Marcelo D’Alessandro lleva pocos días como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, pero conoce los secretos del cargo ya que fue secretario del área durante seis años hasta que asumió formalmente, el viernes último, tras la renuncia de Diego Santilli, quien se alejó para dedicarse a la campaña que lo tiene como precandidato a diputado nacional por la Provincia.
Abogado de 46 años, casado y con dos hijas, hincha de Boca, entró al Gobierno de la Ciudad en 2007 como jefe de Gabinete de la Dirección General de Administración de Infracciones. Fue diputado nacional durante el período 2013/2016. Ya como funcionario de Seguridad, lideró la creación de la Policía de la Ciudad (ex Metropolitana).
Tiene a su cargo una fuerza con 26.000 agentes (19.500 están en las calles), más de 10 mil cámaras de seguridad controladas en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), en Chacarita, y un Anillo Digital con 498 cámaras lectoras de patentes que identifican los vehículos que entran y salen de la Ciudad por 74 puntos a lo largo de la avenida General Paz y los puentes sobre el Riachuelo.
El Anillo Digital de Seguridad. Foto Archivo.
-Ya venías con la gestión en el área, pero más allá de eso ¿cuáles serán los ejes de esta nueva etapa como ministro?
–Ahora la responsabilidad es absoluta, pero en términos generales es una continuidad. Nosotros entendemos cómo es el policía que necesita la Ciudad. Está basado en la cercanía y en la proximidad con el vecino. Tenemos un despliegue territorial consolidado. Además, nos basamos también en la transparencia y en la capacitación. Y después trazamos diferentes ejes a los que fuimos dándole forma a lo largo de la gestión, que básicamente trabaja muy fuerte en la tecnología.
-La violencia narco en las villas sigue fuerte. ¿Se siente la presencia policial?
-Cuando asumimos, teníamos el índice de homicidios dolosos más alto en la Ciudad que era la villa 31, Ahí se hizo una prueba piloto, de “Barrios Seguros”. No era solo ir contra el menudeo, ir y romper, no era sólo eso. Teníamos más de 200 pibes como satélites, dealers, se había instalado el narco. Ahora cayó muy fuerte, con mucha presencia del Estado. Hoy, en la 31 bajó estrepitosamente ese índice de homicidios. Es el primer barrio vulnerable con centro de monitoreo propio y vamos a seguir instalando.
-¿Y el combate a las grandes bandas?
-La Justicia federal se encarga de las grandes bandas, del seguimiento. Nosotros apuntamos al tema del bunker que pudre los barrios.
Tapiaron el búnker de drogas número 36 en la Ciudad de Buenos Aires. Fue en la villa Zavaleta.
-¿Cómo funcionó el traspaso de la seguridad en las villas que antes correspondía a Nación?
-Cuando se hizo el traspaso, se había acordado que se quedaban las fuerzas federales en lugares como la 1-11-14, la 21-24, el barrio INTA, Cildañez y con presencia en Puerto Madero… unos 4.500 agentes. Eso funcionó realmente muy bien. Se lograron muchos avances. Pero con el nuevo Gobierno nacional primero se fueron de Puerto Madero, después de la 21-24, de todas. Solo quedaron en la 1-11-14. Eso nos trajo un problema de recursos. Pero en términos generales nos sirvió para tomar el control territorial. En 10 meses del año pasado, ya con nuestra gestión en esas zonas, bajamos el delito y los homicidios.
-¿Cuándo se van a hacer cargo de la seguridad en la villa 1-11-14?
-Si cumplen lo que dijeron, las fuerzas federales se irán en 2023. ¿Tenemos un problema de cantidad de personal? Y sí. Pero si nos tenemos que hacer cargo, obviamente nos vamos a hacer cargo.
El ministro, en su despacho. Foto: Andrés D’Elía.
-¿A nivel de la Justicia cómo se está trabajando?
-Con el fiscal general de la Ciudad estamos trabajando muy bien. Tomó una decisión de descentralizar las fiscalías, y nosotros queremos acercarnos a los ciudadanos. Creó una fiscalía temática de narcomenudeo. Es un trabajo en conjunto. También cuando se presenta el delito con menores involucrados.
-O sea que están conformes.
-Con el grueso de la Justicia trabajamos muy bien, utilizan mucho a la Policía de la Ciudad, por su alta tecnología. Pero también están los jueces que ya conocemos todos. A veces tarda más el policía en hacer el acta que algún juez en liberar al delincuente. Estamos preparando la Justicia que queremos cuando se haga el traspaso definitivo de todos los delitos.
