En una reunión en conjunto entre las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el Senador Diego Costarelli y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), presidida por el Senador Marcelo Rubio; recibieron al ministro de Planificación e Infraestructura, arquitecto Mario Isgró, la titular del IPV, María Marta Ontanilla, quien además estuvo acompañada por Rodrigo Giménez, secretario Administrativo y Miguel Campoy, gerente de Regularización de la institución.
En la oportunidad trataron el expediente 76882 que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, a través del cual se busca establecer un marco jurídico para regularizar la titularidad de las viviendas otorgadas y/o financiadas por el Instituto Provincial de la Vivienda. Además pretende determinar un régimen especial de cancelación anticipada de los créditos de soluciones habitacionales otorgados por el IPV, todo a los fines de su escrituración.
El ministro Isgró afirmó que “este es un tema de larga data y debería ser una cuestión de Estado que busca regularizar todo hacia atrás en el tiempo para “modernizar” el IPV”.
Por su parte Ontanilla sostuvo que “el proyecto consta de dos partes, lo que respecta a las deudas y la regularización de la escritura”.
¿Para quiénes está destinado este proyecto?
Para aquellas personas que habiten una vivienda entregada por el IPV adquirida en forma previa a la entrada en vigencia de la presente ley, quienes deberán reunir distintas condiciones que se detallan en el proyecto, tales como respetar los requisitos del artículo 6, no estar en mora, ser poseedores de la vivienda, entre otros requisitos destallados en el proyecto a tratarse.
En la actualidad el IPV cuenta con más de 50.000 créditos activos aproximadamente, con cuotas fijas en pesos de menos de $500, el 41% de ese total están al día, el 59% están en mora, se trata de alrededor de 38.000 adjudicatarios en esta situación. De esa mora el 49% tiene cuotas de $100 que no está pagando y el resto tiene cuotas que no superan los $500.
El proyecto apunta a terminar esta mora para que el sistema se ordene y porque genera un gasto administrativo muy alto en relación al monto de las deudas. Se trata, según los propios funcionarios del IPV, de una ley para ordenar el Instituto.
Fuente Mendoza Today
