Desesperada ofensiva final contra la Justicia

Por Joaquín Morales Solá

Cristina Kirchner quiere llenar los tribunales de jueces militantes en 12 días

En un puñado de tiempo tan apretado como son 12 días, Cristina Kirchner quiere llenar los tribunales de jueces militantes. Es ahora o nunca. Sus delegados en el Consejo de la Magistratura no solo no negocian las designaciones de los jueces; ni siquiera hablan con los representantes de la oposición. Su política es, como siempre, la de ordeno y mando. La obsesión vicepresidencial no es la Justicia en general, sino los cargos vacantes en los juzgados federales de Comodoro Py, que son los que juzgan los delitos de la corrupción política y el narcotráfico, entre otros pocos más. Por ahora, la delegación opositora está en condiciones de trabar (no permitir los dos tercios necesarios de los votos de los consejeros) la designación de jueces con clara adscripción al kirchnerismo. La estrategia del kirchnerismo consiste, también como siempre, en quebrar a la oposición, en desplumarla sacándole consejeros de a uno. Mientras tanto, el Congreso debe decidir en esa docena de días si aprobará una nueva ley para la integración del Consejo. La integración actual (una idea de la entonces senadora Cristina Kirchner en 2006) fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. La Corte fijó un plazo hasta el 15 de abril próximo para una integración más representativa del organismo que designa y destituye a los jueces; si no hubiera una ley nueva, que es lo más probable, deberá asumir la presidencia del Consejo el titular de la Corte, Horacio Rosatti, pero también siete consejeros más en representación del Congreso y de los académicos, entre otros. La presión del kirchnerismo para hacerse con el control de los tribunales federales y la inestabilidad del crucial Consejo, que revisa hasta la conducta de los jueces, colocaron a la Justicia en una situación de potencial y gravísima crisis, tal vez la más profunda desde que la nueva Constitución creó la Magistratura.

Un ejemplo de los jueces por los que puja la vicepresidenta es Roberto Boico, recientemente designado miembro de la Cámara Federal de Comodoro Py. Esa designación fue, desde ya, un error de la oposición, que permitió su ascenso. Boico fue antes abogado defensor de Cristina Kirchner y su nombramiento ocurrió cuando ya esta era vicepresidenta. Cristina ya tenía –y tiene– varios procesamientos encima por supuestos delitos de corrupción en los tribunales federales que Boico terminó integrando. En un seminario en Brasil, Boico acaba de suscribir el discurso de Cristina sobre la existencia del lawfare, una imaginaria y falsa conspiración de jueces complotados con medios periodísticos para condenar a los líderes del campo nacional y popular, como –quién lo duda– es ella. El lawfare sucede, para Boico, “cuando no hay delito del que defenderse”. El trabajo de varios jueces federales durante años para acumular pruebas y testimonios sobre la corrupción durante la anterior era kirchnerista fue destruido por Boico con una simple parrafada meramente teórica, sin refutación ni comprobación. La buena noticia es que Boico será recusado y apartado en adelante de todos los juicios que indaguen sobre la honestidad de la vicepresidenta. Esta es la clase de jueces que el bloque kirchnerista de consejeros en la Magistratura quiere imponer desesperadamente en todas las vacantes que existen en el iridiscente edificio de Comodoro Py. ¿Cuáles son las vacantes más importantes? Tres juzgados federales de primera instancia, los que más poder tienen: el que quedó vacante con la muerte del juez Claudio Bonadio; el que se produjo por la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral, luego de un juicio por enriquecimiento ilícito, y el que fue del juez Sergio Torres, actual miembro de la Suprema Corte de La Plata. Y, sin duda, los reemplazantes definitivos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, convertidos en detestados enemigos del cristinismo.

