Una baja del precio de la carne vacuna del 1% en promedio, en julio, tras un incremento en junio del 8,2% es el resultado que esgrime el Gobierno para justificar el cepo exportador, que este martes prorrogó por dos meses más, hasta el 31 de octubre. Menos interesante da la cuenta si se contrapone con los US$ 1.084 millones, US$8 millones por día, que se habrían perdido desde abril, cuando comenzaron las restricciones sobre el comercio exterior de este producto,según evaluó la Sociedad Rural Argentina.
Más inquietante aún es escuchar a los carniceros que aseguran que “la estabilización de precios en las últimas semanas no tiene que ver con una mayor oferta de carne sino por la baja de poder adquisitivo de los consumidores que compran lo justo, o menos”.
Los comerciantes minoristas reflejan que “la gente cuida la poca plata que circula” y la preocupación se proyecta para después de las elecciones. “Se percibe el miedo a que todo se descontrole tras los comicios, con fuertes aumentos hacia fines de año”.
Ese es nudo de la cuestión. La medida restrictiva del Gobierno apunta a que haya más carne para el consumo interno, de manera que los votantes lleguen a las urnas con la sensación de “panza llena (de asado), corazón contento”. Pero nada asegura que los magros resultados obtenidos por el cepo redunden en sufragios a favor del oficialismo.
Al menos no parece una cuestión económica, según los números, sino política. Como el Gobierno no puede controlar la inflación, habría buscado en el tema de la carne una manera de congraciarse con el electorado que mira su bolsillo sin entrar en análisis productivos. Como para mostrar “gestión”, especialmente ante quienes no se preocupan, o son críticos de la agroindustria.
Lo que no se tiene muy en cuenta en el debate socio-político dominado por la grieta es que el perjuicio no es sólo para los supuestos oligarcas de la ganadería vacuna. Los que crían vacas en el campo son indudablemente afectados, pero hoy los mayores efectos negativos recaen en los trabajadores de los frigoríficos, que en muchos casos -por reducción de jornadas y de horas extras- están cobrando la mitad de los sueldos, respecto de meses atrás. Eso tiene un especial impacto en pueblos y ciudades del interior, como Casilda, Hughes, Azul, entre otros, donde si no se ha cortado la cadena de pagos, se sufre en el dinamismo comercial.
Con todo, quienes conducen la campaña electoral del Frente de Todos –más allá de los funcionarios del Gobierno que ponen la cara y la firma en las resoluciones- han optado por -o pretenden- favorecer a millones de consumidores, a costa de las 300.000 personas que participan en la cadena de ganados y carnes vacunas.
“Son más los votos del otro lado del mostrador que del nuestro”, admitió con crudeza Dardo Chiesa, el coordinador de la Mesa de las Carnes, que reúne a 35 entidades de esa cadena productiva, y se ha reunido varias veces con ministros –e incluso con el Presidente, Alberto Fernández- en los últimos meses, sin haber logrado un entendimiento.
Desde el consorcio ABC –que nuclea a la mayoría de los exportadores de carne vacuna argentina y fue elegido por el Gobierno como interlocutor primario- también criticó la prórroga. Señalaron que el argumento de que el cepo ha “contribuido a estabilizar el mercado interno, es refutado en el texto de la resolución conjunta, porque allí se afirma que la tensión entre las exportaciones y el consumo local demandan una solución estructural, con un genuino incremento en la oferta de carnes bovinas, y la prórroga sigue el camino inverso y agravará los efectos depresivos sobre la actividad”.
En ese sentido, el especialista Segundo Acuña, de amplia trayectoria como coordinador económico de la Junta nacional de Carnes, advierte que “si persisten las restricciones, los menores incentivos para producir se reflejarán en escasez de hacienda en los próximos meses, como ya sucedió una década atrás con políticas similares”. Estimó que en el verano, después de las elecciones, se pagará en el mostrador esta lógica del ‘vamos viendo’ que no tiene racionalidad económica y suena a capricho electoral”.
Fuente Clarin