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Sesión en el Congreso Nacional. Foto: NA.
Luego del choque de placas tectónicas que vivió el Frente de Todos al dividirse en la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el show debe seguir en el Congreso y la agenda de trabajo recién comienza a esbozarse, con la reforma del Consejo de la Magistratura en el primer escalón.
Un frío glacial recorre los pasillos del Congreso luego del volcán emocional provocó la fractura expuesta en el Frente de Todos, con repercusiones que aún están sucediéndose y que no se sabe dónde terminarán para la suerte de la fuerza gobernante. En medio de ese clima convulso, que también afecta -aunque en menor medida- a la oposición, el Congreso tiene que rearmarse para poder abordar nuevos temas legislativos. Para ello se requiere, en primer lugar, atar los acuerdos para la conformación de las comisiones y el reparto de los cargos entre dos coaliciones parlamentarias que están prácticamente empatadas en cantidad de integrantes, con la complejidad que eso significa.
En la Cámara de Diputados solamente se constituyeron las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, mientras que el Senado hizo lo propio con la de Presupuesto, Justicia y Asuntos Constitucionales. El resto es un rompecabezas que deberá empezar a armarse en breve para no perder tiempo valioso. La designación de autoridades en cada una de las comisiones era una faena que debía hacerse al inicio del período ordinario de sesiones, pero la discusión por el FMI aplazó esas definiciones.
Como sea, el kirchnerismo movió rápido sus fichas en el tablero del Senado y logró imponer a Oscar Parrilli al frente de Justicia y a Guillermo Snopek en Asuntos Constitucionales. Del neuquino ya se conoce su lealtad inquebrantable hacia Cristina Kirchner, pero el dato saliente es que Snopek también votó en contra del acuerdo con el FMI, lo cual lo coloca dentro del círculo de influencia de la vicepresidenta.
Esto implica que la titular del Senado tendrá un control significativo sobre todos los debates vinculados a la Justicia, como la reforma del Consejo de la Magistratura, pero también la designación de jueces y del Procurador General de la Nación (el kirchnerismo tiene trabado hace dos años el pliego de Daniel Rafecas, enviado por el Gobierno).
El oficialismo quiere cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la actual ley (que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura), e intimó al Congreso a sancionar una nueva norma antes del 15 de abril. El máximo tribunal considera que la normativa que está vigente -impulsada hace 15 años por el Gobierno de Cristina Kirchner– no respeta el equilibrio entre los estamentos de la política, los jueces y los abogados que dan forma al organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los magistrados.
De no cumplir con el plazo perentorio, que vence el 15 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros y no 13.
El proyecto del oficialismo, que podría reunir la mayoría en el Senado si el Frente de Todos tiene asistencia perfecta y además incorpora al quórum a dos aliados apunta a elevar de 13 a 17 los integrantes del Consejo, incorporando dos abogados, un juez y un representantes del ámbito académico y científico. El interés del kirchnerismo es evitar que en esa integración se incluya a algún miembro de la Corte Suprema, una condición que está reclamando Juntos por el Cambio. Allí radicará la clave de las peleas entre oficialismo y oposición.
En Diputados, el titular de ese cuerpo, Sergio Massa, busca desde diciembre pasado darle tratamiento a una batería de proyectos de índole económica como el régimen de promoción para la industria automotriz, ley de electromovilidad, Compre Argentina, fomento de la agro bioindustria y programa de incentivos a la construcción (que incluye un blanqueo de capitales para el sector). También una nueva ley de hidrocarburos y quizás una ley de Alquileres que reemplace a la sancionada en 2019, que no logró los resultados esperados.
En el kirchnerismo y en el Movimiento Evita también recuerdan que el presidente Alberto Fernández se comprometió a enviar una nueva ley de Humedales, iniciativa que perdió estado parlamentario al concluir el año parlamentario 2021. El debate a fines de diciembre de los cambios a Bienes Personales, primero, y tras el receso de verano el acuerdo con el FMI consumió toda la energía, pero ahora el ex intendente entiende que hay margen para reflotar la agenda de proyectos económicos. El problema es que en Diputados el reparto de comisiones será un asunto aún más peliagudo que en el Senado, donde en definitiva existe un liderazgo fuerte que ordena: el de Cristina Kirchner. Pero en la Cámara baja el equilibrio de fuerzas del oficialismo entorpece la toma de decisiones.
Y esto significa que Massa y el titular de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, no solamente tienen que lidiar con las pretensiones de la oposición sino además con las presiones de los sectores duros del kirchnerismo. El desafío es lograr una arquitectura institucional en el quepan todos los sectores y que nadie rompa. Es decir, que el Frente de Todos siga siendo un bloque unificado y no un interbloque, que como tal es más difícil de administrar. El problema es que el Gobierno y el albertismo quieren recuperar comisiones que están en manos de La Cámpora (el enemigo interno), y que para ellos son claves para la gobernabilidad, como la comisión de Justicia, cuyo presidente es Rodolfo Tailhade.
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Fuente Diario 26
