El Gobierno busca demorar hasta después de la elección la causa por el cumpleaños en Olivos

Una investigación lenta, con múltiples recursos y pedidos de prueba que demoren las decisiones fuertes hasta después de las elecciones y que descarte los delitos del Código Penal para concentrarse en posibles sanciones administrativas o multas. Eso es lo que espera la Casa Rosada sobre la investigación acerca de los centenares de ingresos y múltiples reuniones en la Quinta de Olivos durante el año pasado, cuando la Argentina se encontraba prácticamente paralizada por las restricciones para mitigar los efectos de la pandemia.

Alberto Fernández, según adelantaron a Clarín funcionarios de su extrema confianza y que conversaron con él sobre el tema en las últimas horas, está convencido de que la fiesta de cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez no puede encuadrarse en la conducta que pena el Artículo 205 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Según la percepción del Presidente, como ninguna de los 12 personas que compartieron con él la cena del 14 de julio de 2020 -a los 12 que aparecen en la imagen que desató el escándalo hay que agregar al menos la persona que sacó la foto- resultó contagiada, no hay manera de vincular esa conducta con la proliferación del coronavirus. Esa idea del Presidente se basa en la idea de que el derecho penal está destinado a proteger bienes jurídicos -en este caso la salud pública- y no la vigencia de una ley determinada.

No es lo que piensan los funcionarios judiciales que llevan adelante la investigación. En la fiscalía federal de Ramiro González sostienen que el artículo pena “la violación de las medidas” independientemente del resultado que tuvo esa conducta.

Fernández admitió en su círculo íntimo, sin embargo, que sí espera que en la causa se investigue la violación del DNU 576/2020 que estaba vigente en la noche de la cena. “Yo incumplí la prohibición de participar en reuniones sociales de más de diez personas, eso no lo puedo negar”, dijo el Presidente en una conversación telefónica el viernes por la noche, luego de regresar del acto de campaña en Olavarría en el que admitió su participación en la celebración por los 39 años de su pareja. En ese caso, Fernández cree que por no acatar un DNU como ese -a pesar de que él mismo lo firmó- sólo se puede esperar “una sanción administrativa o una multa”.

Esa percepción podría ser bien recibida por González, que junto con otros fiscales hizo varios encuentros por zoom durante los momentos más duros de la cuarentena, cuando las fiscalías y los juzgados recibían una tormenta de denuncias por violaciones a los Decretos de aislamiento como la que protagonizó el Presidente. Por lo que se puede constatar analizando la suerte que corrieron miles de esas denuncias -llegaron a acumularse unos 25.000 expedientes en todo el país- en las resoluciones judiciales abundan las probations, multas y otras sanciones leves.

La intención del Gobierno de que la causa camine lento hasta después de las elecciones tiene buenas posibilidades de ser satisfecha. El fiscal González, según fuentes de Tribunales, hizo saber a su equipo que no tiene intenciones de que el expediente quede envuelto en los conflictos que caracterizan a cualquier campaña electoral. Dicho de otro modo: habrá que esperar para percibir avances relevantes. Por lo pronto, la Casa Militar sigue demorando el envío de los registros de ingresos y salidas y la Quinta que pidió el fiscal.

Fuera de los expedientes, en cambio, el escándalo transita todavía terrenos impredecibles. Está claro que, además del impacto judicial que pueden tener, las revelaciones de las reuniones sociales en Olivos, el ingreso a la Quinta de amigos y parientes de la pareja presidencial y de colaboradores cuyo trabajo en tiempos de pandemia es completamente prescindible -peluqueros, vestuaristas, adiestradores de perros- o las citas presenciales con estrellas de la farándula que podrían haberse reemplazado con una llamada telefónica en caso de que fueran ineludibles para desarrollar el mandato del Presidente, castigaron con fuerza la imagen de Fernández.

¿Esa degradación puede empeorar el desempeño del oficialismo en las elecciones del mes próximo? “Para nosotros, con lo que dijo el Presidente el caso está terminado, pero sabemos que va a seguir en las declaraciones de la oposición y en las publicaciones de los medios. A nuestro votante no le cambia el voto, pero sí es cierto que puede afectar el voto independiente“, le dijo a este diario uno de los responsables de la campaña electoral oficialista que milita en el “albertismo”.

Otro de los dirigentes importantes del Frente de Todos, que no se cuenta en el grupo de los laderos presidenciales, tiene una visión más pesimista. “Lo que pasó es todo malo para nosotros. Mala la reunión, mala la foto y mala la reacción de Alberto. Nos pegó en la línea de flotación de nuestro electorado y por eso vamos a tener que aguantar a que esto pase”, analizó.

Cristina Kirchner, más práctica, quiere que el escándalo se resuelva con una renuncia de alguno de los hombres más cercanos al Presidente, algo similar a lo que ocurrió con el caso del vacunatorio VIP, que provocó la salida de Ginés González García. Aunque ya habló por teléfono con el Presidente sobre el escándalo, la vicepresidenta tendrá oportunidad de conversar con él en forma personal el martes, cuando compartan un acto de campaña en la Isla Maciel.

Consultado por Clarín sobre esa pretensión quirúrgica de la vicepresidenta, uno de los ministros fieles al Presidente contestó con una sonrisa amarga: “¿Y quién va a renunciar? ¿El peluquero de Fabiola?”.

Fuente Clarin