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El laboratorio Pfizer le ofreció a la Argentina 13,3 millones de dosis de su vacuna a partir de diciembre pasado, según contó un funcionario del área de Salud que pidió el anonimato. Una disputa legal que el Gobierno no supo frenar en el Congreso alejó la posibilidad de que llegara al país la que es considerada una de las mejores vacunas contra el Covid-19 que se inventaron hasta ahora. El fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud, que almacena vacunas de primer nivel, ofreció hasta 25 millones de dosis, pero el Gobierno argentino solo contrató 2,5 millones (es decir, el 10 por ciento), aseguró ese mismo funcionario. Una conclusión inevitable es que la Argentina estuvo a punto de contar con 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría, y que dejó pasar la oportunidad. Esa oportunidad hubiera significado que casi toda la población estaría ahora inmunizada. Israel, que vacunó casi exclusivamente con Pfizer, y Estados Unidos, que vacunó con Moderna y Pfizer, están saliendo de la pandemia, no entrando.
El regreso a la negociación con Pfizer, anunciada por la asesora presidencial Cecilia Nicolini, constituye en los hechos una marcha atrás del Gobierno. El regreso a la negociación no significa, sin embargo, que los problemas legales se resolverán fácilmente ni que Pfizer esté en condiciones de proveer de vacunas a la Argentina de manera inmediata. Deberá cambiarse el texto de una ley, y Pfizer tiene lista de espera hasta fin de este año.
La gestión de Ginés González García es cuestionable por razones mucho más graves que las del vacunatorio vip. De hecho, y ya que al oficialismo le gusta proponer comisiones investigadores, la primera investigación independiente que debería ponerse en marcha es sobre cómo se tramitaron las vacunas y por qué la Argentina depende casi exclusivamente de vacunas que no están autorizadas por las principales autoridades de medicamentos del mundo (la EMA europea y la FDA norteamericana). Esa fragilidad sucede cuando el país ingresa brutalmente a la segunda ola de la pandemia del coronavirus. Cuando vive la pandemia más grande y letal de su historia. ¿Fue un error político que la Cámara de Diputados agregara una palabra al convenio acordado con Pfizer? Esa palabra, negligencia, puso en duda todo el acuerdo de inmunidad que pedían los laboratorios más serios del mundo. ¿Por qué el Gobierno dejó pasar un agregado al acuerdo con un laboratorio internacional, que fue producto de una larga negociación? ¿Error o premeditación? ¿O fue, acaso, la decisión política de dejarle todo el mercado argentino al laboratorio anglo-sueco AstraZeneca, con el que firmó un contrato por la provisión de 22 millones de dosis? El Gobierno pagó el 60 por ciento del total, unos 60 millones de dólares, en el momento de la firma del acuerdo. AstraZeneca, que tuvo varios problemas en la investigación y luego en la distribución, no cumplió hasta ahora con ninguno de los compromisos de entrega. De hecho, tampoco cumplió con las promesas formales hechas a la Comisión Europea, la máxima autoridad de la UE; la Comisión le inició juicio por incumplimiento. AstraZeneca solo cumplió con el abastecimiento de vacunas a Gran Bretaña.
De todos modos, el anunció de Nicolini sucedió justo cuando la autoridad de medicamentos de Brasil puso en duda la eficacia y la seguridad de la vacuna Sputnik V. El anuncio de que volvió una negociación con Pfizer es cierto, según la confirmación de varias fuentes consultadas. Llama la atención, no obstante, que el anuncio argentino haya sucedido inmediatamente después del anuncio brasileño. La autoridad de control de medicamentos de Brasil (Anvisa) señaló en una audiencia pública que no pudo ingresar a todas las plantas donde se fabrica la Sputnik V. Entró a tres plantas de las siete que tiene el laboratorio ruso. En una descubrió que existen problemas de seguridad; no pudo monitorear las cuatro restantes. La brasileña Anvisa es una institución técnica, no política.
La respuesta del gobierno ruso de que la objeción a su vacuna fue el resultado de la presión de Washington sobre Brasilia es poco creíble. Son reflejos tardíos de la guerra fría, que terminó hace 30 años, aunque existe, desde ya, una creciente tensión del gobierno de Biden contra la administración de Putin por la constante violación por parte de este de los derechos humanos. De todos modos, ¿por qué el gobierno de Bolsonaro se dejaría presionar tan fácilmente cuando firmó un acuerdo de compra por 10 millones de dosis de la Sputnik V? ¿Por qué, si Brasil está atravesando todavía una situación sanitaria muy crítica? Bolsonaro es irrespetuoso e impredecible, pero no es un suicida político. Nadie dice que la vacuna Sputnik V sea mala, pero se sigue insistiendo en la falta de transparencia en la información que proporciona el gobierno de Rusia, propia de un régimen que ha construido un sistema político entre la oscuridad y las sombras. La autoridad de medicamentos europea está esperando desde hace varios meses que le envíen desde Moscú los papeles con la información precisa sobre la vacuna. No llegan nunca.
