Por Santiago Dapelo
El gobierno nacional decidió mantener la suspensión de la presencialidad en los colegios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Según confirmaron fuentes cercanas al Presidente, la situación sanitaria en el área metropolitana terminó por convencer al jefe del Estado de mantener durante las próximas semanas la medida.
“Sigue igual, hay muchos casos y las terapias están al límite”, dijo a LA NACION uno de los hombres de máxima confianza de Alberto Fernández que, tras recibir en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza la llegada de 1.000.000 de dosis de Sinopharm, se reúne con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Educación, Nicolás Trotta.
Si bien durante la última semana estuvo en evaluación la posibilidad de avanzar con un esquema de “presencialidad administrada”, los números de contagios diarios y el fuerte incremento de la ocupación de camas de terapia intensiva fueron determinantes para prorrogar la medida que despertó una fuerte crisis política y judicial entre la Nación y la Ciudad.
Hoy se registraron 26.053 nuevos contagiados y se reportaron 561 muertos, el máximo para una sola jornada. Mientras que la ocupación de las camas UTI, en la Capital y la provincia de Buenos Aires, supera el 90 por ciento.
Tras los cruces y después del encuentro de ayer con el Presidente, el gobierno de Rodríguez Larreta se mostró dispuesto a cambiar su postura. El gobierno porteño quiere mantener la presencialidad para los alumnos de primaria y de jardín de infantes. Y que secundaria tengan clases virtuales.
Ahora, con la novedad de que el gobierno nacional sostendrá la interrupción de la presencia de los alumnos en las aulas, la administración porteña esperará la publicación del nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el Boletín Oficial antes de salir públicamente a responder.
Según pudo saber LA NACION, desde el gobierno nacional les comunicaron a funcionarios del gobierno porteño la decisión cerca de las 20. “Da bronca”, dijeron cerca de Rodríguez Larreta, que ahora apuestan todo a una resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia.
Lo llamativo fue que el último martes, en el encuentro que había mantenido los jefes de gabinete, Santiago Cafiero, Carlos Bianco y Felipe Miguel, hubo un principio de acuerdo para lograr un consenso sobre el escenario para las próximas semanas. Así, quedó en claro que la relación entre el gobierno nacional y Rodríguez Larreta pasa por su momento más crítico. Más allá del buen trato, la desconfianza mutua es absoluta.
En Uspallata, sede del gobierno porteño, se mostraron expectantes ante la posibilidad de una pronta resolución del máximo tribunal después de que la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, consideró hoy que el decreto de Alberto Fernández que interrumpió las clases presenciales no es constitucional.
“Los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”, escribió Casal, en su dictamen que no es vinculante para el máximo tribunal.
Desde la provincia de Buenos Aires, en tanto, solicitaron mantener los colegios sin asistencia. La clave, según aseguraron cerca del gobernador Axel Kicillof, es reforzar los controles. Eso fue lo que les pidió el mandatario provincial a los intendentes.
Tras quedar desautorizado hace dos semanas después de que el Presidente impusiera las restricciones educativas sin avisarle a su ministro de Educación, Trotta en esta oportunidad estuvo presente en cada definición.
Tanto fue así que, horas antes de que se hiciera público la decisión de prorrogar la suspensión de las clases presenciales, el funcionario había dado a entender que no habría cambios. “El gran desafío que tenemos es hacer bajar la curva [de contagios]. En el Área Metropolitana de Buenos Aires es donde tenemos los indicadores más complejos, por eso es ahí donde tenemos que sostener los esfuerzos y también las medidas restrictivas”, dijo Trotta.
El ministro además instó a la Corte a poner fin a esta discusión. “Más allá del dictamen de Eduardo Casal, lo tiene que definir la Corte Suprema. Estamos esperando que adopte una decisión que también lleve tranquilidad a porteños y bonaerenses, agregó.
