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Es el momento más difícil (y de mayor fragilidad) de Alberto Fernández. La Corte Suprema de Justicia lo enmendó ayer al presidente y al profesor de Derecho en tres fallos coincidentes por haberse extralimitado en sus funciones como jefe del Ejecutivo. Muy pocas veces esta Corte fue tan unánime en reprocharle a un presidente la legalidad de sus decisiones. El profesor fue cuestionado en sus conocimientos básicos, en los saberes con los que, según él, se gana la vida. El Presidente siempre se ufana de su condición de docente de la Facultad de Derecho. Al mismo tiempo, su vicepresidenta exhibe obscenamente la debilidad de Alberto Fernández cuando le ordena a un simple subsecretario, el de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que no cumpla con una orden presidencial. Orden que habían hecho suyas el ministro de Economía y el jefe de Gabinete. La orden consistía en que Basualdo se tenía que ir a su casa, con razón o sin ella. El problema ya no es entre Guzmán y Basualdo, sino entre el Presidente y la vicepresidenta. Cristina le está diciendo a la ciudad y al mundo quién gobierna la Argentina. Ella, por supuesto. Significa una crisis institucional de enorme envergadura. Constituye, también, una batalla definitiva por la dirección de la política económica.
Los fallos más consistentes de la Corte fueron los de los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (que firmaron juntos una misma resolución) y el del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz. Los tres podrían haber firmado un mismo fallo porque dicen casi lo mismo, solo con algunos énfasis distintos. La resolución de Ricardo Lorenzetti, el cuarto voto coincidente, se detiene más en la educación que en la institucionalidad del decreto de necesidad y urgencia del Presidente. Tal vez Maqueda y Rosatti prefirieron firmar solo ellos un mismo fallo porque ambos fueron constituyentes de la reforma de 1994. Esa reforma es la que le dio autonomía a la Capital y estableció la elección popular de sus gobernantes. De todos modos, los cuatro jueces dijeron que el gobierno federal no tiene jurisdicción para decidir sobre la educación en la Capital, porque esta tiene la jerarquía de un estado federado; es decir, de una provincia dentro de un sistema federal. Subrayaron también, para decirlo con palabras directas, que ellos no tienen soluciones sanitarias, pero deben darle al país un marco jurídico para que encuentre una.
Llama la atención que el Gobierno se haya sorprendido con el fallo y que haya respondido violentamente. La Corte ya había hecho en el caso de las clases presenciales gestos sugestivos en el sentido de reconocerle a la Capital la condición de una provincia. Aceptó su competencia cuando Horacio Rodríguez Larreta recurrió directamente a ese tribunal para cuestionar el decreto del Presidente. Solo las provincias pueden recurrir directamente a la Corte. Si no se es una provincia, se debe empezar por un juez de primera instancia, que es lo que sostiene la jueza Elena Highton de Nolasco, que parece haber leído la Constitución de otro país. Por eso, ella no votó ayer. El tribunal rechazó, además, el pedido del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, jefe de los abogados del gobierno, para que en la causa se incluyera como parte a la provincia de Buenos Aires. El conflicto, dijo la Corte sin decirlo, es entre el gobierno federal y la Capital. No hay nadie más. Ni el profesor Alberto Fernández ni el jurista Zannini entrevieron que la Corte se encaminaba a proteger la autonomía de la Capital. Zannini podrá ser un buen estratega político (eso dicen, al menos), pero evidentemente su capacidad como abogado es muy limitada. La Corte Suprema se cansó ya de rechazarle pedidos imposibles.
La Corte le negó también facultades al gobierno federal para crear una nueva región en el país, el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires). El decreto cuestionado de Alberto Fernández había suspendido las clases solo en la Capital y el conurbanos bonaerense. EL AMBA, como figura jurídica y administrativa, fue una ocurrencia de este Gobierno. “El AMBA no es una región en términos constitucionales”, dijo el tribunal. Y tiene razón. Otro reproche al profesor. El artículo 124 de la Constitución les reconoce a las provincias el derecho de crear regiones para potenciar su economía o para hacer tratos con el exterior, siempre que no choquen con la política exterior del país. Pero la facultad es de la provincias, no del gobierno federal. El profesor despechado reaccionó furioso: “Me apena ver la decrepitud del derecho”, dijo en un discurso en caliente. ¿El fallo de la Corte es decrepito? ¿No es el mismo Alberto Fernández que explicaba hace algunos años que la Corte es un contrapoder necesario para el sistema republicano? ¿O esas ideas valían solo cuando él estaba enfrentado con Cristina Kirchner? El problema de los jueces de la Corte es que resuelven sobre decisiones de un presidente que cree que podría estar tan bien sentado en una poltrona de la Corte Suprema como lo está en la butaca presidencial.
