Se trata de Ricardo Borinsky, perteneciente a Sala III de la Cámara. Ya son dos los pedidos de juicios políticos en su contra, ambos por prevaricato. Lo acusan de resolver unilateralmente la excarcelación de detenidos, en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio.
En abril pasado, el juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Horacio Violini, tomó notoriedad pública por aceptar la liberación de reclusos bajo el argumento de ser considerados “población de riesgo”, en un escenario donde recién comenzaba la cuarentena estricta y dadas las condiciones edilicias pésimas del sistema carcelario, para evitar la propagación del virus. Tras su visto bueno, más de cien personas fueron excarceladas, lo que generó una polémica en la sociedad argentina y en la opinión pública.
Ricardo Borinsky.
En esta ocasión, el señalado es un Ricardo Borinsky, vicepresidente de la Sala 3 del Tribunal de Casación bonaerense. En la causa “Personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario, Alcaidías y Comisarías de la Provincia de Buenos Aires S/ Habeas Corpus colectivo y correctivo”, el letrado es sindicado como responsable de otorgar la prisión domiciliaria a convictos sin exigir explicaciones mediante, por lo que ya tiene dos solicitudes de jury en su contra por prevaricato.
De esta manera, el camarista resolvió: “Rechazar el pedido de que este Tribunal asuma el monitoreo y evaluación de la ejecución del presente y el pedido efectuado por la Asociación Civil ‘Fortalecidos por el dolor’, de informar los nombres y causas de los detenidos que fueron o serán liberados”. Por otra parte, dispuso: “Ampliar la resolución, haciendo saber a los jueces que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias dispuestas de conformidad con los criterios establecidos en el presente, aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza y que deberán comunicar las mismas a las víctimas”.
Luego de hacer resolutoria esta disposición a firma unipersonal y otorgar la consecuente acción de habeas corpus colectivo y correctivo, el ciudadano platense Guillermo Plot, patrocinado por el doctor Darío Saldaño, lo acusó por “presunta comisión de los delitos de prevaricato (artículo 269), abuso de autoridad (248 del Código Penal) y mal desempeño de su función en las situaciones que se determine hubiere cometido”. Además, fundó su presentación judicial en la “gravedad institucional” que representa la sentencia dictada por el letrado señalado.
Fuente Realpolitik
