El 27 de diciembre de 2010, el Intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, creó por decreto la “Oficina Anticorrupción y de Ética Pública” del distrito. De más está decir que todo lo que se crea por decreto puede ser eliminado por otro decreto y que, como siempre he sostenido, este tipo de organismos de control deben ser instituidos por los poderes legislativos. En definitiva, quien está sometido a control, no debiera tener la potestad de eliminar al controlador. Espinoza puede, y a sola firma. Sin embargo, veremos seguidamente por qué dicho organismo jamás sería una molestia para él.
El autor de esta nota solicitó al municipio que informara cuál era la norma de ética pública que aplicaba el organismo en cuestión. Es decir, cuáles eran los principios éticos y conductas cuya vulneración trae como consecuencia el dictado de resoluciones del área anticorrupción que deben ser acatadas por los funcionarios.
Un mes y medio después, la respuesta fue la siguiente: “Hacemos saber por este medio que no hay legislación de Ética Pública a nivel provincial. Esta Oficina se rige por las normas generales vigentes en la materia y por la Ley Nº 14656 y la Ordenanza General Nº 267 de Procedimiento Administrativo.”
La sorpresa fue mayúscula, al iniciar el análisis de las normas aludidas.
En efecto, la Ley N° 14656 refiere al régimen de empleados públicos, no a los funcionarios electivos o de designación política, de tal modo que las obligaciones y prohibiciones que fija dicha norma no alcanzan al intendente y su séquito. Por su parte, la Ordenanza General N° 267 regula el procedimiento administrativo de los municipios, y nada tiene que ver con las normas de ética pública.
Asimismo, cabe estacar que la respuesta brindada por la Municipalidad de la Matanza al autor de esta nota, pareciera desligarse de la responsabilidad por la inexistencia de normas de ética pública, al sostener que no existe dicha legislación “a nivel provincial”. Ahora bien, eso no es un impedimento para que el Concejo Deliberante, de mayoría K, dicte una ordenanza de ética pública, aplicable a toda la estructura administrativa del municipio.
En definitiva, desde hace ya once años –fecha de creación del ente-, si Espinoza o sus funcionarios políticos cometen alguna falta ética, la “Oficina Anticorrupción y de Ética Pública” nada puede hacer al respecto. No obstante lo dicho, los integrantes del organismo corren todos los meses al cajero a retirar los haberes que los matanceros les garantizan cada vez que pagan impuestos.
Fuente Mendoza Today
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