“La paritaria es un acuerdo de partes. No hay norma que nos autorice a impedir que un gremio quiera negociar el convenio cuando el anterior está vencido”.
Así responderían en el Ministerio de Trabajo al pedido de las clínicas, sanatorios y hospitales privados nucleados en la Federación Argentina de Prestadores de Salud – FAPS – de suspender la paritaria del sector que debe negociar los salarios de 4 convenios colectivos de Trabajo que engloban a más de 200.000 trabajadores.
Por la paritaria del año, el sector debe reunirse el próximo jueves.
La FAPS fundamentó su pedido en la falta de recursos. A pesar de la “asistencia financiera excepcional otorgada a los Agentes del Seguro de Salud y los aumentos de valor de cuota autorizados a las Entidades de Medicina Prepaga”, dicen en la nota elevada al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, “no existe posibilidad para nuestro sector de poder estructurar oferta alguna sin los recursos suficientes”.
Desde la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) que comanda el dirigente cegetista Héctor Daer, rechazaron la postura empresaria. “No vamos a resignar ingresos ni suspender las paritarias. No vamos a tolerar excusas ni explicaciones. Los trabajadores de la Sanidad somos la artillería en la batalla contra la pandemia y vamos a exigir que se reconozca nuestro esfuerzo”.
Los convenios en cuestión son el N° 103, que venció el 31 de mayo, y los convenios 122, 108 y 459 que vencen el 30 de junio.
En abril, por la mayor inflación, hubo un ajuste del 16% de lo acordado en 2020 para alcanzar el 36% de inflación del año pasado y se fijaron nuevas escalas básicas que, en el convenio N° 103, van de $ 49.734 a $ 60.450.
Para llegar a ese acuerdo, se selló un aumento un 4,5% en abril y un 5,5% en mayo de las cuotas de los afiliados a la medicina prepaga, un reconocimiento de lo que paga el PAMI a los prestadores del 34% dividido en cuatro tramos (12% en enero, 9% en abril, 9% en junio y 4% en octubre) y de las obras sociales del 4,5% en abril y un 5,5% en mayo.
La “asistencia financiera” se refiere al REPRO, a la eximición de las contribuciones patronales y a la reducción de las alícuotas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios que según el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero representan para el Estado una erogación de $ 36.000 millones.
No obstante, según FAPS, la pandemia, “sin antecedentes en la historia reciente del mundo, debe ser afrontada por el sector de prestadores de la salud privada sin reconocimiento de aranceles por parte de los financiadores, en algunos casos desde el año 2019; con diferimientos en los pagos que recibe y que producen un ahogo financiero que ya ha generado el cierre de establecimientos; con la necesidad de asumir costos igualmente inéditos debido a la refuncionalización de sectores que la atención de pacientes con COVID-19 requiere y de asumir otros costos destinados a equipar dichos sectores, por ejemplo, con respiradores e instrumental de terapia intensiva y con los sectores de emergencia y asistencia médica domiciliaria, asumiendo la atención de situaciones críticas que le resultan ajenas por no poder derivar en tiempo y forma pacientes al sistema sanatorial debido a la escasez de plazas”.
Firman el pedido una decena de Cámaras de Clínicas, Sanatorios, Emergencias Médicas, Hospitales Privados, Centro de Diagnósticos, Establecimientos Geriátricos, Instituciones de Salud Mental, entre otros.
SN
Fuente Clarin
