El juez del caso Gali exculpa al coronel y al capitán que ejecutaron la operación clandestina del Gobierno

El juez del caso Gali, Rafael Lasala, ha exculpado al coronel y al capitán de la Base de Zaragoza que franquearon la entrada en España del líder del Polisario sin pasar los preceptivos controles de pasaportes y fronteras. El magistrado lleva casi un año investigando esa operación clandestina desplegada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que en abril de 2021 pactaron con Argelia la acogida encubierta de Brahim Gali para ser hospitalizado en Logroño y tratado del Covid que padecía. En ese momento, el líder del Polisario tenía causas penales pendientes en la Audiencia Nacional, que llevaba años buscándolo. La última orden de localización fue cursada por la Audiencia Nacional solo cinco días antes de que el líder del Polisario fuera introducido furtivamente en España. Se le investigaba por delitos de asesinato, terrorismo, torturas y genocidio, entre otros. La operación del Gobierno fue coordinada por la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a través de quien era su jefe de gabinete, el diplomático Camilo Villarino. Fue él quien dio instrucciones al Estado Mayor del Aire para que Gali fuera introducido a través de la Base militar de Zaragoza, sin pasar los controles de pasaportes y fronteras que exige la ley y el propio reglamento de la Base. Gali llegó en un avión de la Presidencia de Argelia. Además, iba provisto de un pasaporte amañado, con nombre falso. Villarino dio instrucciones al segundo jefe del Estado Mayor del Aire, general de división Francisco Javier Fernández Sánchez, y éste trasladó la orden al entonces general jefe de la Base de Zaragoza, José Luis Ortiz-Cañavate. La orden la ejecutaron, a pie de pista, el capitán José Fernández Prados y coronel Ignacio Asensi Catalán, actual jefe interino de la Base porque Ortiz-Cañavate fue ascendido y trasladado. El juez dice que no sabían que prevaricaban
Las diligencias han permitido destapar que se infringió a conciencia la legislación de fronteras. Eso llevó al abogado Antonio Urdiales, que ejerce la acusación popular en el caso Gali, a solicitar la imputación del coronel y el capitán que franquearon el paso al líder del Polisario en la Base de Zaragoza. Sin embargo, el juez ha rechazado esa petición. En un auto al que ha tenido acceso ABC, el magistrado les exime de toda responsabilidad penal, por entender que no existen «indicios alguno de que tuvieran conocimiento de que cooperaban para ejecutar una decisión prevaricadora». En el mismo auto, el juez afirma que el coronel Asensi y el capitán Fernández Prados «actuaron en función de lo que el segundo jefe de Estado Mayor del Aire había indicado al general jefe de la Base Aérea de Zaragoza y éste, consecuentemente, les había transmitido para que así actuaran». Y remarca que, «caso de haber algún comportamiento prevaricador, éste se predicaría de autoridades superiores». Responsables sin identificar
El juez, sin embargo, no detalla a quiénes se refiere exactamente en ese plural, toda vez que, actualmente, solo permanece imputada en las diligencias la exministra González Laya. En cualquier caso, queda claro que apunta a cargos gubernamentales, ya que en este auto exime genéricamente de responsabilidad penal en lo ocurrido a los «responsables civiles y militares que actuaron de forma directa o derivada conforme a las instrucciones» activadas desde el Gobierno. El pasado mes de marzo, en otro auto, el juez Lasala apuntó contra el presidente del Gobierno, por entender que una operación de este calibre solo podía partir o ser autorizada por el jefe del Ejecutivo. Pero no ha tomado acción alguna de investigación sobre Pedro Sánchez. Piden imputar a un hijo de Gali
Por otra parte, el juez sigue adelante con sus diligencias de localización del hijo de Gali que acompañó al líder del Polisario en su entrada y hospitalización en España. Se trata de Luali Gali, del que consta residencia en Vitoria. El juez ha previsto tomarle declaración como testigo, pero la acusación popular ha solicitado que lo llame como imputado, por los presuntos delitos de estafa y uso de documentación falsa. El abogado Antonio Urdiales destaca los indicios que existen de que Luali fue quien aportó en el hospital de Logroño el pasaporte falso con el que el líder del Polisario fue inscrito en este centro sanitario. Ahí radicaría el delito de uso de documentación falsa. El de estafa se derivaría del impago de los más de 160.000 euros a que se calcula que ascendió el coste de la asistencia hospitalaria de Gali.
Fuente ABC