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Como anticipó Clarín el 9 de marzo, los movimientos sociales tienen el compromiso del Gobierno para que se declare personal estratégico y se vacune contra el coronavirus a los 70 mil trabajadores que trabajan en los 11 mil comedores y merenderos populares de todo el país y que administran en su mayoría las organizaciones de base. Sin embargo, el Ejecutivo demora la modificación del protocolo de vacunación.
Mientras explora contactos con distintos laboratorios para afrontar la escasez de vacunas, el Gobierno quieren evitar tomar en soledad una decisión que podría irritar a la clase media y a sectores independientes. Por ese motivo, busca generar consenso con las 24 provincias.
La idea se trató en la reunión del Consejo Federal de Salud que reúne a los ministros de todas las jurisdicciones y no hubo grandes objeciones. Sin embargo, en el encuentro del Cofesa de este miércoles el tema no se trató.
El ministro de Salud porteño Fernán Quirós está de acuerdo con la medida, pero la Ciudad también dilata la inclusión de las organizaciones. La vacunación de este nuevo grupo prioritario quedaría en manos de las jurisdicciones.
Organizaciones sociales y movimientos piqueteros y de desocupados en la marcha del martes en la Ciudad en la que también se reclamó por vacunas. Foto: Guillermo Rodríguez Adami
El reclamo no distingue entre la filiación política de los movimientos sociales. Lo reclaman tanto las organizaciones que forman parte del Frente de Todos, cuyos referentes ocupan cargos en el Gobierno, como los integrantes del Frente Nacional Piquetero, que este martes volvieron a paralizar el centro porteño con una movilización.
El Presidente se comprometió a avanzar con el pedido de las organizaciones en una reunión en Olivos con los principales referentes de la UTEP, que integran el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. De esa reunión privada -que solo trascendió entonces por un comunicado del Evita, del que este diario se hizo eco- participaron el secretario general de la organización Esteban “Gringo” Castro; el secretario de Economía Política y líder del Evita, Emilio Pérsico; su segundo Daniel Menéndez; Juan Carlos Alderete, de la CCC y el secretario gremial del Evita, Gildo Onorato.
La definición oficial se dilató y las organizaciones hicieron sentir su poder de convocatoria en las calles a pesar de las medidas restrictivas que van en aumento.
La medida no solo beneficiaría a los trabajadores de los comedores que responden a las organizaciones; también se incluirían en el plan a los responsables de los centros comunitarios y parroquias del arzobispado, como Cáritas; y a distintas iglesias evangelistas.
El secretario de Relaciones Parlamentarias de jefatura de Gabinete y referente del Evita, Fernando Chino Navarro habló a principios de año sobre con el ex ministro de Salud Ginés González García y con el secretario de Calidad en Salud Arnaldo Medina sobre la necesidad de vacunar al personal de los comedores. El diálogo se interrumpió con la salida de González García, por el escándalo de la vacunación VIP.
Semanas atrás, Navarro se reunió con Vizzotti y volvió a plantearle la necesidad de que se vacune a los trabajadores sociales. La ministra tomó el reclamo, pero la medida sigue sin ejecutarse. Referentes de otras organizaciones señalaron que en los próximos días habría una nueva reunión con la ministra. En Salud relativizaron esa versión: el único camino es el Cofesa.
Las organizaciones advierten que la intención es cruzar datos para que se vacune primero a los trabajadores sociales con comorbilidades y a mayores. Sin embargo, esas distinciones no se aplicaron en numerosas provincias entre profesionales de la salud, administrativos de empresas de salud ni entre docentes.
Este miércoles referentes de las organizaciones hicieron trascender que el Gobierno ya había comprometido las vacunas para ese segmento. En el ministerio de Desarrollo Social destacaron que por ahora no se puede hablar de una decisión tomada.
Fuente Clarin
