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Cristina Kirchner volvió a usar los aviones de la flota presidencial para viajar a San Cruz como lo hizo en forma constante durante sus dos presidencias entre el 2007 y el 2015. Esta vez, como vicepresidenta, ya viajó 13 veces a su provincia desde diciembre de 2019 de esa forma y en algunas oportunidades hasta para ir y volver en el mismo día.
El diputado de Juntos por el Cambio Alvaro De la Madrid y la abogada Silvina Martínez reclamaron que la vicepresidenta explique si se trató de viajes oficiales para los cuales sí puede usar esos aviones o por razones personales lo que “no está permitido”, según su criterio, para una vicepresidenta.
Para De La Madrid, la flota presidencial “es de uso del presidente y para viajes relacionados a su rol. Esto lo habilita a volar para inaugurar obras, al interior, por ejemplo, y al exterior aprobados por el Congreso”. “Pero la flota no es para vice y menos para viajes por motivos personales”, resaltó el legislador Santacruceño.
Cada vuelo tiene un valor de mercado de más de US$20 mil y de 14 mil para aviones oficiales. Entonces, se gastó aproximadamente unos 200 mil dólares en estos viajes pagados por el Estado, sin contar otros gastos como los de su custodia, estimó Martínez.
En vez de viajar en un vuelo de línea, la vicepresidenta usa el Tango 10 Learjet 60 o el Tango 11 que es también es del mismo modelo. Tienen una capacidad para 13 pasajeros y son muy confortables. Pertenecen a la Fuerza Aérea que los cedió a la Casa Rosada.
Esa cifra de 200 mil dólares surge del hecho de que Cristina viajó 13 veces en los aviones presidenciales. Desde que renunció en marzo a su salario como vicepresidenta utiliza la flota presidencial, según informó la abogada Silvina Martínez en el programa de TV La Cornisa de La Nación +.
“Cristina comenzó a utilizar los vuelos de la flota presidencial cuando renunció a su salario como vicepresidenta de la Nación”, explicó Martínez. Hasta marzo, la vicepresidenta utilizaba los vuelos Aerolíneas Argentinas para llegar a El Calafate los fines de semana. La abogada cree que hasta ese momento, Cristina tenía pasajes aéreos gratis como los senadores.
En marzo, la vicepresidenta renunció a su sueldo de unos 300 mil pesos mensuales y pasó a cobrar dos polémicas pensiones honoríficas de unos 1,6 millones de pesos, más una compensación de 100 millones, según diputados de Juntos por el Cambio. Los cobra pese a que el fallo que se lo concedió aún no está firme.
La abogada especialista en tema de corrupción, Silvina Martínez, indicó que los vuelos se produjeron entre los meses de abril a junio de 2021, ya que, anteriormente, la vicepresidenta solo usaba aviones de línea.
La información oficial brindada por el Gobierno ante un pedido de acceso a la información es incompleta. “No revela, por ejemplo, quienes acompañaron a la vicepresidenta” a Río Gallegos o a El Calafate, agregó Martínez.
Solo se consigna que viajaron, además de Cristina Fernández de Kirchner, su “custodia y personal de apoyo” sin aclarar ni cantidad de personas ni los nombres y apellidos.
La vicepresidenta puede usar los aviones presidenciales para viajes oficiales, a criterio de Martínez, pero “no para uso personal” como irse a descansar a su “lugar en el mundo” los fines de semana.
Entre los datos más curiosos, se comprobó que la vicepresidenta, en varias ocasiones, permaneció menos de 24 horas en el Calafate o Río Gallegos.
Por su parte, el diputado De la Madrid afirmó que “el uso sin ningún tipo de control de la flota por parte de Cristina Kirchner, demuestra que utiliza los servicios que corresponden a la casa presidencial sin ningún tipo de límites”.
Los vuelos “fueron realizados para su beneficio personal y no en función del cargo”, destacó en un proyecto de resolución que envió a Clarín.
“Esta actitud incorrecta y abusiva no se corresponde a su función, usurpando nuevamente el cargo presidencial, al cual no fue elegida”, resaltó el legislador.
En base a un informe exclusivo del diario digital OPI Santa Cruz, el legislador detalló los viajes que hizo la vicepresidenta desde diciembre de 2019 en los aviones presidenciales.
El legislador recordó “los constantes viajes de la flota presidencial a Santa Cruz hasta el 2015, donde traían funcionarios, pasajeros, bolsos con dinero y muebles, algo judicialmente reconocido por los ex pilotos de aquella época, tal como OPI Santa Cruz fue relatando a lo largo de esos años y declarado por ellos mismos en las causas”.
De La Madrid contrastó estos viajes de Cristina con los problemas de “los santacruceños para disponer del avión sanitario de la provincia” cuando necesitan ser traslados a Buenos Aires para tener atención médica.
En su proyecto, recordó que la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la vicepresidenta por supuesto peculado por “por el uso de aviones presidenciales para uso particular cuando ella y Néstor Kirchner estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo”. A algunos se los llamaba los “vuelos canillita” porque volaban a Buenos Aires a buscar los diarios de los domingos.
Sin embargo, no se la procesó por los “vuelos canillita”, sino “porque, según los pilotos, en los aviones presidenciales se trasladaron muebles y objetos que tuvieron como destino final los hoteles de la familia Kirchner”.
Incluso, según testigos, el ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, bajaba de los aviones presidenciales traía bolsos con dinero en efectivo en esos años. Muñoz invirtió 70 millones de dólares en Estados Unidos y otros 50 en la Argentina, según la causa de los Cuadernos de las Coimas.
“Esa circunstancia (la de los muebles) aleja la posibilidad de cualquier justificación que se le pudiera dar, aún aquella que se ensayó respecto de que había vuelos que debían salir sí o sí y cuyo recorrido podía aprovecharse para el traslado de elementos claramente alejado de las necesidades del Gobierno Nacional”, escribió en su voto el juez Mariano Llorens. Este firmó el procesamiento de Cristina junto a sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esta causa espera que se inicie su juicio oral desde noviembre de 2019.
El delito de peculado castiga al funcionario “que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración nacional” y establece una pena de entre dos y diez años de prisión.
Fuente Clarin
