La plataforma Escuela de Todos, integrada por una veintena de entidades y creada con el objetivo de forzar la aplicación de la sentencia del pasado diciembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir un 25 por ciento de las clases en castellano en Cataluña, denunció ayer en un comunicado las presiones a docentes por parte de la Generalitat para que incumplan la sentencia y advierte de que el responsable de la ejecución de la misma, que pone fin a la inmersión lingüística en catalán, es el Govern. En su escrito, remitido a los presidentes Sánchez y Aragonès; a las Cortes y al Parlament, al Defensor del Pueblo y a los presidentes del Parlamento y de la Comisión europea, la plataforma denuncia la instrumentalización política de los claustros y consejos escolares por parte del gobierno catalán y advierte -en relación al anuncio del martes del Govern de que emprendería acciones contra las entidades o personas que ataquen al catalán- de que «las amenazas del Gobierno de la Generalitat no limitarán nuestra voluntad de denunciar la vulneración de los derechos fundamentales». La Generalitat aprobó un acuerdo destinado a la defensa del catalán en el entorno educativo en el que, según denuncia la plataforma, «trasladaba la responsabilidad del incumplimiento de las normas y de las resoluciones judiciales a los empleados públicos a los que el Gobierno pretende garantizarles su seguridad jurídica con la apelación al principio de indemnidad». «Al mismo tiempo -añade Escuela de Todos- aprovecha el comunicado para advertir de que exigirá responsabilidades de todo tipo (políticas, penales….) a las personas o entidades que ellos consideren que atacan a otras personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán». «Desolador»
«Es desolador que el Gobierno catalán trate de amparar a los desobedientes y vierta amenazas de represalias sobre los que denuncien las irregularidades», expone en su nota la Plataforma, integrada, entre otras entidades, por la Asamblea para una Escuela Bilingüe. Advierte, asimismo, de que «en las últimas semanas, varios claustros y consejos escolares de centros educativos de Cataluña han adoptado mociones críticas con la sentencia del TSJC que establece la necesidad de que todos los alumnos catalanes reciban un mínimo de un 25 por ciento de la enseñanza en castellano». «En algunas de esas mociones -añade- se acuerda de manera expresa desobedecer la mencionada sentencia y mantener los proyectos lingüísticos de centro que excluyen el español como lengua de aprendizaje».
Fuente ABC