-¿Cómo está el nivel de delitos hoy?
-Salvo el homicidio doloso, que tuvimos el menor índice en el 2019, igual seguimos con la menor tasa de los últimos 26 años. Ahí también tomamos en cuenta casos que refieren a hechos intrafamiliares o los que se relacionan a casos de salud mental. Es un tema que esta pandemia dejó en evidencia, un tema por rever y resolver.
-¿Y la inseguridad?
-En robos de vehículos también tenemos un registro bajísimo, histórico. Cuando asumimos, se robaban 500 vehículos por mes en la Ciudad y hoy estamos en menos de 60. El delito de motochorros disminuyó más de un 60 por ciento. Hay una incidencia de la pandemia y de la baja de circulación en algunos períodos, pero es una baja muy fuerte. Y ahora estamos trabajando en otra etapa, que es la reparación del daño. La devolución de elementos robados a sus dueños, motos, celulares, etc.
Detención de motochorros en la Ciudad de Buenos Aires.
-El aumento de las detenciones también llevó a la superpoblación de las comisarías. Esto, según la Nación, es por un estilo punitivista de la Ciudad. ¿Es así?
-Nosotros tenemos un promedio de entre 2.500, 3.000 detenciones por mes en la Ciudad. En épocas normales. Quedan en el sistema penitenciario entre 800 y 1.000. El resto, por diferentes delitos, va tomando la libertad. Hoy tenemos casi 700 presos en comisarías y en alcaldías donde nosotros no podemos dar las condiciones edilicias para cumplir una condena, con lo que se vulneran así todos los derechos humanos habidos y por haber. Obviamente presentamos las quejas.
-¿En qué quedó la denuncia penal?
-Hicimos todas las presentaciones y al día de hoy no tenemos respuestas. Es díficil programar eso, un día te llevan 12, otro día 10 y así. Y esto nos afecta, porque se van normalizando las actividades y esa cantidad de detenidos hay que atenderla y nos quita presencia de agentes en la calle.
Las comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, colapsadas.
-¿Cómo es el diálogo con Sergio Berni?
-Tenemos diálogo, trabajamos muy bien. Si vas hoy al Anillo Digital, tenés dos centros de monitoreo, que es uno en la zona sur y uno en la zona norte. Y ahí vas a ver un policía de la Ciudad con un policía de la Provincia trabajando en conjunto. Eso llevó a que no haya secuestros extorsivos en la Ciudad. Sí hay cuentos del tío o ciberdelitos, que subieron en la pandemia.
-¿Y con la Nación?
-Tenemos muy buen diálogo también, pero diferentes maneras de ver cómo se encaran las situaciones, algo que afecta a los vecinos, como las movilizaciones. Casi el 100 por ciento son reclamos a Nación. Entonces yo no tengo resorte en la respuesta. Y una cosa es manejar una movilización de 200, 500, 700, pero otra cosa son de miles de personas. Muchas veces los que marchan son las propias agrupaciones que integran el Gobierno.
-¿Van a autorizar el regreso del público a los eventos masivos, como el fútbol?
-Nosotros no tenemos problema, pero los que definen son las autoridades sanitarias.
-El caso Chano Charpentier reavivó el debate sobre las pistolas Taser y cómo tiene que actuar un policía ante un paciente psiquiátrico. ¿Cuál es tu postura?
-El tema de la Ley de Salud Mental es para rever. Son hechos muy puntuales, en los que el policía queda al frente de una situación en la que actúa sobre las consecuencias. Y acá el tema es ir sobre las causas. El caso Chano no lo tengo en detalles, pero su situación era compleja desde antes. Estamos de acuerdo en la aplicación de las pistolas Taser para ese tipo de hechos. Es más, mandamos a comprar 60. Ya tuvimos la firma de la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados), falta la del proveedor. Y además hicimos las capacitaciones, viajamos a Brasil y a otros países.
Las pistolas Taser, de electroshock.
-¿Por qué sigue frenada la compra?
-Cuando se firmó el permiso de la Anmac, luego echaron al director ejecutivo, Ramiro Urristi. En algún artículo periodístico se sugirió que tenía que ver con esa firma. Espero que no. Ahora el proveedor tiene que cerrar con la Anmac, está todo listo, pero falta eso.
GL – EMJ
Fuente Clarin