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La aprobación del impulso a los planes de pensiones de empleo sigue adelante. Así, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, para facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro a los trabajadores de rentas medias y bajas, a los autónomos y a las pymes, y lo ha remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este proyecto de ley “tiene como objetivo fundamental que se aumente la población” con acceso a estos instrumentos de ahorro a largo plazo, con “condiciones de certidumbre” y a “coste reducido desde el punto de vista de las comisiones”, pensado para rentas bajas y medias.
Con esta normativa también se pretende reforzar el segundo pilar del sistema de pensiones. Además, responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos de 2021 y a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que el Gobierno se comprometió a cumplir en el primer semestre de 2022.
Otro de los motivos del Gobierno para potenciar los planes de empleo se basa en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de 2020, que evidenció el carácter regresivo del diseño de los planes individuales, con beneficios solo para las rentas más altas. La Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 ya recoge que la deducción en el IRPF sea de 1.500 euros en la base imponible de los planes individuales y de 10.500 euros en los planes colectivos, para trasladar los beneficios fiscales a las rentas medias y bajas.
El trabajador podrá aportar, de forma voluntaria, cuotas superiores a las que ponga su empresa. No obstante, la aportación máxima se definirá por tramos. Además, el trabajador reducirá su base imponible a tipo marginal del IRPF, con un 30% para el empleado medio. Para los autónomos, el ministerio calcula una deducción de hasta 5.750 euros al año. Así, un trabajador cuya empresa haga una contribución de hasta 500 euros, con un coeficiente del 2,5, tendrá una aportación de hasta 1.250 euros, con una aportación máxima de 3.250. En el caso de que la contribución de la empresa sea de entre 501 y 1.000 euros, con un coeficiente del 2, el trabajador tendrá una aportación de hasta 2.000 euros, y de 4.500 euros como aportación máxima.
Para contribuciones empresariales de entre 1.001 euros y 1.500 euros, con coeficiente 1,5, la aportación del trabajador será de hasta 2.250 euros, con una aportación máxima de 5.250 euros. Por último, para las empresas que contribuyan con más de 1.501 euros, con coeficiente 1, el aporte de los trabajadores será igual que el de la empresa, con una aportación máxima de 10.000 euros. Desde el ministerio recuerdan que en todos los casos los trabajadores pueden deducirse 1.500 euros de su plan individual o colectivo, como consta en la Ley de Presupuestos de 2022.
En el caso de las empresas, se reintroduce la no cotización de las contribuciones a la Seguridad Social en aportaciones de estos planes, que estuvo vigente hasta 2013. No obstante, ahora se limita a 115 euros mensuales por empleado o 1.380 euros anuales, en línea con la “filosofía de poder posibilitar un instrumento de ahorro atractivo para rentas medias y bajas”, como ha dicho Escrivá.
Modificaciones en segunda vuelta
El anteproyecto de ley se aprobó en primera lectura en noviembre y, en este tiempo, se ha tenido “una interacción intensa y fructífera de los distintos ámbitos relevantes en este caso“, según el ministro. Fruto de ese intercambio se han mejorado “algunos aspectos en el proyecto de ley”, sobre todo los relativos a la gobernanza y a la definición de competencias de la Comisión Promotora y de Seguimiento y de la Comisión de Control Especial.
El Gobierno da luz verde a los planes de pensiones de empleo para impulsar el ahorro.
La Comisión Promotora y de Seguimiento se responsabilizará de la selección de entidades gestoras y depositarias, el establecimiento de la estrategia de inversión a largo plazo, la constitución de los fondos de pensiones y el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control Especial, que estará integrada por nueve funcionarios: cinco de ellos procedentes de la Seguridad Social, uno del Ministerio de Trabajo, otro del Ministerio de Economía, otro del Ministerio de Hacienda y el último del Ministerio de Transición Ecológica.
Escrivá ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que la intención de su cartera nunca fue sacar adelante este texto con el respaldo del diálogo social, aunque ha valorado sus aportaciones “extraordinariamente fructíferas”. “A diferencia de otro tipo de normas, esta no es una norma que se discute solo con los agentes sociales. Tiene muchas implicaciones de diferentes naturalezas. Hemos discutido con muchos ámbitos de la industria, ha pasado por el Consejo Económico y Social… Ha habido un conjunto de interacciones extensas. Nunca se aspiró a que hubiera un único canal”, ha subrayado el ministro.
No obstante, ha asegurado que se han “acomodado posiciones” para mejorar la norma. Asimismo, ha apelado a ser “muy prudentes” con los incentivos de esta ley, ya que se trata de “dinero público” y ha instado a esperar a ver cómo funcionan los incentivos desarrollados hasta el momento.
Fuente El Confidencial
