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A la espera de dos juicios orales y que se resuelva un nuevo pedido de captura. Es la situación actual, una demorada, otra urgente, frente a la justicia federal de Bahía Blanca, de Juan Ignacio Suris, que estuvo preso 3 años y 8 meses, entre 2014 y 2017.
Su libertad, concedida en setiembre del último año, se ve amenazada ahora ante una solicitud del fiscal Santiago Ulpiano Martínez al juez Walter López Da Silva. Le pide que lo detenga por lavado de activos, originados en dos actividades ilícitas por las cuales el empresario bahiense aún espera ser juzgado.
Suris está acusado de liderar una banda de narcotraficantes, desbaratada entre fines de 2013 y 2014 en Bahía Blanca. En enero de ese último año, fue capturado a la salida del departamento en el barrio porteño de Belgrano de su novia de entonces, la vedete Mónica Farro.
Además, se le imputa el liderazgo y organización de una asociación ilícita fiscal, a través de la creación, uso y comercialización de facturas truchas. En su declaración ante la justicia bahiense, Suris se adjudicó la maniobra y buscó desligar a otros cinco miembros del grupo, uno de ellos, su padre.
En ambos procesos, ya elevados a juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Bahía Blanca aún no definió las fechas de las audiencias. El debate por la comercialización de drogas está pendiente desde 2016, cuando Casación anuló el fallo del TOCF bahiense que consideró nulas unas escuchas clave y absolvió a Suris, junto a sus presuntos cómplices.
En tanto, el 25 de noviembre de 2015, el juzgado federal 1 bahiense cerró la etapa de pruebas del expediente por las facturas apócrifas, derivado de una investigación abierta por la AFIP en 2011. Allí Suris está acusado de provocar al Fisco un daño estimado en $ 15 millones.
Una cifra similar a esa detectó la Unidad de Información Financiera (UIF) en acreditaciones bancarias a su nombre, entre 2008 y 2011, según argumentó el fiscal Martínez. Otros $ 18 millones habrían circulado a través de, al menos, seis empresas fantasmas creadas por el propio Suris.
Se trata de “CVP INDUSTRIA SA”, “M-MAGMA SA”, “ATTIMO BAHIA BLANCA SA”, “E&J ARGENTINA SRL”, “SCARSUR BAHÍA SA” y “BAHÍA ACOPLAR”. Están relacionadas con la firma Iberoamericana de Servicios S.A, del grupo bahiense Pedraza, vinculado a Lázaro Báez, en otra asociación ilícita fiscal, montada sobre el funcionamiento de usinas de facturas truchas y que habría evadido al Fisco unos $ 670 millones.
En ese expediente, el empresario patagónico ligado a los Kirchner se encuentra procesado desde diciembre de 2019 junto a otros dos grupos comerciales bahienses, Ficcadenti y Ferreyra, un financista y un contador, este último, también ligado a Suris.
Ese vínculo, al menos indirecto, entre Báez y Suris está mencionado expresamente en los argumentos por los cuales el Tribunal Oral en lo Criminal 4 (TOCF 4) de la Capital Federal condenó en febrero pasado al empresario patagónico a 12 años de cárcel, en la causa por la Ruta del Dinero K.
En los fundamentos de ese fallo, conocidos la semana pasada, se resalta también el vínculo de amistad entre Suris y el arrepentido Leonardo Fariña. “La relación de Fariña con Suris, de gran cobertura mediática en esos momentos, tuvo también un impacto significativo en el avance de esta causa: demostró un “modus operandi” de parte de Fariña” resaltó el TOCF 4 en su resolución.
Según el tribunal, “el reflejo más acabado se evidenció en las escuchas telefónicas recabadas en la investigación seguida a Suris en la justicia Federal de Bahía Blanca” y relacionadas con el narcotráfico. Cita el diálogo interceptado entre Roberto Jaime Erusalimsky, comprador de la estancia El Carrizalejo, en Mendoza y el propio Fariña, a través de una línea telefónica que pertenecía a Suris.
En esa charla, “Fariña parece consultarle a Erusalimsky sobre la posibilidad de ‘meter’ en ‘alguna entidad para transferirlo a otro país ’90 millones de dólares’ que se encontraban ‘físicos’ en Portugal, y así ‘bancarizar’ ese dinero y poder transferirlos a un país de Centroamérica – según los propios dichos de Fariña-“ cita textualmente el fallo del TOCF 4.
“Erusalimsky da a entender la posibilidad de gestionar la operatoria pero aclara expresamente que con él no va a ser barato” agregan los jueces, según se desprende de la causa en la que se investigó a Suris como líder de una banda de narcotraficantes.
En el pedido de detención elevado por Martínez al juez López Da Silva, se incluye también la solicitud de procesamiento, sin prisión preventiva, para otros seis acusados. Se trata de Eduardo y Guillermo Suris (padre y hermano de Juan), Nicolás Ibarra Gutiérrez, Flavio Rodrigo Carrano, Domingo Tomas Goenaga y el contador Rogelio Alberto Chanquía.
Este último está procesado como organizador de la asociación ilícita fiscal liderada por Báez. El fiscal además pidió la falta de mérito para la ex mujer de Suris, Paula Wagner, el corredor de Turismo Nacional Juan Pipkin y Javier Rodríguez.
La causa de las facturas truchas que involucra a Báez la tuvo en el 2015 el juez Alejo Ramos Padilla, ex de Dolores y actual de La Plata. Según fuentes judiciales, el recientemente designado como juez federal electoral para la provincia de Buenos Aires, retuvo en su despacho el expediente, mientras la investigación estaba delegada en el fiscal. Esta fue una de las causas por las cuales los senadores de Juntos por el Cambio impugnaron su pliego para ir a La Plata.
Fuente Clarin
