Constitucionalistas coinciden en que Alberto Fernández violó la ley y avalan el pedido de juicio político

Por Gustavo Berón

El Congreso debería iniciar una causante de juicio político contra el presidente Alberto Fernández por un “categórico mal desempeño” de la función pública tras la difusión de las fotos de la reunión social celebrada en la Quinta de Olivos el año pasado con motivo del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en pleno aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Al menos así lo expresaron distintos constitucionalistas consultados por Clarín quienes coincidieron en que el jefe de Estado no sólo incumplió una ley que él mismo había fijado en el marco de la pandemia sino que también “violó la Constitución”.

Frente al escándalo que llevó al Presidente a lamentar la reunión convocada por la primera dama, la oposición presentó dos pedidos de juicio político contra Alberto Fernández “por mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.

En este contexto, Felix Lonigro, especialista en Derecho Constitucional, explicó a Clarín que desde el punto de vista penal, el jefe de Estado puede ser acusado de “los delitos contra la seguridad pública”, que se le imputa a quien resiste una orden de la autoridad destinada a frenar el avance de una pandemia. “En este caso es la misma autoridad que emitió la orden la que desobedece y tiene una pena de 6 meses a dos años, es un delito excarcelable”, explicó el constitucionalista, quien agregó que el otro delito es “violación de los deberes de funcionario público”.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez le dijo a Clarín que “en el marco de una República todos estamos sometidos a la ley”. “Y la ley era muy clara, había una situación constitucionalmente razonable de un aislamiento y aquellas personas que no lo cumplían deberían ser sometidas a la ley que se aplica a todos. En consecuencia todos tiene que ser sometidos a un proceso penal“, puntualizó el abogado.

Por su parte, Daniel Sabsay fue contundente al abordar el escándalo en la Quinta de Olivos. “El Presidente cuando jura se compromete a hacer cumplir la Constitución y él ha incumplido de manera manifiesta“, aseveró el constitucionalista.

“Sin lugar a duda esto da inicio a un juicio político porque es un mal desempeño categórico que es la causante principal con la que se inicia un juicio político”, aseveró Sabsay, quien agregó que en este caso, el Presidente “ha mentido, ha violado la ley que el mismo había fijado y la Constitución”.

La Ley Orgánica sobre Juicio Político, que rige este procedimiento a partir de lo que plantea la Constitución nacional en tres de sus artículos: 53, 59 y 60, fija que es la Cámara de Diputados la que ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema.

Este mecanismo es para “las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.

La Ley de Juicio Político establece que el presidente del Cuerpo remitirá la denuncia con el material presentado a la Comisión de Juicio Político, que deberá citar al denunciante o ratificarla, en cuya oportunidad podrá ampliarla y ofrecer nuevas pruebas. Luego la comisión deberá analizar la denuncia a fin de pronunciarse sobre su admisibilidad.

Si la iniciativa llega al recinto se necesitan de las dos terceras partes de los miembros presentes para aprobación del pedido de juicio político, indicó Gil Domínguez. Si avanzara en la Cámara baja luego se designaría una comisión acusadora integrada por tres diputados, a fin de sostener la acusación ante el Senado, donde también necesitará de una mayoría especial para avanzar con la destitución.

Felix Lonigro dijo que la posibilidad de que avance el juicio contra Alberto Fernández es “casi nula”, dado que el oficialismo suma los diputados necesarios para obturar la iniciativa mientras que en el Senado cuenta con mayoría propia.

“Es evidente que el oficialismo domina el Senado y la oposición no tiene ni siquiera mayoría simple para hacer valer la acusación en la Cámara de Diputados. Si el oficialismo protege al presidente el juicio politico es imposible”, sentenció el constitucionalista.

Para el especialista, el brindis en la Quinta de Olivos para celebrar el cumpleaños de la primera dama puede conducir a que el Presidente “tenga una responsabilidad electoral, si esto influye en las elecciones”. Pero insistió que “naturalmente hay una responsabilidad penal porque hay un fiscal que está interviniendo, Ramiro González, y por esa vía un juez podría procesarlo, fijarle prisión preventiva hasta inclusive condenarlo”.

