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No se tienen que escapar, ni obstaculizar la investigación. Si quieren salir del país primero deben pedir permiso al juzgado. No pueden acercarse ni hacer contacto con quienes fueron parte de la congregación que lideraban y menos que menos pasarle cerca a las víctimas que los denunciaron
Estas fueron las condiciones que el pasado 17 de junio le impuso el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto a 14 de los 18 procesados de la causa conocida como “Templo Filadelfia”. Así se llamaba la secta -de corte evangelista- acusada de explotar a sus files durante décadas haciéndolos trabajar gratis en panificadoras cuyos productos luego debían ubicar a traves de la venta ambulante.
La explotación laboral es la imputación principal del expediente en el que ya se identificaron unas 100 víctimas. Pero el caso también incluye denuncias de abusos sexuales en rituales religiosos, matrimonios impuestos, apropiación de menores y hasta un episodio de posible instigación al suicidio de un joven al que atormentaron luego de que comentara que era gay.
La causa estalló en mayo del 2019 durante una primera tanda de operativos. Por entonces cayó casi toda su cúpula incluida Eva Petrona Pereyra (76), quien había fundado la congregación en los 70 junto a su hermana Divina Luz y hasta logrado que aceptaran su inscripción en el Registro Nacional de Cultos.
Alguien tan importante en la organización como Eva era Adriana Carranza, su mano derecha e hija de Divina Luz. Pero Adriana falleció cuando la causa estaba arrancando de modo que ninguna resolución la alcanzó.
Julieta (27), víctima del Templo Filadelfia.
En el expediente sí fueron procesados, con prisión preventiva, sus hermanos Ramón y Olga Carranza y su hijo Pablo. También el pastor principal, Rigoberto Mora Bogado, y su hija Ruth Elizabeth Mora Bogado.
Pero a partir del fallo del pasado 17 de junio los acusados quedaron separados en dos pelotones: los del “núcleo duro” y los más “periféricos”, caracterización con la que no coincide la abogada mariana Barbitta, que representa a cinco hermanos presentados como querellantes en el expediente.
En base a esa distinción de “núcleo duro” y “periféricos” el juez sólo mantuvo la prisión preventiva, por un año más, de cuatro de los procesados: Eva Petrona Pereyra (que por su edad goza de prisión domiciliaria), Carlos Barrionuevo, Mónica Gutiérrez y Rigoberto Mora Bogado.
Al resto de los acusados (14 en total, entre ellos los Carranza y Ruth Mora Bogado) se les concedió la excarcelación al considerar que pasaron 2 años presos sin un veredicto. Para ser más exactos, lo que Tezanos Pinto fue no prolongarles la “prisión preventiva”.
“La verdad es que el fallo es contradictorio y por eso lo cuestionamos. Por un lado considera a algunas personas fuera del “núcleo” duro pero a su vez sostiene que esas mismas personas participaron de la ejecución de los delitos”, le dijo a Clarín Mariana Barbitta, quien apeló el fallo y ahora la decisión quedó en manos de la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín.
Allanamiento en el templo Filadelfia, en La Matanza. Investigan violaciones, apropiación de menores, reducción a la servidumbre y vejaciones.
“Ahora toda esta gente esta libre y Julieta, que se animó a denunciarlos, tiene legítimo temor de cruzárselos o que les hagan algo”, concluyó Barbitta. La denuncia contra el templo fue realizada en 2018 por Julieta Coria, una joven cuya madre entró al culto en la crisis del 2000 con sus seis hijos. Luego se le sumaron cuatro de sus hermanos.
En la Sala II de la Cámara Federal de San Martín también está, aún sin resolver, el segundo procesamiento de febrero pasado que la Justicia federal hizo sobre los líderes de la secta.
Historia de una secta
En la resolución del 11 de febrero, además de procesar a los acusado por una espeluznante gama de delitos, el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto fijó un embargo de 750 millones de pesos: 50 millones por cabeza.
Lo inédito no es tanto por el monto del embargo (que es muy importante) sino cómo se realizó el cálculo destinado a resarcir a las víctimas.
Por primera vez en una causa de trata con fines de explotación laboral se tuvo en cuenta lo que los fieles esclavizados perdieron de ganar de salario en todo el tiempo en el que estuvieron trabajando gratis y en pésimas condiciones para el “Templo Filadelfia”.
Todos los bienes de los acusados están retenidos por la Justicia, incluso algunos ya fueron puestos a disposición del Estado.
“Se entendió para el cálculo preliminar de las sumas de dinero que habría para indemnizar a las víctimas del caso (…) el salario que les hubiera correspondido obtener si en lugar de ser explotadas hubieran trabajado libremente y conforme a las leyes laborales”, dijo el juez en esa resolución.
Tezanos Pinto heredó una investigación realizada por su colega Néstor Barral (que ascendió al cargo de camarista en 2020), su secretaria Mariana Sioli y una delantera de fiscales muy experimentados: Santiago Marquevich y los responsables de la Protex: Marcelo Colombo y María Alejandra Mangano.
La historia del “Templo Filadelfia” -nacido en San Justo- se remonta a los años 70 cuando fue fundado por las hermanas Divina Luz y Eva Petrona Pereyra. Para sus fieles -casi siempre familias vulnerables- ellas eran las mensajeras de Dios y por lo tanto todo lo que les dijeran y ordenaban estaba fuera de discusión. Cuando Divina Luz murió en 1998 la sucedió su hija, Adriana del Valle Carranza.
La causa empezó en la Justicia ordinaria pero pasó rápidamente a federal cuando los testimonios comenzaron a hablar de tráfico de personas entre los diversos centros del templo en Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Bahía Blanca y hasta en Paraguay.
Los bienes que fue comprando con el fruto del trabajo esclavo de sus seguidores incluyen departamentos, autos y campos. Todos están congelados por orden de la Justicia. Por lo pronto una flota de 10 autos ya fue puesta a disposición del Estado para su venta.
GL
Fuente Clarin
