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Mientras la Argentina superaba la trágica cifra de 70 mil muertos por Covid, la vicepresidenta y presidenta en ejercicio Cristina Kirchner solo hizo un acto público. Fue con Lula y para volver a denunciar su relato del lawfare que arrasó “con la década progresista” en América Latina.
Mientras, sus operadores negociaron acuerdos para intentar, por tercera vez echar, a Casal El año pasado, la ex presidenta trató de conseguir los dos tercios del Senado pero Juntos por el Cambio no les dio los votos, en medio de denuncias sin fundamento y todo clase de epítetos contra Eduardo Casal. Después cambió la composición del jury de enjuiciamiento de fiscales pero el colegio público de abogados de la CABA se negó a reemplazar a su representante y le frustró la jugada.
El año pasado, Carrió hizo una jugada florentina y propuso a Juntos por el Cambio darle el apoyo al candidato del presidente Alberto Fernández, el juez Daniel Rafecas, pero Cristina no aceptó.
Desde el 12 de marzo del 2020 no permitió que el Senado ni siquiera abriera el período de consultas sobre Rafecas porque, en realidad, tienen un candidato oculto. Las especulaciones incluyen a candidatos “talibanes” como Oscar Parrilli a Graciana Peñafort. Rafecas juntó más de 650 adhesiones, pero a Cristina no le importa.
Sabe que nombrar un jefe de fiscales adicto es tener poder para presionar a sus subordinados e intentar echar a los que la investigaron en supuestos casos de corrupción como los fiscales Carlos Stornelli, Raúl Pleé, Eduardo Taiano o Carlos Rívolo, entre otros.
Y así crear miedo entre ellos. Si fiscal no hace un requerimiento de instrucción (acusa), no hay causa. Influir sobre unos 300 fiscales penales de todo el país es el sueño de todo político con problemas judiciales.
Sobre todo para el año que viene cuando se ponga en vigencia a nivel nacional el nuevo código procesal penal que se basa en un sistema acusatorio en el que los fiscales investigarán y los jueces decidirán en base a las pruebas recolectadas por los primeros.
Desesperado, la semana pasada el diputado ultra K y ex director de Contrainteligencia Rodolfo Tailhade anunció que iba a denunciar a Casal por supuesto enriquecimiento ilícito, pero el procurador se autodenunció ante la Justicia. La senadora Silvia Elias de Pérez denunció con criterio que se lanzó “una caza de brujas” contra los fiscales que investigaron a Cristina.
Este tercer plan viene ejecutado por el ex diputado ultra K Martín Soria -quien reemplazó a la moderada Marcela Losardo- empezó una negociación entre bambalinas con varios de los 25 diputados indefinidos y con asociaciones de magistrados y fiscales.
El jueves dio un paso adelante cuando consiguió el voto del diputado por Mendoza, apodado “el loco de la frazada”, José Luis Ramón y los otros cinco miembros de su minibloque. En la oposición sospechan que además de la creación de una procuraduría especializada en el derecho de los consumidores, Soria estaría negociando también mandatos que se vencen por cargos y otras vituallas de la política.
Además, advierten en la oposición la competencia para la defensa del consumidor corresponde a las justicias provinciales, por lo crearía un debate constitucional que terminaría en la Corte.
Por lo que trascendió hasta ahora, Soria negocia aspectos secundarios del proyecto, no los de fondo que son los que le interesan a Cristina. Ella ya logró anular uno de sus ochos procesamientos, el que tenía en la causa dólar futuro. Ahora presiona por el juicio por el Pacto con Irán y necesita esta ley para poder seguir despejando sus problemas con la Justicia.
El proyecto votado por el Senado propone que los procuradores interinos no puedan durar más de 6 meses. Si esto se vota Casal debería renunciar automáticamente porque hace casi tres años que está en el cargo. Se trata de un funcionario de carrera que no responde a ninguna facción política.
Para seguir adelante en su plan necesita disminuir la mayoría necesaria en el Senado para la designación del nuevo procurador. Hoy el candidato debe recibir el acuerdo de los 2/3 del Senado (48 votos). En cambio, el proyecto propone que se vote solo por mayoría absoluta, es decir 37 votos.