No obstante, el Presidente tiene inmunidad y hasta que no termine su mandato no va a ser posible que cumpla una pena, si eventualmente lo condenaran.

“No tengo duda que hay varias causales de juicio político, independientemente de la dificultad de conseguir mayorías agravadas porque son dos tercios en Diputados para acusar y dos tercios en el Senado para condenar”, expresó, por su parte, Sabsay.

La oposición impulsa el juicio político contra Alberto Fernández

En medio de la polémica, los jefes de bloque de Juntos por el Cambio Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (Pro) presentaron este viernes, a última hora, un proyecto en el que solicitan el juicio político contra Alberto Fernández “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”, a raíz de la foto del festejo del cumpleaños de la primera dama del 14 de julio de 2020.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de los diputados Gustavo Menna, Omar De Marchi, Karina Banfi, Soher El Sukaria, Miguel Bazze, Luciano Laspina, Albor Cantard, Federico Angelini, José Cano, José Nuñez, Facundo Suárez Lastra, Gisela Scaglia y Ricardo Buryaile.

En la presentación, los legisladores apuntaron que las fotos en las que se vio al Presidente en una reunión social con la primera dama “dan cuenta de que existía una realidad paralela, donde las normas no se aplicaban”.

“La situación desenmascara la hipocresía del Presidente. Para entonces, regía una estricta cuarentena que prohibía reuniones sociales y limitaba la circulación de los esenciales. Él, quien ordena cumplir lo que él no cumple ni hace cumplir a su círculo estrecho en el lugar donde vive, muestra una desigualdad ante la ley que agravia a un país republicano”, expresaron los diputados.

Asimismo indicaron que este escándalo es la gota que “rebalsó el vaso”. “Se ha deshonrado la investidura pública. Se ha desconocido la más elemental dignidad republicana y de ética pública que impone la Constitución Nacional”, destacaron los referentes de la principal fuerza opositora, quienes consideraron que  “la palabra del Presidente está devaluada hace tiempo, las conductas que hoy se muestran suman a ese descrédito y desprestigio”.

Previamente, otro grupo de diputados de Juntos por el Cambio había presentado también un pedido de juicio político contra el jefe de Estado “por mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En este caso la propuesta lleva las firmas de Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enríquez, Luis Petri, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, David Schlereth, Pablo Torello, Francisco Sánchez, Adriana Cáceres, José Luis Patiño y Héctor Stefani.

Ambas presentaciones terminan siendo simbólicas ya que en la Comisión de Juicio Político, que es presidida por Josefina González, del Frente de Todos, el oficialismo tiene mayoría con 15 representantes.

Con estos dos pedidos de enjuiciamiento, el presidente arrastra cuatro proyectos que solicitan que sea sometido a juicio político.

Una de las iniciativas fue presentada el 27 de julio por el macrista José Luis Patiño, quien acompañado por otros integrantes de Juntos por el Cambio, acusó al presidente de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. El expediente fue impulsado tras conocerse la carta que la asesora presidencial Cecilia Nicolini envió al Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) para reclamar la entrega de segundas dosis de Sputnik V contra el coronavirus.

“En definitiva, el fracaso autoinflingido por el propio Gobierno, en la adquisición de vacunas, no sólo le ha costado la vida a miles de compatriotas que no llegaron a vacunarse a tiempo, sino que esta demora y los consecuentes niveles de circulación del virus que no se pudieron evitar, han sido la excusa para la aplicación de medidas de carácter autoritario que significaron la vulneración de derechos humanos como la vida, la dignidad, el trabajo y la educación, entre otros, llevándonos a la peor crisis económica y educativa de nuestra historia”, se fundamentó en la propuesta.

Un anterior proyecto fue presentado el 28 de junio pasado y pertenece al radical Alvaro De Lamadrid, quien cuestionó al Presidente y a su vice Cristina Kirchner por el manejo de la pandemia.

GRB

Fuente Clarin