Cristina Kirchner tiene razón: ya los golpes no son como los de antaño, según escribió en Twitter. Ahora, los vicepresidentes suelen hacerles golpes de palacio a los presidentes. ¿O, acaso, no es un golpe de palacio el que ella le está perpetrando a Alberto Fernández con el caso Basualdo? Si un presidente no puede remover a un subsecretario, su debilidad es extrema. Un presidente puede estar en un momento débil, pero no es común que sea el vicepresidente (la vicepresidenta, en este caso) el que exhiba sin pudor esa debilidad. Basualdo no está de acuerdo con la política de tarifas de servicios públicos del ministro Guzmán. ¿Quién se tiene que ir? El subsecretario, sin duda. Guzmán está tratando de acercarles algún gesto de racionalidad económica al Fondo Monetario y al Club de París, días antes de caer en default con este. Dicen que Guzmán lo echó a Basualdo mediante una versión off the record. Puede ser. Si fue así, Guzmán demostró que carece de cintura y de experiencia política. Los relevos políticos se hacen con cierta sutileza. Las cabezas deben rodar sin que se vean la mano y la daga. No modifica, sin embargo, el fondo de la cuestión, porque la decisión de Guzmán había sido compartida por el Presidente y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Basualdo se debía ir.
El economista Claudio Lozano, miembro del directorio del Banco Nación, explicó mejor que nadie la cuestión fundamental. Dijo en un tuit que el debate se encerraba entre el ministro Guzmán, que sigue los consejos del Fondo Monetario, y Basualdo, más proclive a una política nacional y popular. Detrás de Guzmán está Alberto Fernández; detrás de Basualdo está Cristina Kirchner y sus legionarios mas leales, los que militan en La Cámpora. El problema es económico. Si nadie sabe cuál será la política tarifaria, tampoco se sabe cómo será la política sobre el gasto público. Gran parte del déficit fiscal se explica en los subsidios indiscriminados al consumo de los servicios públicos. Están subsidiados tanto las villas de emergencia como los barrios elegantes.
El problema es también, y sobre todo, político e institucional. Basualdo no se fue todavía, sostenido públicamente por la vicepresidenta contra la opinión del propio Presidente. Cristina Kirchner lo trata a Alberto Fernández enrostrándole que es ella la que lo colocó en el sillón de los presidentes. ¿Está equivocada? No. Alberto Fernández nunca hubiera llegado a ese lugar sin el apoyo de Cristina y del resto del peronismo. El problema es que el Presidente no le recuerda a ella que sin él las cosas no hubieran sido como fueron. Sin él, Cristina no hubiera vuelto nunca al poder. Tan simple como eso. Nunca Cristina Kirchner, con el nivel de rechazo social que tenía (ahora tiene más), le hubiera ganado una segunda vuelta a Mauricio Macri. Cristina es un persona acostumbrada a crear conflictos allí donde está. Sin embargo, ahora está creando una de las crisis institucionales más graves que pueda resistir un sistema republicano, el que enfrenta a un presidente con su vicepresidente. La expresidenta está segura de que pueden perder las próximas elecciones legislativas si aumentaran las tarifas. Puede ser. Hay muchos ejemplos que confirman esa suposición. Pero también pueden perderlas si ella hace del Presidente un figura frágil y errática. Y es lo que está haciendo con el jefe del Ejecutivo.
Es complicado, de todos modos, descifrar a un oficialismo que padece una permanente confusión política. Cree que el derecho es una institución que se puede adaptar al gusto del que tiene el poder. Un caso extremo lo dio ayer el influyente diputado hipercristinista Rodolfo Tailhade cuando promovió una juicio a varios jueces, entre ellos a Claudio Bonadio, por haber cometido la apostasía de procesar a Cristina Kirchner. Bonadío murió en febrero de 2020. ¿Cómo se le hace un juicio a un muerto? ¿Desenterrarán el féretro para exponerlo durante el juicio? ¿Cuál será la condena, si fuera condenado? ¿Acaso quemar el féretro sobre una pira en algún espacio público? Lo único raro es que todavía se sorprendan cuando la máxima instancia de la Justicia coloca un poco de sentido común entre tantos estragos intelectuales.
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