Así, el nuevo jefe de los fiscales podría ser designado con el voto del bloque mayoritario del Frente de Todos, sin el consenso de ninguno de los otros bloques parlamentarios. Al procurador se le impondría un plazo de mandato de 5 años (hoy es vitalicio), renovable por una única vez, lo que –a criterio de expertos- incentivaría al elegido a buscar el favor del oficialismo para la renovación de su mandato.
Además, el nuevo procurador quedaría condicionado, toda vez que el proyecto reduce las mayorías necesarias para que los diputados lo acusen por mal desempeño y para que el Senado lo suspenda y lo eche. También pasarían este paso de necesitar los 2/3 a la mayoría absoluta de sus miembros.
Así, la misma mayoría del oficialismo de turno que lo designó, podría correrlo del cargo sin el consenso de los otros bloques.
Para colmo, se propone que la Comisión Bicameral de monitoreo y control del Ministerio Público del Congreso, que el Frente de Todos controla, elija quién va a suplantar al procurado en caso de licencia o vacancia. Ahora lo reemplaza el procurador con más antigüedad, como pasó con Casal cuando en el 2017 renunció Alejandra Gils Carbó.
El diputado opositor y miembro de las comisiones en que se debatirá el martes, Pablo Tonelli, prometió que “haremos todo lo posible para que no se apruebe” el proyecto y pidió el apoyo de la ciudadanía.
Tonelli sospecha que los K, luego de imponer su mayoría en comisión, podría empezar el debate de la ley en el recinto de la cámara baja el miércoles. “Si hablamos de una sesión ordinaria, tienen que pasar como mínimo siete días desde el despacho de la comisión hasta la realización de la comisión”, explicó a radio Milenium.
Pero en la Cámara “hay un criterio de que cuando se trata de una sesión especial y no de tablas, no hace falta esperar esos siete días. Ellos podrían someter a aprobación el dictamen en la sesión que ya está convocada para el miércoles”. Podrían hacerlo “no digo que lo vayan a hacer pero podrían” y llamó a estar en alerta.
La vicepresidenta tiene que hacer aprobar este tipo de leyes antes de que empiece la campaña electoral por las elecciones parlamentarias de noviembre.
Tonelli consideró que “son excesivas” las atribuciones que el proyecto de ley le da a comisión bicameral de control y seguimiento del Ministerio Público que presidente el senador K Claudio Doñate. Es como si el procurador, que es un cuarto poder independiente, quedaría sujeto al Congreso, resaltó el diputado.
Además, si cambian “la composición del jury a los fiscales, el oficialismo podría tener allí una mayoría cómoda como para no solo suspender sino eventualmente restituir o remover fiscales”.
“Esta es una de las cosas que a nosotros nos parece inaceptable porque el control y el dominio sobre los fiscales pasaría a ser absoluto de parte del oficialismo”, agregó.
Así “perdería el Ministerio Público la autonomía que le garantiza el artículo 20 de la Constitución Nacional”, resaltó.
El jury para fiscales tiene 7 miembros y se necesitan dos tercios de los votos (5 miembros) para remover un fiscal por mal desempeño de funciones u otra causal.
El proyecto de reforma habilita a que el Tribunal sesione con un quórum de 4 miembros, pero fuentes del Frente de Todos aseguraron que en el dictamen de Diputados quedará explicitado que para el dictado de sentencias condenatorias o absolutorias “seguirá siendo necesarias las mismas mayorías que en la actualidad”. Es decir, “4 votos para toma general de decisiones y 5 votos para remover a un fiscal”.
Sobre la composición de ese tribunal, Soria también habría aceptado modificar el proyecto original y agregar “un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un abogado”, tal como habían reclamado fiscales con los que se reunió.
De esa forma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (1 por la mayoría y 1 por la minoría), un representante del consejo interuniversitario nacional, un abogado y dos fiscales.
Y así el oficialismo lograría sacarse la oposición de los fiscales al proyecto de Cristina quedando con menos resistencias para echar a Casal.
Fuente Clarin
