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La Asociación para la Reintegración de Crimea hizo entrega de su presentación al Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación – el Sr. Clément Nyaletsossi Voule -, para su informe sobre el cambio climático en la 76a sesión de la Asamblea General de la ONU.
Nuestra presentación puso de manifiesto la situación con respecto a la actual crisis del agua y el hostigamiento en relación a los derechos humanos, en concreto, al derecho de reunión pacífica y asociación en Crimea. Se trata de las cuestiones acerca de la política humanitaria, financiera, industrial, medioambiental y social implementadas de forma ineficaz por parte de las “autoridades” rusas de facto en Crimea que provocaron la crisis del agua y que viene agravándose desde el 2020 en la región de Ucrania.
Por nuestra parte, le hemos señalado al Relator que el activismo por la causa climática, así como las reuniones y asociaciones pacíficas, son imposibles en la Crimea actual. Las “autoridades” de facto rusas prohíben y castigan cualquier actividad civil en la península que no esté bajo su supervisión.
Estas mismas “autoridades” prohibieron el Mejlis o Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea en 2016, y desde 2014 ya han castigado a centenares de personas que intentan celebrar asambleas, incluyendo las convocadas contra la política del agua en Crimea en 2020. Los residentes de Crimea intentaron recolectar firmas contra el desempeño de las “autoridades” de facto en 2020 en Simferópol, y contra la construcción de una planta desalinizadora de agua en Yalta. Como consecuencia, los responsables de la recogida de esas firmas fueron multados de forma ilegal.
La Asociación agregó que los métodos más habituales para restringir el activismo civil en Crimea consisten en la prohibición total de las asambleas y las ONG, las multas ilegales contra sus participantes y organizadores, y el hostigamiento hacia los activistas civiles y blogueros que ponen de manifiesto los cambios climáticos y los problemas de la crisis del agua, incluyendo detenciones, allanamientos y causas penales. En 2020, la activista pública de Yalta, Ludvika Papadopulu, padeció algunos allanamientos “policiales” en su apartamento, relacionados con sus publicaciones sobre ecología y derechos humanos. En 2021, las “autoridades” de facto de Rusia iniciaron procesos penales basados en los cargos de “terrorismo internacional” y “extremismo” contra algunos activistas y blogueros ucranianos, incluidos los miembros de nuestra Asociación, que reflejaban el impacto negativo de la política rusa en la crisis del agua en Crimea.
Y también le hemos recordado al Relator que el pueblo nativo tártaro de Crimea cuenta con su propio organismo representativo, el denominado Mejlis o Congreso, y un sistema de congresos locales. Todos ellos fueron prohibidos por las “autoridades” de facto de Rusia en 2016 acusándolos de ser “estructuras extremistas”; y en este momento, el pueblo nativo no tiene ninguna posibilidad práctica de influir en la política industrial, social y militar de Rusia que causó la crisis del agua en Crimea, en el contexto del cambio climático. Por otra parte, Rusia no ejecutó la orden directa de la CIJ de cancelar la prohibición del Mejlis desde 2017 hasta nuestros días.
La presentación señaló que los ejemplos antes mencionados de represiones por parte de las “autoridades” de facto rusas (procesamiento penal de los activistas ucranianos Ihor Lutsenko y Borys Babin, allanamientos contra Ludvika Papadopulu, multas contra los miembros de las asambleas contra la política del agua en Yalta y Simferópol) muestran cómo las “autoridades” de facto rusas violan sistemáticamente los derechos civiles, incluido el derecho de reunión y asociación, tratando de ocultar el impacto negativo de la política rusa sobre la crisis del agua en Crimea en el contexto del cambio climático.
La Asociación destacó su confianza de que la investigación especial de la ONU sobre la conexión de los derechos civiles y los derechos ecológicos al agua y el saneamiento en situaciones de cambios climáticos, conflictos armados y las relacionadas “zonas grises” como Crimea, realizada por el Relator Especial de la ONU, puede ser un punto de partida para mejorar la situación. Hemos invitado al Relator Especial a Ucrania, incluida Crimea, teniendo en cuenta que su presencia in situ contribuirá a la recopilación de información y permitirá al Relator tener una impresión de primera mano sobre la situación del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación en esta región. También recomendamos en la presentación a la Misión de Monitoreo de los Derechos Humanos de la ONU, en Ucrania, que realice un seguimiento más activo de los problemas de la crisis del agua en Crimea y las violaciones de derechos humanos cometidas por las “autoridades” de facto rusas con respecto a este tema.
En 2021, el Relator Especial de las Naciones Unidas acerca de los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente ya habían desarrollado la presentación de la Asociación relacionada con los problemas de la crisis del agua. Los respectivos informes de los Relatores fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
