El caso del supuesto espionaje masivo estalló hace una semana cuando Citizen Lab, organización canadiense de ciberseguridad, identificó a más de 60 personas de la órbita independentista catalana con sus teléfonos móviles infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus, que solo pueden adquirir Estados.
Entre ellos se encontraban destacados dirigentes del movimiento separatista, lo que irritó a los independentistas, quienes acusaron a Madrid de estar detrás y amenazaron con retirar su decisivo apoyo al gobierno central en el parlamento.
Según las fuentes cercanas al CNI citadas por El País, sí hubo espionaje a líderes independentistas desde los servicios de inteligencia, pero “de manera individualizada” y “no indiscriminada”, y la cifra total de vigilados fue “muy inferior” a la denunciada.
Las fuentes, que pusieron en duda “el rigor” del informe de Citizen Lab, afirmaron que el servicio de espionaje actuó “siempre bajo control judicial” del Tribunal Supremo de España.
Una de las herramientas usadas fue Pegasus, un sistema que permite leer mensajes o controlar el teléfono a distancia adquirido por el CNI a mediados de la pasada década por 6 millones de euros (6,4 millones de dólares), según El País.
El CNI no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de la AFP.
Ante la presión de los independentistas, el gobierno de Pedro Sánchez, que se ha escudado en el secreto obligado en temas de inteligencia para no confirmar o desmentir las informaciones, anunció el fin de semana investigaciones y un control parlamentario de los servicios de inteligencia.
Unas promesas “insuficientes” y “vagas” para el independentismo catalán, que exige la identificación y dimisión de los responsables.
El ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, minoritario en el parlamento, depende del apoyo de partidos independentistas, empezando por el de la formación ERC del actual presidente de Cataluña, Pere Aragonés.
Las prolongadas tensiones entre el independentismo catalán y España alcanzaron su cenit en octubre de 2017, cuando los separatistas organizaron un referéndum de autodeterminación, considerado ilegal por la justicia española, y posteriormente declararon unilateralmente, y sin éxito, la independencia de la región.
Las tensiones se habían diluido tras la reanudación en 2020 del diálogo entre los independentistas y el gobierno de Sánchez, que indultó el año pasado a nueve condenados por los hechos de 2017, en nombre de la “reconciliación”.
Fuente Ambito
