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El proyecto de ley sobre biocombustibles que el oficialismo impulsa en la Cámara de Diputados incluye un ítem que preocupa más allá de la actividad: es el que otorgaría la posibilidad de una intervención estatal en el mercado de soja y maíz, los principales granos que produce la Argentino y que son los insumos del biodiesel y el bioetanol.
En un plenario de dos comisiones, la de Energía y Combustibles y la de Presupuesto y Hacienda, se emitió un dictamen favorable al proyecto 1621, firmado por 15 legisladores entre los que destacan Omar Félix (Frente de Todos-Mendoza) y Marcos Cleri (Frente de Todos-Santa Fe, y está en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara Baja en una próxima sesión.
El oficialismo impulsa un proyecto de ley sobre biocombustibles que podría llevar al recinto de sesiones en las próximas semanas. El 12 de julio vence la prórroga a la ley 26.093.
Entre las atribuciones que se le darían a la Autoridad de Aplicación (AdA) del nuevo marco regulatorio, la secretaría de Energía de la Nación, el inciso g) del Artículo 3° establece “garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria”. Y para ello contempla que se puedan “arbitrar y establecer los mecanismos que (la AdA) estime necesarios”.
Si bien se indica que es “a los a fines de que la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos”, preocupa la injerencia estatal entre el juego de la oferta y la demanda y la libertad para comercializar o no, a nivel interno o con destino exportador.
La determinación del precio de los biocombustibles deberá “garantizar una rentabilidad determinada” por la AdA, según se estipula en el artículo 14 del proyecto, pero inquieta que durante la vigencia de la normativa actual, especialmente en el último tiempo, eso no se cumplió, a pesar de tener fuerza de ley.
El actual escenario de restricciones a las ventas externas de carne funciona como una alerta en las cadenas productivas de maíz y soja y otras ligadas a los biocombustibles. En ese sentido se expresaron la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la Bolsas de Cereales y de Comercio de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara de Bioetanol de Maíz (BIOMAIZ), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro Exportador de Cereales (CEC) y Confederaciones Rurales Argentina (CRA)
Las entidades se consideran en alerta por eventuales avances de los poderes políticos sobre el funcionamiento de los mercados detrás de esta propuesta sobre el nuevo marco regulatorio sobre biocombustibles, que tendría una vigencia hasta diciembre de 2030, con posibilidad de prórroga por 5 años.
Remarcaron que “además de la drástica reducción de la demanda de biocombustibles, factor que provocaría el cierre de empresas y el fin de una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina, el proyecto habilita a la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Energía) a manejarse con extrema discrecionalidad y a intervenir en mercados que no son ni deben ser de su incumbencia”.
Ejes del proyecto oficialista
Entre los aspectos principales del proyecto que se discute para después del 12 de julio, cuando venza la prórroga a la Ley 26.093, se destacan la reducción del 10 al 5% en el corte obligatorio del gasoil con biodiesel a base de soja, que podría incrementarse y también reducirse al 3%.
El corte de las naftas seguirá siendo como actualmente, del 12% El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tendrá un porcentaje nominal de 6% de mezcla mínima obligatoria, sujeto a variar en caso de escasez, mientras que el elaborado a base de maíz tendrá un porcentaje nominal de 6% de mezcla, pudiendo reducirse a 3%.
Críticas sectoriales
Desde CARBIO advirtieron que “el proyecto presentado por el oficialismo no tuvo debate y será perjudicial para la Argentina”.
En la cámara que representa a las principales empresas productoras y exportadoras de biodiésel del país están convencidos de que esa iniciativa parlamentaria “eliminará toda posibilidad de desarrollo futuro de los biocombustibles y de toda una cadena de derivados que podrían traccionar una nueva industria oleo química”.
Sostiene que “el proyecto no tiene en cuenta los valiosos aportes de los biocombustibles a la preservación del medio ambiente, a las cadenas agroindustriales ni la generación de empleo de la industria”.
“Desde CARBIO siempre bregamos por un amplio debate del tema partiendo de la base del proyecto desarrollado por la Liga de Provincias Bioenergéticas, con la participación de toda la industria y que luego de un trabajo de dos años culminó en el texto presentado en el Congreso por el diputado nacional Carlos Gutiérrez (ver más abajo),” dijo Luis Zubizarreta, presidente de la entidad.
La cámara también consideró que “es clave salir de la discrecionalidad, por la que el Estado define qué empresa vende y a qué precio, cuando es el mercado el que debe definir ambas variables, ya que así funcionan los mercados de biocombustibles en todo el mundo”.
CARBIO pidió a los legisladores “abrir un amplio debate que incluya a todos los sectores, incluso a quienes no comulgan con el proyecto de diversificar la matriz energética en favor del medio ambiente, de modo de lograr una ley que no beneficie a ningún sector o empresa en particular sino a los intereses de toda la Argentina”.
Dictamen para tratarse en el recinto
El avance del proyecto oficialista en la Cámara de Diputados cuenta con el aval mayoritario del kirchnerismo, en medio del rechazo de la oposición y de amplios sectores de la agroindustria.
El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, de Consenso Federal, pidió “que se reflexione sobre la importancia de no bajar los porcentajes y los niveles de mezcla, ni en el caso del biodiesel, ni de bioetanol”. Y señaló que deberían haber estado presentes los ministros afines al tema. “Juan Cabandié seguramente podría haber traído su mirada sobre la posición del Ministerio de Ambiente en torno a esto. Lo mismo Luis Basterra, que promueve la industrialización del agro como un pilar fundamental de su gestión”.
Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado del lavagnismo, pidió no bajar los porcentajes y los niveles de mezcla”.
Uno de los autores del proyecto y presidente de la comisión de Energía y Combustibles, Omar Félix (Frente de Todos- Mendoza) aseguró que “se busca dar previsibilidad y certeza a una actividad económica que queremos siga creciendo”. Pero su par coterránea, Jimena Latorre (UCR-Mendoza) aseguró que” la finalidad de los biocombustibles es el recambio de la matriz energética para cumplir con la reducción de impacto ambiental y este proyecto no tiene sustentabilidad ni promoción”.
Por su parte, Juan Manuel López (CC ARI- Buenos Aires) insistió en que al debate le faltaron datos y análisis concretos sobre la situación energética del país. “No entendemos por qué se cambia el régimen de la manera que se cambia. Algo pasó, no sabemos qué, pero es bueno que no solo nosotros que tenemos que decidir, sino quienes invirtieron durante 15 años, tengan sus razones”.
Fuente Clarin
