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Suena a desmesurado, a ofensivo en caso de que se lo pretenda creíble y es, al fin, un recurso de campaña demasiado obvio afirmar que el Gobierno va a “llenar la mesa de los argentinos con alimentos de calidad”. Eso, nada menos que llenar de alimentos la mesa de las familias, en un país con 20 millones de pobres, prometió la secretaria de Comercio, Paula Español, al anunciar el lanzamiento de una feria itinerante con bolsones de frutas, verduras y cortes de carne a precios muy rebajados.
“Por ahora, el Mercado Federal Ambulante se mantiene en el AMBA pero la idea es que recorra todas las provincias”, aseguró Español, una funcionaria que aunque depende del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, circula libremente con la chapa de Axel Kicillof, o sea, con la de Cristina Kirchner. Sin siquiera reparar en las apariencias, el recorrido de los camiones confirmó de entrada que se trata de un operativo apuntado a reforzar las chances electorales de la Vicepresidenta en la Provincia: entre otros municipios gobernados por el oficialismo, el raid ya tocó Merlo, Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Escobar y San Martín.
Se supone que al menos en honor al nombre, el llamado Mercado Federal Ambulante no dejará afuera a la Ciudad de Buenos ni a ningún gobernador o intendente que milite en un palo político distinto al oficial, así la movida hubiese arrancado con los del Frente de Todos. Y si no es campaña pura como huele por todas partes, los índices del INDEC dejan al descubierto que Español y compañía se han acordado tarde o muy tarde de la mesa de los argentinos. Dicho ya sin vueltas, eso de los camiones es campaña electoral pura.
Con el 4,7% de abril, el índice que mide el costo de los alimentos canta un aumento del 68,5% desde que el kirchnerismo y sus variantes asumieron la tarea de gobernar.
Ahí tenemos, clarita y sin dibujos estilo Guillermo Moreno, una muestra del estado en que realmente se encuentra la mesa de los argentinos, transcurrido menos de un año y medio de gestión K.
Sólo para poner en perspectiva algunos productos de la feria itinerante, desde enero 2020 tenemos un incremento promedio del 91% en el precio de las frutas y uno del 83% para las verduras. Entre los cortes de carne, aparecen 109% en la modesta carne picada y 120% en el todavía argentinísimo asado, esto es, el doble o el doble largo. Y por si alguien pregunta, la pizarra negra también dice: kilo de pollo, 74%; sachet de leche, 50%; yerba mate, 80% y vino común, 107,5%.
También en cifras del INDEC, otra manera de ver adónde fue a parar la mesa de los argentinos consiste en mirar, luego, cuánto del consumo de los hogares se destina a alimentos y bebidas, sobre todo a alimentos.
La cuenta general dice 33% de la población, pero trepa al 45,2% del total cuando se va al consumo del escalón inferior de la pirámide social, o sea, allí donde están las capas de muy bajos recursos que gastan buena parte de lo que tienen en consumos básicos. Espejo de la desigualdad, en el escalón superior de la pirámide los alimentos sólo representan el 26,6% del gasto familiar.
La inflación, se sabe, es el emergente de desajustes económicos, de problemas e incapacidades acumulados durante años y un fenómeno, aquí ya cristalizado, que descarga golpes casi sin excepciones sobre los sectores medios y bajos. Ahora tenemos un índice que hace meses anda en zona del 4% mensual y que vuela a alturas del 46,3% anual.
Es cierto que el Gobierno recibió un paquete explosivo y que no todo es obra de su gestión. Pero es rigurosamente cierto, también, que si no agrandó el desbarajuste está muy lejos de haberle encontrado una solución o algo parecido a una solución y, además, que sabía con qué se iba a encontrar. Y ni hablar de que llegara con un plan, cosa imposible desde el comienzo tal cual prueban las crecientes diferencias de un equipo desordenado.
Está a la vista que la inflación le pasa por arriba al congelamiento o cuasi congelamiento de las tarifas que ensaya el Gobierno. La estadística oficial revela que en la Capital y el Conurbano bonaerense, donde el régimen es más duro, el capítulo que registra los aumentos en electricidad y gas apenas se movió un 3,6% entre abril 2020 y abril 2021 contra un índice de precios que allí saltó al 44,2%.
Tampoco arroja gran cosa el muy reciente ensayo antiinflacionario de pisar el dólar oficial. Los números del primer cuatrimestre muestran que mientras ese dólar subió 11% la inflación creció 17,6%, casi 8 puntos más en sólo cuatro meses. Ojo con el efecto de retrasar demasiado el tipo de cambio, advertiría la propia experiencia.
De la misma especie o de una especie parecida tenemos, de seguido, salarios promedio que corren 13 puntos porcentuales por detrás de la inflación, gremios fuertes como Empleados de Comercio, la UOM y la Construcción que, por acompañar las posiciones del Gobierno, han pactado subas claramente cortas del 30-35% en tres etapas y estatales nacionales que, medidos por el último informe fiscal de Economía, han caído 9 puntos contra 2020.
Alguien o unos cuantos ganan, seguramente. Pero para nada es el caso del siempre rezagado ejército de jubilados y pensionados, que según los gastos de la Seguridad Social en la comparación enero-marzo de este año con el mismo período de 2020 perdió por unos 12 puntos frente al índice de precios. Aquí donde ancla el 41% del gasto público total, incluidos intereses de la deuda e inversiones, aparece nítido e indiscutible el ajuste fiscal, y uno de los peores.
Datos y más datos de este boletín recargado, ahora llegan las canastas digamos de subsistencia o de subsistencia a duras penas. Desatadas, como el índice de precios al consumidor, la alimentaria básica que determina el umbral de indigencia se encareció un 48% de marzo del 2020 a marzo pasado y 45% la que mide la pobreza.
El muy deteriorado cuadro que presentan los grandes indicadores económicos, laborales y sociales asoma detrás de una pobreza que creció del 32 al 42%, entre 2018 y 2020, con una escala del 35,5% en 2019. Esto es, impresionantes 10 puntos porcentuales en apenas tres años o 15, si el foco se pone en los partidos que componen el enorme aglomerado del Gran Buenos Aires.
Nada casual, pues, la Argentina ha desembocado en una pobreza ya con formato estructural que orbita alrededor del 40% y que tiene más para seguir en aumento que para bajar. “Habrá que acostumbrarse a un país diferente, en el que la composición de los segmentos sociales ha cambiado y cambiará radicalmente”, dice un consultor que lleva años mirando esta película.
Dice más, como que la clase media está partida y con un pedazo que cayó en zona de pobreza y, también, que necesita un ingreso mensual extra de 25.000 pesos para subir al piso más bajo de la clase a la cual perteneció siempre. Y remata: “Con 15.000 pesos mejorás, pero seguís debajo de la línea de pobreza. Y lo peor es que con el empleo planchado para muchos cualquier plus resulta inalcanzable”.
Así entramos a la segunda ola de la pandemia, con familias más endeudadas y que se han consumido ahorros, con un consumo privado a media máquina que no se recuperó de la primera ola y una actividad económica que, en el mejor de los supuestos, apenas dará vuelta la mitad de la caída de 2020. Dichas de otra manera, cosas que todo el mundo sabe aunque no las padezca del mismo modo.
¿Y qué salida propone el Instituto Patria que preside Cristina Kirchner, ante semejante crisis? Más que salida, un atajo: sacar un nuevo índice de precios “debido a las arbitrariedades y discrecionalidad que presenta la metodología actual del INDEC”.
Suena a despropósito, pero está visto que viniendo del cristinismo hasta a los despropósitos conviene tomárselos en serio.
Fuente Clarin
