Solo, depresivo y sin guitarra: tres años de “Pity” Álvarez preso en la cárcel de Ezeiza

“Vos sabés quién soy, te acordás de mí; te acordás cuándo te llevé a la villa. Vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero…”, fueron las primeras frases de Cristian Maximiliano Díaz (36).

Era la 1:30 de la madrugada del jueves 12 de julio de 2018 y Cristian “Pity” Álvarez (49) acababa de bajar de su departamento de la Torre 12 B del Conjunto habitacional Cardenal Antonio Samoré, de Villa Lugano.

“Vos una vez dijiste que me ibas a pegar un tiro, cuando te faltaron cosas en la mochila. ¡Si vas a tirar, tirá!”, fue lo segundo que gritó Cristian, al que en el barrio llamaban “Gringo” o “Gordo”. Agitaba desde uno de los banquitos.

El próximo paso fue el encuentro. Frente a frente. “El Pity” y “Gringo”. “Gato, si vas a tirar, tirá!”, gritó Díaz y le dio un manotazo en la gorra. El músico le hizo caso: sacó su pistola calibre 7.65 y le disparó a la cara. No falló.

Esta historia comenzó con el asesinato de Díaz, que murió en el instante, de cuatro balazos. Y con Álvarez diciendo ante los medios, 20 horas después, al entregarse: “Ese pibe choreaba, era él o yo. Cualquiera hubiese hecho lo mismo”.

El resto de la historia no es muy conocida. Comenzó cuando Álvarez ingresó a uno de los pabellones del Sector Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), para detenidos psiquiátricos, del Complejo Federal 1 de Ezeiza.

“Ella no está dando notas. El hijo se lo prohibió”, es la respuesta que recibe Clarín al intentar llegar a Cristina, la madre de “Pity”. “El Defensor oficial no se lo permite en esta etapa de su detención”. La etapa a la que se refiere es la “Oral”. Es decir, el momento en el que podrían ofrecerle un juicio abreviado, donde recolectan las pruebas y todo lo necesario para el juicio. Luego del juicio, y ya conociendo la condena, comienza la próxima etapa: la “ejecución”. 

“‘Pity’ está muy mal anímicamente. Está depresivo, muy pendiente de la resolución judicial, de su futuro. Y encima tampoco la entiende del todo. Tiene problemas de salud: le descubrieron que es diabético, que sufre de hipertensión. Tuvo Covid y zafó”, cuenta una persona allegada a su familia.

Durante el primer año de su estadía en Ezeiza un amigo se ofreció a llevarle una guitarra. “Pity” se negó. No quiso recibirla. No estaba de ánimo para componer ni para cantar. “En la cárcel anda solo. Siempre estuvo acostumbrado a la soledad; le gustaba. Estar solo en la casa debería haberlo hecho fuerte para el encierro. Pero lo que lo debe matar es no tener la libertad de poder salir y andar por donde quiera, a la hora que quiera. Eso le encantaba”, cuenta otra persona que lo conoció.   

Dos meses antes de su detención alcanzó a grabar su última canción. Se llama “Te entiendo”. También tenía unas cuántas canciones escritas, que nadie sabe dónde están. Hoy, detenido, “vive” y mantiene a su madre y a su hija.

Al ingresar a Ezeiza se encargó de hacerle un poder a su mamá, por intermedio de un abogado. Gracias a ese trámite, ella cobra el dinero correspondiente a las liquidaciones de SADAIC y de Autores. Una parte lo transfiere a la provincia de Córdoba, donde vive la hija de “Pity”. La actualización de la cuota que pactaron es semestral, y se rige según el índice de inflación del INDEC. Otro resto se lo queda para mantenerse y para comprar la comida que le cocina y le lleva a la cárcel.

En cada visita, además, y siempre con lo de las liquidaciones que generan sus canciones de Intoxicados y Viejas Locas, frena en “la cantina”. Todos los penales federales tienen un sector denominado de esa manera. Son una especie de almacén/rotisería donde se pueden comprar productos que luego le ingresarán al interno. Los presos la prefieren toda la vida, antes que la comida que les entrega el Servicio Penitenciario Federal.

