La presidenta Díaz Ayuso se comprometió, en carta personal enviada a cada una de las 35 familias desalojadas de sus casas en San Fernando de Henares –afectadas por la línea 7B del Metro– a correr con todos los gastos que tuvieran por esta causa. Este miércoles, el Consejo de Gobierno aprobaba una partida de 1 millón de euros para cubrir el realojo de estas personas, la rehabilitación necesaria y otros gastos como manutención, mudanza a guardamuebles y custodia, gastos de transporte, suministros de servicio en vivienda desalojada, alojamiento de destino y garaje durante el proceso. La medida afecta a los edificios situados entre os números 19 y 27 de la calle de la Presa, de San Fernando de Henares. El contrato tendrá una validez de cinco meses -desde el pasado 21 de enero, en que comenzaron los trabajos tras el dictamen de bomberos que advertía del peligro de daños en las edificaciones- . Una nota técnica realizada por una empresa de ingenieros dictaminó grave riesgo estructural de las viviendas, que suponía un peligro para la integridad física de las personas que habitan en las mismas, lo que justificó la necesidad de una actuación de emergencia para proceder a su traslado inmediato. Tras recibir también un informe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en el que se determina que se considera necesario el desalojo inmediato de las viviendas, el Gobierno autonómico actuó de emergencia. La Consejería de Transportes e Infraestructuras continúa realizando trabajos continuos de auscultación con informes semanales de lecturas de movimientos; mientras Metro de Madrid hace un seguimiento paralelo de la infraestructura para que siempre esté garantizada la seguridad del suburbano y se realizan trabajos para estabilización y consolidación del terreno. El Gobierno regional se hará cargo de manera íntegra de la responsabilidad patrimonial por los daños causados e intensificará las inspecciones en las viviendas afectadas. En su misiva, la presidenta Díaz Ayuso se comprometía con cada afectado a indemnizar a aquellos cuyas viviendas no puedan ser rehabilitadas.
Fuente ABC