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El derrame de unos 6.000 barriles de crudo, ocurrido el pasado 15 de enero, fue calificado como “desastre ecológico” por el Gobierno peruano, y se produjo mientras el buque tanque “Mare Doricum“, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima.
Repsol atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
La nave involucrada ahora está fondeada, con prohibición de zarpar, frente al puerto del Callao, contiguo a Lima, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo de las playas.
El petróleo vertido ya produjo la muerte de una cantidad indeterminada de peces y aves marinas, y dejó sin poder salir a trabajar cientos de pescadores artesanales, que han protagonizado protestas contra la compañía española.
La solicitud de la fiscalía incluye a tres directivos peruanos de la petrolera: Renzo Tejada Mackenzie, Gisela Posadas Jhong y José Reyes Ruiz, quienes también son “investigados por el presunto delito de contaminación ambiental”, precisó el Poder Judicial.
El procurador del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, explicó el miércoles que el delito de contaminación ambiental “tiene una penalidad de 4 a 5 años” en Perú.
Sin embargo, aclaró que el delito “en agravado puede subir de 6 a 7 años”, pues los responsables de Repsol supuestamente proporcionaron al comienzo “información falsa” sobre el derrame.
Según la fiscalía, la petrolera dijo inicialmente a las autoridades que se habían vertido “seis galones” de crudo (24 litros), pero después se comprobó que eran unos 6.000 barriles (casi un millón de litros).
Fuente Ambito
