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La aprobación de la reforma laboral se presentaba como una de las medidas estrella del Gobierno y desde luego para el espacio de Unidas Podemos con Yolanda Díaz al frente. Pero por el momento constituye ya el principal dolor de cabeza del Gobierno en este nuevo año. No hay una mayoría clara para convalidar el decreto en el Congreso de los Diputados sin cambios, que es a lo que aspirarían en un escenario ideal tanto Pedro Sánchez como la ministra de Trabajo. Pero la cuestión es mucho más complicada. Los socios habituales del Ejecutivo están muy contrariados por el alcance de la reforma. ERC, EH Bildu, PNV, Compromís y Más País han dado muestras de que la norma pactada con los sindicatos y la patronal es insuficiente y quieren que se acuerde tramitar la reforma como proyecto de ley para poder efectuar modificaciones en el texto. En paralelo Ciudadanos no ha cerrado la puerta a convalidar el texto para, precisamente, evitar las modificaciones que esos partidos quieren ejecutar. El PP ha querido cerrar la puerta a esa posibilidad. Aunque en el entorno del partido algunas voces han reclamado poner en valor que la nueva norma mantiene muchas de las cuestiones de la reforma de 2012. En estos equilibrios se mueve ahora mismo el Gobierno. Hasta el punto de que se están produciendo mensajes contradictorios entre algunos de sus miembros. Algo que no está gustando en el Ministerio de Trabajo. Critican que «todos quieren hablar de la reforma» y que hablan del proceso «como si estuvieran negociando ellos». El lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trataba de cubrir todo el expectro. «No contemplo la posibilidad de que no se convalide el decreto ley», decía, pero a la vez planteaba que «otra cuestión distinta es que se tramite como proyecto de ley», lo que abriría la posibilidad de realizar modificaciones. Pero a la vez insistiendo en que la prioridad es «respetar en la medida de lo posible el acuerdo fruto de un diálogo bastante honesto». Este martes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, era mucho más reacio a hacer modificaciones en la norma aprobada la pasada semana por el Consejo de Ministros: «Nosotros no queremos que esa norma sufra ninguna modificación porque se trata de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, que tiene equilibrios, es lo que hace singular a esta norma. No es un proyecto de ley del Gobierno, es un proyecto de ley que deriva de un acuerdo entre empresarios y sindicatos». Lo cierto es que esa posición encaja a la perfección con el planteamiento de Pedro Sánchez, que en la comparecencia de fin de año en la que defendía que era «de sentido común» que se aprobase la norma tal y como está. Pero en Trabajo no están gustando estas declaraciones y ya han activado a sus principales rostros para contrarestarlos mediáticamente. El secretario de Estado de Empleo y número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, defendía este martes que «escucharemos a nuestros socios» y «negociaremos todo lo que haga falta». Sí dejaba claro que «la aspiración» es que «el acuerdo se mantenga en el parlamento», pero admitiendo la capacidad de las fuerzas políticas para querer introducir cambios. Pérez Rey se comprometía a «escuchar pero sin renunciar a esta aspiración» de que en la norma no se introduzcan cambios. Tanto Montero como Bolaños no descartaban en sus declaraciones la posibilidad de que el PP facilite la convalidación. Fuentes del ministerio de Díaz trasladaban que ya se está negociando y que ese proceso lo pilotan ellos. Y añaden que los contactos se están centrando en el bloque de la investidura, al que añaden al PDECat. En Trabajo dicen percibir una posición más flexible por parte de los socios, pero creen que en estos momentos el factor que más pesa es que se trata de una reforma de Yolanda Díaz y no tanto el detalle del texto. «No se lo van regalar. No van a darle una victoria a ella como la que consiguió Iglesias con los Presupuestos de 2020», explican desde UP. Que el PSOE esté cerrando la puerta a cualquier modificación es algo que Díaz está empezando a ver complicado. Asumen en Trabajo que eso «no depende del Gobierno» porque los grupos van a pedir tramitarlo como proyecto de ley. Y defienden que llegado el caso es mejor opción que sacarlo con la derecha porque «la mayoría de la investidura tiene que aguantar» si se quiere agotar la legislatura.
Fuente ABC
