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A horas de que se venza la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay –concluye este viernes 30-, en la noche de este miércoles el Poder Ejecutivo prorrogó su concesión, según informaron a Clarín fuentes oficiales.
La prorroga es por un período de 90 días y se dispuso en una resolución que fue dictada por el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, quien quedó temporalmente con la firma del Ministerio de Transporte mientras se define el nombre del sucesor del fallecido Mario Meoni.
La prorroga iba a hacerse por decreto presidencial. Pero al quedar Katopodis con la delegación de la firma, el funcionario pudo dictar la resolución.
Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
La decisión del Poder Ejecutivo se conoce en medio de la ofensiva de la bancada oficialista del Senado para que se estatice esa vía navegable, puerta de salida del 80% de las exportaciones argentinas.
Pero el Gobierno se encamina a toda marcha en otra dirección.
En la resolución firmada en la noche de este miércoles por Katopodis se señala que el Ministerio de Transporte puede “adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad de la navegación de la vía navegable troncal hasta que los adjudicatarios del nuevo llamado a licitación asuman la operación de tales servicios”.
Igual, se mantiene la presión desde integrantes clave del Instituto Patria la bancada oficialista del Senado, que no se mueve sin el aval de Cristina Kirchner, para que se avance en otro esquema.
Argumentan que es una oportunidad histórica para que el Estado “recupere” el control de la Hidrovía.
José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, habló en los últimos días con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. También con Máximo Kirchner, titular del bloque kirchnerista de Diputados.
El senador formoseño le trasmitió a ambos que “el bloque está en contra” del esquema en el que se avanzaría de concesión a una empresa privada -como hasta ahora- pero con la novedad de un mayor control del Estado.
Lo que quieren los senadores es que directamente la Hidrovía pase a ser manejada por el Estado y que sea éste el que cobre los peajes a los barcos.
La tarifa actual es de alrededor de 3 dólares por tonelada de carga que transportan.
En total el negocio factura más de 300 millones de dólares por año, según estiman fuentes oficiales.
Además de senadores, también hay provincias con intereses en la Hidrovía que presionan por un cambio de fondo del actual esquema. Es el caso del gobierno de Axel Kicillof.
Peaje
Un ministro de una provincia que impulsa que la Hidrovía pase a manos del Estado apuntó: “El control del cobro del peaje es central”.
Y explicó que lo que proponen es tercerizar el dragado, balizamiento y señalización de la vía navegable.
“Sería como cuando licitas el servicio de recolección de basura y el Estado cobra y paga el servicio”, describió ese funcionario.
En esa provincia también sostienen que lo acordado hasta ahora sería justamente eso, que el Estado cobre los peajes.
Pero en la Casa Rosada, otras gobernaciones y en el massismo -el recientemente fallecido ministro de Transporte Mario Meoni respondía a Sergio Massa– repiten que se avanzará es en una nueva licitación.
“Es una decisión exclusiva del Presidente. Alberto quiere licitar“, dijeron a Clarín en el Poder Ejecutivo.
Y completaron: “Los sectores que proponen lo contrario no tienen ni injerencia ni peso”.
Las mismas fuentes dijeron que se mantendrá el “equilibrio” en la coalición gobernante y que el Ministerio de Transporte seguirá bajo control del massismo.
Sergio Massa con el fallecido ministro Mario Meoni.
Las cerealeras y las empresas exportadoras se resisten a que el Estado cobre los peajes. Sostienen que con el actual esquema la concesionaria cuenta con fondos para la realización de las obras necesarias.
“Las empresas lo que dicen es que con el Estado las trabas burocráticas serían grandes y las obras se demorarían”, confiaron en una provincia del interior.
Entre los sectores que impulsan que el Estado cobre el peaje argumentan que de esta manera se conocerá al detalle lo que se transporta y se evitaría la evasión.
“Sería como un control aduanero”, señaló un defensor de la estatización.
De lo que nadie habla por el momento es de cambiar el actual esquema de tarifa plana de peaje.
La concesión está en manos hace 25 años del consorcio formado por la belga Jan de Nul y la local Emepa.
De acuerdo con versiones, Jan de Nul no mantendría su sociedad con Emepa en la futura licitación.
Su propietario, Gabriel Romero, declaró en la Justicia como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas y sería una “carga” para los belgas.
Aunque falta definir los pliegos para la nueva licitación, hay presión de las empresas navieras y de las cerealeras para profundizar el calado del río Paraná y llevarlo de los actuales 34 a 38 o, incluso, 40 pies.
La mayor profundidad le permitiría navegar a los barcos supercargueros de la clase Panamax.
Fuente Clarin