Otro gasto que se costea son los medicamentos. Si bien su obra social le cubre una parte, él debe pagar el resto.

En esta etapa, la “oral”, el juicio tenía fecha. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 lo había programado para el 1 de marzo. Se haría por zoom y se habían fijado las cinco primeras audiencias. Pero el abogado de Álvarez pidió posponerlo. Aseguraba que su defendido padecía problemas psiquiátricos, y que el estrés que implica un juicio podría agravar su estado. Entonces, el presidente del TOC 29, el juez Goerner, le ordenó al Cuerpo Médico Forense “con carácter de urgente” un nuevo examen psicológico y psiquiátrico de “Pity”.

Una semana después, con los resultados de los análisis, el Tribunal suspendió el juicio. El informe describió que el artista “sufre de una situación de ‘incapacidad sobreviniente'”, previsto en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación.

En abril de esto año, Javier Marino, el defensor de Álvarez, pidió el sobreseimiento. “Las facultades mentales de Álvarez no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales”, fue uno de sus argumentos.

Además, habló de un “deterioro cognitivo, un estado de depresión y un historial con una profusa ingesta de sustancias tóxicas desde la adolescencia, con el deterioro que ello le hubiese causado a su organismo”. Su último pedido fue una sugerencia, teniendo en cuenta que a “Pity” le faltaban tres meses para cumplir tres años detenido (plazo máximo para una prisión preventiva).

Esta semana la Ley de Salud mental y las adicciones volvieron a la agenda pública por el episodio en el que Santiago “Chano” Moreno Charpentier (39), ex líder de Tan Biónica, recibió un impacto de bala en su estómago por parte de un policía bonaerense. Al parecer, minutos antes, el cantante había sufrido un brote psicótico en su casa de Exaltación de la Cruz.

Bajo ese estado habría amenazado a familiares e incluso a un médico psiquiatra, para luego intentar agredir con un cuchillo al policía.

“Acá solo hay víctimas y mi hijo es una de ellas. Solo pido que hagan algo por la Ley de Salud Mental. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Hace 20 años que pedimos ayuda para mi hijo”, dijo la mamá de “Chano”.

El mismo debate se había dado en septiembre de 2020, cuando Rodrigo Roza (51), vecino de Belgrano, asesinó con un arma blanca al policía Juan Pablo Roldán (34), en Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, a metros del Malba.

Roza murió días después, en un hospital. Tenía problemas psiquiátricos y por la cuarentena obligatoria por el coronavirus su tratamiento había sufrido alteraciones. En marzo último, la Justicia procesó a su psiquiatra. Lo acusan de “abandono de persona” y el “homicidio culposo” del propio Roza.   

Marino, el defensor de “Pity”, planteó como solución “el apartamiento de la justicia penal de la presente causa y la solicitud a la justicia civil para que determine, de ser necesario, una internación en una institución que asegure un tratamiento interdisciplinario”. El plan incluía un traslado de la cárcel de Ezeiza a la clínica Dharma, en Boedo, donde Álvarez había sido paciente. El establecimiento depende de su obra social.

La respuesta del TOC 29 llegó por intermedio de la página del Ministerio Público Fiscal. En la misma, indicaron el cese de la prisión preventiva, el rechazo al sobreseimiento y dispusieron su permanencia en el PRISMA, aunque “de forma permanente”.

Muchos detenidos sostienen que la zozobra previa de un juicio es lo más difícil de una estadía en prisión. Prefieren llegar lo más rápido posible a las audiencias para conocer la sentencia y saber bien cuánto tiempo deberán cumplir en prisión.

“Pity” está en una situación similar. A la espera de algo. Con la angustia de no saber qué será de su futuro. Y si seguirá en la misma situación o termine internado en una clínica. Tal vez desde allí, pueda volver a componer.

GL

Fuente Clarin