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El presidente de Colombia, Iván Duque, defendió el lunes que la operación militar en Putumayo, que tuvo lugar el 28 de marzo, se llevó a cabo al contar con información sobre “la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes”.
El operativo está salpicado por la polémica pues para la sociedad civil colombiana se trata de un nuevo caso de ‘falsos positivos’. Al menos once personas murieron, entre ellas un menor. Según el Ejército, las víctimas formaban parte del Frente 48, un de las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC.
Sin embargo, días después la Procuraduría reclamó al Ejército un informe preciso sobre lo ocurrido, después de que las organizaciones locales hayan denunciado que las víctimas no eran disidentes o guerrilleros sino meros “integrantes de la comunidad”, resultando estas declaraciones “altamente contradictorias con la información oficial”.
Según la estatal Defensoría del Pueblo (ombudsman), Human Rights Watch (HRW) y autoridades indígenas, entre los fallecidos podría haber al menos cuatro civiles: un menor de edad, un gobernador del pueblo originario kitcwhwa, un líder comunitario y su esposa embarazada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado investigar el caso y evitar “la estigmatización de las víctimas”.
En la mañana de ese lunes los soldados entraron al caserío donde se celebraba una feria que había comenzado el sábado y a la que asistieron cientos de personas.
Lo que pasó después es confuso.
Por su parte el general Juan Carlos Correa, comandante del operativo, defendió la acción este martes y dio nuevos detalles de lo ocurrido en esa región cocalera de Colombia, golpeada por el conflicto armado de más de medio siglo.
Los muertos y heridos que dejaron “más dos horas de combate intenso” son “presuntos miembros de esta estructura criminal o participaron de manera activa en una acción hostil” en la que un soldado recibió un disparo, insistió.
La operación removió las heridas de los “falsos positivos”, como se conoce al mayor escándalo de las fuerzas militares de Colombia en el que al menos 6.400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos entre 2002 y 2008.
El país vive la peor arremetida de grupos armados desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.
Aunque el grueso de los rebeldes entregó las armas, quedaron activas disidencias sin mando unificado que suman unos 5.200 combatientes, en su mayoría nuevos reclutas.
Según Cambio, El Espectador y Vorágine el último día de feria hombres “vestidos de negro y sin insignias”, que se identificaron como guerrilleros, entraron al pueblo.
Con cerca de 20.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, según la ONU, en Putumayo conviven campesinos, indígenas y grupos armados que se financian del narcotráfico en el país que más exporta cocaína del mundo.
Aunque en un principio Correa aseguró que en la zona “no había ninguna actividad (social), ni bazar”, este martes reconoció la existencia de “un bazar cocalero” donde se comercializaba droga y al que asistieron cerca de 300 personas.
Pero al momento de lanzar la ofensiva “población civil no había”, aseguró el general a W Radio.
El indígena “tenía un fusil con mira telescópica”, la mujer embarazada estaba “tirando material de guerra al río”, el joven de 16 años portaba un arma larga y el líder comunitario era un rebelde, precisó.
Según Correa, los soldados vestían jerséis negros y verdes “autorizados por el reglamento”.
Música, botellas de licor y bailes quedaron registrados en videos aficionados de la fiesta.
La acción militar dejó cuatro civiles heridos, ninguna captura y el decomiso de seis armas de fuego.
La CIDH “recibió información sobre una supuesta denegatoria de asistencia médica” a los afectados, detalló la entidad en un comunicado.
“No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad que son combatientes”, lanzó el comandante del ejército, general Eduardo Zapateiro.
El portal digital Cambio denunció que militares “manipularon” los cadáveres, “los movieron de los lugares donde cayeron y les pusieron armas de fuego y prendas militares”, versión que el ejército niega.
Fuente Ambito