Esa es, con todo, la vacuna más seria a la que tiene acceso la Argentina. La otra es la china Sinopharm, que tampoco fue autorizada por la FDA ni por la EMA, y que, según especialistas independientes argentinos, tiene poca capacidad inmunizante. Cuando parecía que la Argentina ya había agotado su capacidad para explorar entre productos mediocres, aparecieron supuestas negociaciones para proveerse de una vacuna cubana, que solo la conocen en Cuba. Si hay algo que cualquier sociedad tiene derecho a saber es qué le inoculan en su cuerpo. La facultad del Gobierno para comprar cualquier vacuna en tales condiciones es moralmente muy limitada. La administración de Alberto Fernández hizo bien en regresar a la negociación con Pfizer, y debería volver también a negociar con el fondo Covax de la OMS para explorar la posibilidad de aumentar su capacidad de compra, después de haberla despreciado. La oferta de Pfizer durante el año pasado significaba que el Gobierno podía comprar hasta 13,3 millones de dosis, aunque la cifra última la pondría la administración de Fernández. El mismo sistema de Covax, que ofreció 25 millones de dosis de las mejores vacunas, aunque la módica cantidad que compró el Gobierno argentino fue una decisión de este. Existen demasiadas preguntas y pocas respuestas para explicar por qué el país está entrando en las peores condiciones en la penumbra del invierno y de la pandemia.
La segunda ola está resultando peor que la primera. La capacidad de contagio de las nuevas variantes, sobre todo la británica y la de Manaos, es mucho más veloz que la de la primera marea. La única versión oficial que se conoce cotidianamente es la de culpar de todos los males al gobierno capitalino de Horacio Rodríguez Larreta. Los voceros de esa posición anticapitalina son siempre funcionarios que reportan al Instituto Patria; es decir, a Cristina Kirchner. La excepción fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que denunció que los enfermos esperan en las ambulancias hasta 10 horas para encontrar una cama. No es cierto. El sistema está al borde del colapso, pero no colapsó todavía. Rodríguez Larreta debería enviarles mensajes a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández; los favores políticos se agradecen. No hay mejor pergamino para mostrar ante el electorado independiente que la de ser víctima de los extremos fanáticos de la política argentina.
De todos modos, el gobierno nacional está soportando un traspié tras otro en la Justicia. Ayer, la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de Carlos Zannini para que se agregue como parte a la provincia de Buenos Aires en el caso del recurso de amparo de la Capital por la imposición de cerrar las escuelas. Aunque la Corte no lo dijo con palabras tan claras, lo cierto es que tiró abajo el concepto del que el AMBA es un territorio político y administrativo único y que el Presidente es su dueño y señor. Se trata de un conflicto entre el gobierno federal y la Capital. No hay terceros en la discordia. Cuando la Corte se declaró competente para decidir directamente sobre ese diferendo, y cuando ahora rechazó como parte a la provincia de Buenos Aires, aceptó de hecho que la Capital tiene la categoría de una provincia. Reconoció su autonomía.
Otra cosa será lo que decida sobre el recurso de amparo presentado por Rodríguez Larreta. Es probable que la Corte, que tiene como integrantes a dos constituyentes del 94 (Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti), que cambiaron la Constitución y le dieron autonomía a la Capital, reconozca explícitamente la autonomía capitalina. Pero es posible también que coloque a la crisis sanitaria por encima de toda consideración jurídica y reclame un diálogo más intenso y constructivo entre el gobierno nacional y las autoridades capitalinas. Esto es: es probable que le reclame a la política que solucione los problemas de la política.
La decisión de Alberto Fernández de cerrar las escuelas de la Capital fue la primera que tomó sin consultar con Rodríguez Larreta. Juntó, además, a la Capital y al conurbano bonaerense en un único territorio administrativo. Fueron errores políticos y jurídicos incomprensibles en un político con larga experiencia y en un profesor de la Facultad de Derecho. Nada es comparable, a pesar de todo, con la oportunidad perdida de haber vacunado a los argentinos en tiempo y forma. El país y la historia necesitan saber de quién fue la culpa de semejante extravío.
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