Los robos, los homicidios, los casos de abuso, las defraudaciones, los delitos contra la propiedad y falsificaciones, es decir, los temas que más preocupan a la ciudadanía, son los que debe resolver la justicia Criminal y Correccional de la Ciudad. Pero con cargos vacantes en todas sus instancias, funciona cada vez de forma más colapsada, retrasando muchas resoluciones. Hace un año y tres meses, el presidente Alberto Fernández retiró del Senado para “analizarlos” 49 pliegos de candidatos que correspondían a este fuero clave, y desde entonces no volvió a presentarlos.
Lejos de la disputa de la Casa Rosada con la justicia federal, que se ocupa de investigar al poder político, se encuentra el fuero que atiende los reclamos del ciudadano de a pie y que poco se incluye en los planteos con los que el gobierno busca reformar al Poder Judicial en busca de una mejora del sistema.
El fuero Criminal y Correccional Nacional de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más críticos: cuenta con vacantes en todas las instancias y el número predominante es en los juzgados de instrucción.
Por ejemplo, en esa primera instancia los juzgados son 63, de los cuales cerca de 20 no tienen jueces titulares: son cubiertos con subrogancias prorrogables por seis meses. “El Estado así se ahorra el 66% de un salario, cubriendo los puestos con jueces suplentes que a veces están en más de un cargo, lo que por supuesto demora todos los casos”, explicó una fuente judicial a Clarín. En los pliegos retirados por el Poder Ejecutivo había ocho que eran de magistrados para esa instancia.
Los Tribunales Orales ordinarios son 28, que deben integrarse con 84 magistrados: casi el 30% de esos cargos están vacantes. De los pliegos retirados por el presidente Alberto Fernández, 24 correspondían a la cobertura de estos puestos.
No son las únicas instancias del fuero que cuentan con cargos sin cubrir. La Cámara en lo Criminal y Correccional cuenta con cinco salas que deben constituirse con tres jueces cada una. Hay cuatro puestos sin cubrir con magistrados en carácter de titular.
La Cámara de Casación Nacional también tiene cuatro vacantes. Una de ellas iba a ser cubierta por Daniel Rafecas, el candidato del Presidente para asumir como Procurador General de la Nación, pero que no contó con el apoyo del kirchnerismo que, por el contrario, busca avanzar con una modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal.
La vacancia de cargos importantes también se observa en los Tribunales Orales de Menores en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, donde hay cuatro puestos vacíos.
Las ausencias en los nombramientos alcanzan también a quienes integran el Ministerio Público Fiscal. Hay tres cargos disponibles para Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, pero según fuentes judiciales esa cantidad sería aún más alta a raíz de la reforma del sistema previsional del sector, que impulsó a muchos a concluir con su trámite jubilatorio.
Para defensor Público Oficial ante los tribunales orales del fuero hay dos cargos sin cubrir, como también la defensoría oficial de Primera Instancia y ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, donde hay seis puestos sin titulares.
Con este escenario, la subrogancia es la metodología para subsanar la falta de nombramientos que trae aparejado, como muchos jueces y fiscales definen, un “colapso permanente del fuero” y un “retraso constante en la respuesta que la justicia debe dar a la ciudadanía”.
Fuente Clarin
