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IsraelLa endogamia no solo es un problema de la universidad. La ausencia de mano de obra extranjera cualificada se ha convertido en un problema estructural de la economía española. Hasta el punto de que solo el 7% de los permisos de trabajo concedidos a trabajadores extranjeros son cualificados. En concreto, 6.658 de los 88.077 permisos que se han otorgado hasta septiembre de este año.
En ese porcentaje se incluyen directores y gerentes, técnicos y profesionales científicos e intelectuales, además de técnicos y profesionales de apoyo. El 93% restante, por el contrario, lo conforman —de mayor a menor— empleados domésticos y personal de limpieza (el 30%), peones agrarios (14,5%) o camareros y cocineros (el 6%). Esto quiere decir que, por cada permiso de trabajo concedido a trabajadores cualificados, hay siete no cualificados, incluyendo en esta ocasión a los especialistas en actividades de la construcción, industria o sector agrícola.
Los datos proceden de la estadística de autorizaciones de trabajo a extranjeros, y reflejan un viejo problema del mercado laboral español, históricamente incapaz de atraer empleo cualificado pese a la elevada exposición de la economía al sector exterior y a la necesidad de cambiar el sistema productivo hacia un modelo de mayor valor añadido y, por ende, avances más intensos de la productividad. Muchos trabajos académicos han encontrado evidencias de que la tasa de paro y el tamaño de la precariedad depende de la cualificación, también de la procedente del exterior. Un trabajo de la economista Agnieszka Piasna publicado por el Instituto Sindical Europeo (ETUI, por sus siglas en inglés) ha situado a España como el quinto país peor de la Unión Europea en el Índice de Condiciones Laborales (tasa de empleo, paro, precariedad o salarios).
No es de extrañar, por eso, que cada vez con mayor frecuencia los países más interesados en atraer trabajadores altamente cualificados adopten medidas para facilitar su establecimiento e integración social en su territorio, en lo que se denomina competencia global por el talento, como ha estudiado el Consejo Económico y Social (CES).
Escasez de mano de obra
De hecho, a raíz de la crisis económica, la Unión Europea ha planteado a los gobiernos facilitar la entrada de extranjeros no comunitarios. En particular, a dos colectivos: a los extranjeros altamente cualificados y a los estudiantes e investigadores. Con ese objetivo, en 2009 se publicó una directiva cuyo objetivo declarado era combatir la escasez de mano de obra mediante la admisión y la movilidad —para fines de empleo altamente cualificado— de nacionales de terceros países para estancias superiores a tres meses, a fin de que la UE “se convierta en un destino más atractivo para estos trabajadores procedentes de todo el mundo, y contribuir a la competitividad y el crecimiento económico”.
Años más tarde, una ley publicada en 2013 por el anterior Gobierno denominada de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización ya advertía que la política de inmigración es cada vez en mayor medida “un elemento de competitividad”. Y, en este sentido, se recordaba que la admisión en los países de nuestro entorno de profesionales cualificados era ya una realidad internacional que, a nivel global, se estima que representa un 30% de la emigración económica internacional. Por lo tanto, un porcentaje muy por encima del español.
A la luz de aquella ley elaborada por el anterior Gobierno, se decidió flexibilizar desde el punto de vista administrativo la entrada de trabajadores cualificados, pero, desde entonces, los resultados han sido modestos. En concreto, 22.623 trabajadores incluidos en esta categoría especial han logrado permiso de trabajo. De las autorizaciones concedidas por razones de interés económico, el 37% (8.283) corresponde a profesionales altamente cualificados, el 29% a inversores, el 12% a investigadores o asociados a la formación, el 7% a traslados intraempresariales, el 7% a la búsqueda de empleo, otro 7% a prácticas y el 1% a emprendedores. Es decir, los trabajadores acogidos a esta calificación especial representan apenas el 1% de los 2,3 millones de residentes con autorización temporal de empleo.
Según las estadísticas oficiales, los brasileños (12%), venezolanos (9%), colombianos (9%) e indios (8%) destacan dentro del colectivo de profesionales altamente cualificados; mientras que en el caso de los inversores destacan los chinos (32%) y rusos (25%). Los extranjeros procedentes de la Unión Europea, como se sabe, no necesitan autorización para trabajar en España y, por lo tanto, están fuera de las estadísticas.
Fuerza de trabajo
No solo es un problema de calidad, también de cantidad. Hay que tener en cuenta que, en el escenario más favorable de los diseñados por la Unión Europea (UE) en sus proyecciones demográficas, España necesita un saldo migratorio neto anual de 190.000 inmigrantes al año (los que salen por los que entran) para impedir que se produzca una reducción intensa de su fuerza de trabajo. Y muchos de ellos necesitan ser cualificados para atender las demandas laborales de las empresas. Sin embargo, entre 2015 y 2020, el número de autorizaciones a trabajadores extranjeros ha oscilado entre 111.902 y 129.173. Hasta septiembre, incluso, se ha registrado un descenso respecto del año pasado (-10%) con una ligera mayoría de hombres.
La inmigración, de hecho, está formalmente en el centro de la estrategia del Gobierno, que en ‘España 2050’, el documento estratégico que aprobó Moncloa a principios de año, recordó que, entre 1998 y 2007, España recibió 3,8 millones de inmigrantes y la tasa de empleo aumentó en 17 puntos. “La inmigración”, se decía, “puede ser, para un país como España, más una fuente de soluciones que de problemas. Puede ayudarnos a amortiguar el descenso de la población en edad de trabajar, a mantener nuestro peso relativo en Europa y a garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar”.
Sin embargo, lo que se está produciendo es justamente el fenómeno contrario. El empleo cualificado español tiende a mirar hacia el exterior por falta de empleo en el interior con lo que se produce una transferencia de talento que no es correspondida. Y, en paralelo, la posibilidad de casar oferta y demanda es cada vez más difícil para muchos sectores. En unos casos, por falta de mano de obra cualificada y, en otros, simplemente, porque no hay suficientes inmigrantes. Y todo ello con una tasa de paro que equivale al 14% de la población activa.
Fuente El Confidencial
