Álvarez (48) pudo comprender la criminalidad de sus acciones.
En ese sentido, señaló que en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación se establece que si el imputado se cura, la causa proseguirá, por lo que solicitó que Álvarez sea evaluado periódicamente cada seis meses.
Y al mismo tiempo señaló que, por el momento, el músico no está en condiciones de afrontar un juicio, por lo que corresponde suspender el trámite de la causa.
Según Abraldes, todos los peritos que evaluaron al acusado “supeditaron la posibilidad de reversión de su condición actual a la evolución de sus trastornos y a la respuesta que presente al tratamiento interdisciplinario psiquiátrico, psicológico, neurológico, clínico y social aconsejado”.
Y agregó que los mismos peritos “recomendaron el uso de las menores dosis de psicofármacos posibles, puesto que no se puede descartar la influencia de la acción de la medicación suministrada sobre el síndrome depresivo y el trastorno cognitivo diagnosticados”.
Por último, el fiscal le requirió al tribunal el cese de la prisión preventiva del acusado debido a los informes que están en la causa aunque sostuvo que es necesaria “la implantación de una medida de seguridad derivada de la peligrosidad del autor para sí y para terceros”.
Por ello, pidió que la internación sea dentro del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma) en el Complejo Penitenciario de Ezeiza (donde se encuentra alojado el imputado actualmente) ya que de acuerdo a los expertos allí se neutralizan “los indicadores de riesgo cierto e inminente de daño para sí y/o terceros”.
La semana pasada el defensor oficial Javier Marino pidió el sobreseimiento y, por ende, la libertad, de Álvarez en base a un informe del CMF que concluía que las facultades mentales del músico “no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales” y que el “estrés” de un juicio agravaría su condición.
En función de esos peritajes, Marino sostuvo en un escrito -al que accedió Télam-, que “el causante no se encuentra en condiciones de estar en juicio, también que ha sufrido un deterioro cognitivo, que tiene un estado de depresión, y que cuenta en su historial con la profusa ingesta de sustancias tóxicas desde la adolescencia, y por más de 35 años, con el deterioro que ello le hubiere causado a su organismo”.
También afirmó que Álvarez “no cuenta con la capacidad necesaria como para comprender el alcance de los actos que se le imputan”.
RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO
El hecho por el que el excantante, guitarrista y compositor de las bandas de rock Viejas Locas e Intoxicados está acusado ocurrió el 12 de julio de 2018 frente a la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, de Villa Lugano.
De acuerdo a los investigadores, Álvarez salió de allí junto a su novia y de repente se acercó a ellos Cristian Maximiliano Díaz (36), alias “Gringo”, un conocido del barrio con quien comenzó a discutir.
Según la acusación, esa discusión fue porque la víctima le recriminó a “Pity” andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.
Testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle a “Pity”, momento en que éste extrajo una pistola calibre .25 y le efectuó a la víctima un primer tiro en la cara y luego lo remató de otros tres.
Poco después, Álvarez abordó con su novia a un Volkswagen Polo y a los pocos metros le pidió a la joven que arrojara la pistola en una alcantarilla, tras lo cual, ambos fueron al local bailable “Pinar de Rocha” de Ramos Mejía.
Álvarez estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, único momento en el que se refirió al hecho cuando le dijo a la prensa: “Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”.
Fuente Telam