La obsesión de Cristina no es la Justicia en general, sino los cargos vacantes en los juzgados federales de Comodoro Py, que juzgan delitos de corrupción

Una pregunta que surge es si el actual Consejo, cuya integración es inconstitucional, está en condiciones legítimas de designar nuevos jueces, aunque cuente con legalidad hasta el 15 de abril. La respuesta es que no. La integración actual del organismo ya fue constitucionalmente descalificada por la máxima autoridad judicial del país. La futura integración está ahora en medio del barro y del fuego cruzado entre oficialistas y opositores en el Congreso. El proyecto del Gobierno aparta a la Corte Suprema de la integración del Consejo de la Magistratura y tampoco respeta, como la ley de 2006 de Cristina Kirchner, la proporcionalidad política y profesional necesaria. El proyecto de la oposición coloca al presidente de la Corte en la cabeza del Consejo de la Magistratura, como lo fue hasta 2006, y fija criterios más equilibrados para su integración. El presidente de la Corte debe ser el presidente del Consejo, porque aquel es la cabeza misma del Poder Judicial y el Consejo tiene amplias facultades sobre la Justicia, incluida la de administrar sus recursos financieros. Es probable que el Senado termine aprobando el proyecto del Gobierno con el apoyo ya permanente de dos senadores provinciales formalmente no oficialistas, aunque lo son en los hechos: el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Las cosas se complicarán en la Cámara de Diputados, donde necesitará los votos de los bloques que responden a Roberto Lavagna y al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. El Gobierno está negociando con la diputada Graciela Camaño, que integra el bloque lavagnista, para que un juez rotativo de la Corte Suprema integre el Consejo, aunque no deberá tener el cargo de presidente de la Magistratura. Imposible una afrenta mayor a la Corte Suprema. Schiaretti señaló, por el contrario, que el presidente de la Corte debe ser el presidente del Consejo y que no votará el proyecto del Gobierno. En Diputados, el oficialismo necesita 129 votos para aprobar sus proyectos y tiene solo 117 diputados propios. Cuenta con uno más, el de Sergio Massa, pero este, que es presidente del cuerpo, no vota, salvo en caso de empate. Los votos de la izquierda son una incógnita por ahora.

El 15 de abril deberá asumir Rosatti, pero también seis consejeros más. Si se cayera la ley actual sin una nueva, quedará vigente la que rigió hasta 2006, que disponía una integración de 20 consejeros. Ahora son 13 los consejeros que integran la Magistratura. Si entrara a regir la vieja ley que caducó con la ley de Cristina, deberán integrar el Consejo dos representantes más de la oposición en el Congreso. Debería ser nombrado un representante de Pro por el Senado y un radical por Diputados. Todos los legisladores opositores juran por santos y Biblias que no se imaginan a Cristina Kirchner y a Massa firmando esas designaciones. Cristina tiene siempre un as extravagante en la manga: está proponiendo que, en tal caso, vayan al Consejo de la Magistratura el senador Oscar Parrilli y la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. La oposición dejó de existir para ella.

Un caso típico de arbitrariedad judicial es el que compromete a Mauricio Macri. La Justicia estaría a punto de declarar la quiebra del Correo, una empresa de su familia. Aunque el expresidente no tuvo acciones en el Correo, porque primero las donó a sus hijos y luego estos las donaron a Gianfranco Macri, hermano de Mauricio, hay una decisión evidente de perseguirlo. La empresa de los Macri ofreció pagar el 100% de la deuda con el Estado, según la cifra que hayan tasado los peritos, en un solo acto. El 80% de los accionistas, que son privados y recibieron otra propuesta, aceptaron ya la oferta de los Macri. Pero el Estado, representado por el implacable Carlos Zannini (que es Cristina), decidió rechazar esa oferta y pedir la quiebra de la empresa. La Justicia accedió hasta ahora a las presiones de Zannini. La persecución no justifica el error político de Macri de hacer historia con expresidentes recientes. El espacio de los políticos es la política; la historia es el territorio de los historiadores. Ni él ni Gerardo Morales le hacen un favor a la coalición opositora cuando prefieren desahogarse en público contra la propia coalición, como el gobernador de Jujuy, o contra ideas de sus aliados, como Macri. Deberían tener más cuidado; nunca nadie ganó nada antes de tiempo.

Fuente La Nación