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Puede ser una interpretación capciosa, algo insidiosa si se quiere, pero hay mucho de cierto en afirmar que estos días el ministro de Economía volvió a gambetear la verdad, cuando respondió sobre un punto clave del próximo acuerdo con el Fondo Monetario. Fue gambeta o sarasa, si se opta por una definición que le pertenece y sobrevuela demasiado seguido a sus declaraciones.
“Bajo ningún punto de vista se contempla una reducción del gasto público” como condición para llegar a un arreglo con el FMI, dijo Martín Guzmán en un programa de tevé. Los hechos cuentan que ese ajuste del tipo clásico-clásico está haciéndose hoy mismo, medio soterradamente, en la previa de las elecciones legislativas del 14 de noviembre y a gran escala.
El eje de la movida pasa por el guadañazo, a contramano del proceso inflacionario, que se le está pegando a un gasto público tan monumental como sensible.
Datos duros del propio Ministerio de Economía tomados por la consultora LCG revelan que, entre enero y julio, los recursos destinados a las llamadas Prestaciones Sociales crecieron 20,8% respecto del mismo período del año pasado; esto es, redondos 31 puntos porcentuales por debajo del índice de precios anual del 51,8%.
Ahí tenemos en distintos grados nada menos que jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, incluida la universal por hijo, y una serie de partidas asociadas a la pandemia y a los costos de la pandemia.
Todas esas cuentas llevan signo negativo o caída real fuerte comparadas con la inflación. Y dos de ellas, jubilaciones y asignaciones, reflejan el impacto del cambio en el sistema de movilidad de los haberes que el kirchnerismo impuso desde el comienzo de su gestión.
Para que se entienda mejor, estamos hablando de gastos que de acuerdo a los montos que registran las últimas planillas oficiales van hoy desde $ 1,7 billón en jubilaciones hasta casi $ 700.000 millones en partidas para enfrentar el Covid y que, con asignaciones familiares incorporadas, totalizan alrededor de $ 2,7 billones. O sea, US$ 27.000 millones al dólar oficial así como aparecen.
¿Y cuánto habría sumado el paquete, si durante esos meses se lo hubiese actualizado por la inflación? Entonces, las planillas dirían cerca de $ 3,4 billones. También pegarían en el centro de la cuestión o, mejor dicho, en el centro de esta cuestión: dirían que gracias a los malabares y al hacha del Ministerio de Economía se esfumaron $ 680.000 millones reales de un año al otro.
Es obvio que se trata de un ajuste del gasto público con todas las de la ley, aunque no forme parte explícitamente de un acuerdo con el FMI. En realidad lo estará de hecho, en el listón de compromisos que a corto plazo asumirá el kirchnerismo para bajar el déficit fiscal a cero en cuatro años.
De hecho, también entran en la movida los recortes que se han aplicado sobre las transferencias a ciertas provincias para gastos corrientes, como sueldos y funcionamiento, que la Casa Rosada maneja a dedo. Aquí la poda dice $ 141.000 millones. Y alrededor de $ 190.000 millones, si se le añade el rédito fiscal que deja el método de hacer correr los salarios estatales detrás de la inflación sin alcanzarla.
El acumulado entre grandes montañas de plata y montañas de plata medianas que el Gobierno se “ahorró” camino del arreglo con el FMI canta, en lo que va de 2021, impresionantes $ 870.000 millones. Al tipo de cambio oficial, 8.700 millones de dólares en sólo siete meses.
Vale precisar, a cuento de esta historia poblada de cifras, que los $ 100.000 millones que días atrás el Gobierno metió en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social fue algo más que un acto de campaña y una manera de contener la presión de las organizaciones piqueteras y de prevenir disturbios. El motivo detrás de la decisión tampoco anida, solamente, en el agotamiento del cupo que se le había fijado al organismo.
Sucede que por esas cosas del ajuste, el presupuesto 2021 de Desarrollo Social había nacido en realidad agotado: sin anestesia, con un muy módico incremento del 8% respecto del ejecutado en 2020. Decididamente insostenible, frente a una inflación que ya avanzaba hacia el 50%.
Quedó firme, eso sí, el ajuste que por todos lados fue acumulándose de enero a julio y, de seguido, un espacio para manejar los recursos del Estado a la manera que dicte la campaña electoral o al modo medio enmarañado y triunfal en que lo relató Martín Guzmán, el jueves pasado. Dijo, ante empresarios, funcionarios y dirigentes políticos: “En los primeros siete meses del año se registró el 0,7% del Producto en cuanto al déficit primario”.
Así, el desequilibrio anual resultaría inferior al 4,5% del PBI que Economía se había propuesto como meta; quizás menor al 4% o ser, incluso, el más bajo desde 2013. Es el lado ortodoxo que la realidad hizo alumbrar en el gobierno kirchnerista.
Fuentes con acceso a despachos importantes del poder calculan que, a este paso, antes de fines de 2021 podría anunciarse un acuerdo con el Fondo Monetario. O, cuanto menos, algo bastante más concreto que las declaraciones, generalmente formales y visiblemente apuntadas a mantener vivas las expectativas, que hace meses desparraman el ministro de Economía y la directora del organismo, Kristalina Georgieva.
Dicen, además, que las negociaciones en marcha contemplan un plazo de pago de diez años con cuatro o cuatro y medio de gracia para los US$ 45.000 millones que se le deben. También, que no habrá punitorios ni sobretasa del 4 % por mora sino un digamos normal 2% y, añadida, una cláusula según la cual si aparece una reforma al FMI que mejore las condiciones del arreglo será aplicada al caso argentino.
“Previsiblemente, habrá algún párrafo en la Carta de Intención, algún compromiso asociado a la brecha cambiaria, porque la del 80% que tenemos hoy es impresentable”, dice una de esas fuentes. Lo mismo advierte a propósito de la abultada factura de subsidios que va acumulándose de mes en mes, para sostener sobre todo el congelamiento de las tarifas de luz y gas y funcionar, así, parecido a un ancla que se supone antiinflacionaria.
Aquí las planillas anotan que el paquete de subvenciones o compensaciones del Estado redondeó, entre enero y julio, $ 646.000 millones y $ 467.000 millones la parte que le tocó al retraso de las tarifas de la energía eléctrica. Ambas cuentas crecen al 80% y, al revés de las otras, marchan 30 puntos porcentuales por arriba de la inflación.
Todo va camino del billón de pesos, al cierre del año. Y lo que viene, ahora sí o sí, es un ajuste tarifario que vaya achicando la factura fiscal y alineando las cuentas detrás del objetivo de la meta del déficit cero. Se lo llame como se lo llame, será ajuste y ajuste a la FMI.
En el mientras tanto tenemos para entretenernos con el viejo y muy desigual ajuste que siembra una inflación del 50% que, en el primer semestre, provocó una caída del salario real del 6% que lo mandó debajo de los niveles de 2013. Acompaña la música plana de una economía que duerme hace una década y que en lugar de crear empleo destruye empleo y, al fin, una orquesta oficial desafinada. Ahí, justo ahí, Guzmán pretende hacer campaña con el 8% que dice crecería el PBI este año.
Fuente Clarin
